La política educativa más contestada en democracia

El sistema educativo valenciano es, por tradición, combativo en las calles y en las escuelas. Pero nunca como desde que llegaron el tándem formado por el consejero Alejandro Font de Mora y su número dos, Concha Gómez, las aulas habían estado tan movilizadas. Ni los equipos directivos tan contrariados (razón por la cual han sido expedientados con una intensidad no vista). Ni habían estado tan estancadas las negociaciones con los grandes sindicatos de la enseñanza pública. Ni se había alcanzado un fracaso escolar ascendente que se sitúa ya en el 38,5% (solo por delante de Ceuta y Baleares) que los expertos atribuyen a la "falta de consenso" con los agentes educativos.

El resultado es que desde hace una década cuatro de cada 10 jóvenes abandonan el sistema educativo reglado antes de finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Eso supone que cada año 17.000 jóvenes de 16 años acceden al mercado laboral sin el título de graduado.

Baguetto: "Además de la crispación, está el grave problema del fracaso escolar"

Avdip: "El Consell no ha apostado por la enseñanza en valenciano"

Este escenario se ha visto socavado desde el inicio de la legislatura por las protestas multitudinarias y encierros de claustros contra la política de ocurrencias y sanciones a los directores díscolos. Un capítulo que se recrudeció en 2009 con la orden del Gobierno autonómico de Francisco Camps de traducir al inglés la nueva materia sobre Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (EpC) -asignatura que el PP y sus acólitos ultraconservadores rechazan en toda España- una iniciativa que encendió las protestas en las aulas -por la oposición de profesores, directores, padres y alumnos- que se extendieron como un reguero de pólvora durante la segunda mitad de la legislatura.

La reacción del equipo de Font de Mora ante las críticas, que alcanzaron su punto álgido en noviembre de 2009, con una gran manifestación que reunió a más de 50.000 padres, alumnos y profesores en Valencia pidiendo la dimisión del consejero, ha sido desde entonces de enconamiento. Incapaz de llegar a acuerdos en las mesas sectoriales, ha actuado a golpe de decreto para hacerse con la mayoría en el Consejo Escolar Valenciano.

Los directores están preocupados. "La legislatura puede ser calificada de convulsa", reflexiona Vicent Baguetto, el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Valencia y vicepresidente de la Federación Española de Directores, debido a muchas razones, como la polémica orden de EpC, los recortes en los desdobles de grupos de Bachillerato y FP y en los programas específicos de compensatoria, etcétera, apunta.

"Además del clima de crispación que ha vivido la comunidad educativa valenciana, hay cosas en las que no se ha avanzado en absoluto e, incluso, a nuestro parecer se ha retrocedido", advierte Baguetto al referirse "al más grave problema del sistema educativo valenciano: el fracaso escolar".

"Nos preocupa mucho el alto porcentaje de estudiantes que no consiguen alcanzar las competencias mínimas de la ESO. Pero, además, en el conjunto del Estado somos líderes mundiales en repetición de curso; un mecanismo que, tal y como está montado, no sirve estadísticamente para nada o bien abandonan prematuramente los estudios y nos sitúa demasiado lejos de los Objetivos de la Unión Europea, particularmente al llegar al Bachillerato y a la Formación Profesional (FP)", puntualiza el portavoz de los directores de Secundaria.

Los directores de Primaria coinciden en el mismo diagnóstico. Y advierten de que sin "planificación" y sin "consenso" el sistema educativo valenciano se va a pique. "Ha habido una política educativa improvisada, con una falta de planificación que ha ido acompañada de órdenes y normativas autonómicas hechas de forma precipitada, desordenada y a destiempo", afirman desde la Asociación Valenciana de Directores de Infantil y Primaria de la provincia de Valencia (Avdip).

La asociación subraya "la ausencia total de un proyecto global" y censura "la política educativa sin consensos y sin participación, aprobando planes educativos al margen de la comunidad educativa".

Un punto que los equipos directivos de los institutos describen de forma pormenorizada. "La actual normativa sobre admisión de alumnos conlleva una grave descompensación entre la escuela pública y la de titularidad privada", apuntan desde la asociación de directores de Secundaria.

"En la red pública, los déficits de la modalidad de atención al alumnado con necesidades educativas especiales o inmigrantes o con problemas de aprendizaje (es decir, con dificultades sociales, educativas o conductuales) no son atendidos", subrayan los directores de instituto. Mientras, todas las medidas realizadas o "en cartera" apuntan hacia un favorecimiento de los ámbitos educativos no estrictamente públicos, como la política de conciertos generalizada llevada a cabo en Bachillerato y en guarderías y la intención de ampliarla a la FP. O la "cesión de suelo público" para que sean las empresas privadas o fondos de inversión los que construyan centros escolares en barrios de las grandes ciudades y gestionen colegios concertados previamente por 75 años. Algo que, además, roza la ilegalidad.

La educación valenciana cabalga, pues, entre el modelo "privatizador" de Esperanza Aguirre (PP) en la Comunidad de Madrid y la política lingüística involucionista del Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijó, también del PP, que ha roto con la normalización lingüística que garantizaba que todos los alumnos llegaban a los 16 años hablando y escribiendo castellano y gallego.

"Nuestros gobernantes valencianos no han apostado ni apuestan por potenciar el valenciano en la escuela", confirman desde Avdip. "Al dejar de exigir el requisito lingüístico al profesorado de Secundaria y al dejar los programas de enseñanza bilingüe enriquecida (PEBE), y los de enseñanza en valenciano (PEV) y de inmersión lingüística (PIL) en periodo de extinción o desaparición paulatina, se incumple la Llei d'Ús i Ensenyament", concluyen los directores de Primaria.

La política de "enfrentamiento" con el Gobierno central tampoco ha dejado buenos réditos en las depauperadas cifras del sistema educativo valenciano. La Generalitat, merced a la política educativa de la Consejería de Educación, ha perdido 6 millones de euros del primer Plan Educa 3 para hacer plazas de guardería públicas y está apunto de perder otros 11 millones del segundo plan.

Las primeras 1.500 plazas de Infantil para niños de 0 a 3 años las han costeado 27 Ayuntamientos, que aún no han cobrado el 50% de lo invertido, como estipula el convenio valenciano para hacer guarderías, técnicamente cofinanciadas con el dinero del Estado (más de 11 millones por anualidad) y el otro 50% (otros 11 millones) que debía poner la Generalitat. El Gobierno valenciano no ha puesto ni un duro. Y en capitales gobernadas por el PP, como Valencia, el Ayuntamiento de Rita Barberá, además, ha cedido la concesión a empresas privadas por un canon ridículo de 41.000 euros.

Otro plan al que también se ha enfrentado la consejería de Font de Mora -además de la citada asignatura de EpC y del Plan Educa 3- ha sido el plan estatal Escuela 2.0 para que todos los alumnos de Secundaria tengan un ordenador portátil personal. Un informe, hecho a medida de las consignas políticas de la consejería, rechazó los 12 millones del Plan Escuela 2.0 porque "los ordenadores de [José Luis Rodríguez] Zapatero pueden provocar miopía" a los alumnos. Una afirmación, reiterada por Font de Mora, que fue el hazmerreír en toda España y entre la comunidad médica.

"Esta política ha privado al sistema educativo de las ayudas para que todo el alumnado tuviera ordenadores", censuran los directores de educación Primaria.

Los padres coinciden en el diagnóstico de los profesores y directores. "El gran suspenso de la Administración educativa en esta legislatura es el alto fracaso escolar", destaca Luis Deltell Poveda, presidente de la Confederación de Padres Gonzalo Anaya. "El parche final ha sido la orden para que los directores elaboren sus propios planes de mejora de cada centro, en un mes, a la vista de los malos resultados en la evaluación diagnóstica", censura Deltell. "En muchos centros, por falta de tiempo, no se está trabajando con la implicación de todos los departamentos, profesores, asociaciones de padres y alumnos, por lo que se convertirán en un mero trámite", anticipa.

"La consejería no se ha centrado en tratar de articular propuestas efectivas para paliar las principales carencias del sistema educativo público y ha desviado la atención y malgastado energías en temas como la EpC, que perdió en los tribunales, o con ocurrencias como la implantación del chino como optativa, o la miopía generada por los portátiles del Plan Escuela 2.0", reflexiona Deltell, que añade la última "ocurrencia de la legislatura hasta la fecha -si es que aún nos puede sorprender más- el impulso al manual de educación sexual del arzobispado, en detrimento del de la Consejería de Sanidad, basado en la ciencia y en la salud". Toda una legislatura basada en el ordeno y mando.