La mano que tejió la trama

Trece años en el sillón de una alcaldía, paradigma del denominado desarrollismo urbano, y cuatro más en el escaño de un Parlamento regional, es el bagaje político de Luis Díaz Alperi. El exregidor de Alicante y actual diputado autonómico del PP ha cosechado en estas casi dos décadas un abultado historial de imputaciones judiciales, el grueso de ellas vinculadas al urbanismo y otras a sus ruinosos negocios privados.

El exalcalde afronta ahora otro enésimo cara a cara con la justicia: la rama del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La policía apunta a que la piedra angular de la trama corrupta es Alperi.

El exalcalde usó como puente el bufete del hermano de su sucesora

Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, junto a otras 15 personas están acusados por el fiscal. El juez ya ha imputado formalmente a Ortiz, al redactor del plan, Jesús Quesada, y a otras cinco personas. La imputación de los dos alcaldes del PP de la ciudad está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dada su condición de aforados.

Para el trenzado de la red, según el sumario del caso Brugal, el exalcalde utilizó como puente a la firma Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa, y del exedil socialista Javier Gutiérrez. Junto al despacho Salvetti Abogados, la trama, siempre según las diligencias, incluye dos nudos gordianos: los promotores locales Antonio Solana (este no está ni implicado ni acusado) y Enrique Ortiz. Solana tuvo un protagonismo destacado en los inicios de la carrera de Alperi en la alcaldía, cargo al que accedió acosado por las deudas y con sus empresas privadas embargadas (una firma inmobiliaria y una empresa de comida rápida). Solana obtuvo millonarias plusvalías en operaciones impulsadas por el Ayuntamiento. El empresario llegó a ofrecer a Alperi incluso casa, pero el regidor declinó y que dejó entrever su sueño: "Prefiero tener un yate que una casa".

Al filo de cerrar su etapa en la alcaldía, en abril de 2008, Solana vuelve a aparecer en la vida de Alperi. El alcalde compró al promotor el 50% de una firma dedicada al negocio inmobiliario, la sociedad Andarx Business. Al mes la sociedad adquirió un yate por 600.000 euros. La embarcación, y una segunda que también tiene la empresa, pasó a ser propiedad de Alperi en febrero de 2010, cuando compró el 49% restante de las acciones por 1.502 euros. En la línea de la funesta estrategia empresarial de Alperi, Andarx Busines, también está embargada, según consta en el Registro Mercantil.

Alperi dejó la alcaldía en septiembre de 2008 con la Fiscalía Anticorrupción pisándole los talones por el desfalco de Mercalicante y el caso de los aparcamientos subterráneos. El TSJ exoneró meses más tarde a Alperi en ambos sumarios.

Alperi legó a Castedo la vara de mando sin culminar su otro sueño: un nuevo Plan General. Lo intentó sin éxito en la recta final de mandato, cuando contrató al afamado arquitecto Lluís Cantallops. El profesional no se plegó a los deseos del alcalde, y éste lo despidió.

En febrero de 2008, adjudicó la redacción del plan a una firma del arquitecto Jesús Quesada. Esta empresa ya tenía previamente un contrato de colaboración con una mercantil de Gutiérrez. Este, junto con José Luis Castedo, crearon en diciembre de 2008 el bufete Salvetti Abogados. En julio de 2010 la empresa de Alperi firmó un contrato de asesoramiento con la de Gutiérrez por 2.500 euros al mes.

Las relaciones de Ortiz y Alperi no han sido menos llamativas. El promotor ha cimentado su imperio económico a la sombra del Gobierno de Alperi. En compensación, según el sumario, en otras supuestas dádivas, el promotor regaló al alcalde un viaje en jet privado a Creta.

Pese al negativo balance de su negocio privado, Alperi ha pasado de la ruina en el inicio de su carrera política a los regalos de lujo, entre ellos, un reloj Franck Muller, valorado en 24.000 euros, al diputado del PP Ricardo Costa, según recoge el sumario de caso Gürtel.