Feijóo se plantea retirar la consulta a los padres sobre el idioma escolar

La consulta a los padres sobre el idioma en que sus hijos deben recibir la enseñanza, tal y como la plantea la Xunta, es "contrario al ordenamiento jurídico", infringe "preceptos constitucionales", "vulnera la Lei de Normalización Lingüística de Galicia", "no respeta cabalmente" su mandato, "conculca el principio de seguridad jurídica", "adolece de imprecisión y ambigüedad", supone el "desconocimiento y vulneración de los derechos" de algunos padres, es una "figura proscrita", "desvirtúa un derecho legalmente configurado limitando otro incondicionado" y no "cumple con los requisitos mínimos imprescindibles" que impone "la legislación administrativa".

A lo largo de 17 páginas de las 52 de su dictamen, el Consello Consultivo detalla así de contundentemente por qué rechaza parte del decreto del plurilingüismo que prepara la Consellería de Educación de Jesús Vázquez. Con este informe sobre la mesa desde el miércoles, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abrió ayer la posibilidad de retirar esta promesa que esgrimió como bandera durante la campaña previa a su llegada al poder.

El dictamen le ha llevado a pedir un informe a la Asesoría Xurídica para decidir si renuncia definitivamente a su compromiso electoral. Ayer, tras el Consello de la Xunta, Feijóo admitió que el informe, pese a no ser vinculante, "tiene mucha importancia" y subrayó que "toda Galicia debe saber" de su existencia. Cuando se le preguntó si piensa retirar la consulta, Feijóo pidió "no anticipar acontecimientos" y subrayó que el Consultivo deja a salvo la apuesta por "el trilingüismo y la libertad de los alumnos para dirigirse al profesor y hacer los exámenes en la lengua que ellos decidan.Feijóo admitió que las tachas de legalidad del Consello Consultivo recaen sobre una promesa del programa electoral pero reclamó que, una vez superado este escollo -no explicó cómo se salvará- ya no habrá discusión jurídica.

El dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, hace una introducción sobre la importancia de las lenguas y la responsabilidad sobre ellas de los poderes públicos, e incluye una última parte con recomendaciones menores y un grueso en el que destroza casi cualquier argumento legal para que los padres decidan el idioma en el que sus hijos reciben la educación en Infantil y el de las principales asignaturas en los ciclos superiores.

Asegura que "son los poderes públicos los que tienen encomendada la programación general de la enseñanza, en la medida que esto supone una garantía" para todos. "Someter la configuración de un derecho fundamental a votación infringe preceptos constitucionales", sentencia.

En un análisis más pormenorizado, sobre el ciclo Infantil, explica que para determinar la lengua hay que tener en cuenta cuál es la del entorno y "no puede quedar únicamente vinculada a una consulta a los padres", aun reconociendo que su opinión debe ser tenida en cuenta. Plantea el problema de que si se elige el idioma en función de una consulta a los padres, no se garantiza que cada niño pueda recibir la enseñanza en su lengua materna.

Cuando el Consultivo estudia el voto de los padres en Primaria y Secundaria, que, según el borrador del decreto, determina el idioma de las asignaturas principales, concluye también que este procedimiento está fuera de la ley: "Justamente porque es responsabilidad de las administraciones educativas la realización de una adecuada programación de la enseñanza, y por constituir esta tarea una garantía básica del derecho a educación, es por lo que resulta indispensable, irrenunciable e indelegable tal responsabilidad, en virtud de lo cual, constitucionalmente no es admisible que la programación de la enseñanza quede total o parcialmente a disposición de la voluntad exclusiva de los padres, en este caso de las familias".

El dictamen se apoya en sentencias del Tribunal Constitucional para tal afirmación y recuerda la importancia de los profesores en la programación de la enseñanza. De guiarse sólo por las familias, la educación "queda al margen de otros criterios".

También cuestiona el Consello la forma en la que está planteada la consulta, que "difícilmente puede tener encaje en el marco del ordenamiento jurídico". Apunta que un referendo es una postestad únicamente estatal y que, tal y como lo enuncia la Xunta, puede crear "conflictos indeseables en los centros educativos", tal y como venían advirtiendo los sindicatos. Señala en dictamen que, en cualquier caso, la votación podría ser considerada como una ecuesta.

El Consello critica también la imprecisión de los términos en los que se formula la consulta. Plantea, por ejemplo, que quien tiene que elegir, la "familia", es un término jurídico "altamente indeterminado". Pone la hipótesis de una con dos padres divorciados y criterios distintos. Se pregunta cuántos votos habría en esa familia.

Con estas pegas sobre la mesa y, sobre todo, ante la presunta ilegalidad de la norma, el PSdeG anunció ayer que, en caso de que la Xunta siga adelante, se planteará tomar medidas legales para evitar su entrada en vigor. "¿Quién va a defender la legalidad, un Gobierno que pretende impulsar un texto inconstitucional o la comunidad educativa negándose a acatarlo?", se preguntó el portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Meijón, quien criticó la opacidad de la consellería por no hacer público el informe. También recurrirá a los tribunales la CIG-Ensino en caso de que la Xunta no retire el decreto. La diputada nacionalista Carmen Adán criticó que la Xunta "no quiera escuchar" a ninguna de las voces en contra del decreto en su empeño por mantenerlo. "No sé qué más tiene que pasar", concluyó.