Una juez desmonta la falsa historia de espionaje del PP

Una supuesta historia de espionaje policial que el PP valenciano lleva aventando desde el pasado viernes sufrió ayer un severo varapalo. La titular del juzgado número 17 de Valencia archivó ayer la denuncia presentada por el presidente del PP local de Valencia, el también concejal Silvestre Senent, "por un presunto delito de grabaciones y escuchas ilegales" en la sede regional del partido, en Valencia, por parte de la Policía Nacional.

El PP decidió presentar la denuncia después de que el servicio de escolta de la alcaldesa de Valencia alertase, el pasado jueves por la noche, que había detectado una furgoneta sospechosa junto a la sede del PP, donde Rita Barberá presentaba su página web. El conductor de la furgoneta se identificó como agente de la Brigada de Información de la Policía Nacional y comunicó a la escolta que estaba vigilando un acto en el edificio situado frente a la sede del PP. El auditorio del jardín Botánico de Valencia, donde se exhibía a esas horas un documental relacionado con Palestina.

Alborch exige saber por qué se puso la Policía Local a disposición del PP

EU y la productora del documental preguntan a quién se investigaba

A pesar de ello, la dirección del PP local desoyó las explicaciones y presentó una denuncia que, posteriormente, publicitó con ayuda del PP regional para apuntalar la teoría de la conspiración en el caso Gürtel.

La juez constata lo que el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, intentó explicar sin éxito a la alcaldesa: que se trató de "una simple coincidencia y casualidad en la fecha, hora y lugar", ya que la Policía Nacional realizaba una investigación sobre elementos radicales, posiblemente islamistas. "Un servicio", dice la juez, "que no guardaba relación alguna con el PP, ni con sus integrantes, ni tenía como finalidad la grabación y escucha ilegal, ni grabación de movimientos e interceptación de comunicaciones y conversaciones, tanto realizadas en el interior de la sede del PP como en el exterior y en plena vía pública".

Peralta lamentó la irresponsabilidad y el cúmulo de disparates del PP que han dañado la operación policial y la imagen de los cuerpos de seguridad del Estado.El PP ocultó en la denuncia presentada por Silvestre Senent que sabía lo que investigaba la policía, aunque no tuvo ningún reparo en adjuntar dos partes de servicio de la Policía Local de Valencia que desmontaban la historia de las falsas escuchas al PP.

En el primero de los partes de la Policía Local se explica que el conductor de la furgoneta sospechosa "procedió a identificarse como miembro del Cuerpo Nacional del Policía, negándose a abrir la furgoneta -en cuyo interior había otro agente- con la justificación de que vigilaban el edificio de enfrente, refiriéndose al parecer al Botánico". Tras un nuevo requerimiento, y mientras la Policía Local confirmaba que la furgoneta era un vehículo oficial, el policía nacional justificó "su permanencia en dicho lugar por motivos de información".

La propia juez señala en el auto de archivo que de ser cierto lo expuesto por el PP "resultaría ilógico, increíble e inverosímil" que el propio agente de la Policía Nacional se hubiese identificado y explicado su presencia en el lugar donde fue abordado por la Policía Local.

Pero eso era algo de lo que ya tenía conocimiento el PP, que en la denuncia incluyó un segundo parte de la Policía Local, fechado un día antes del incidente junto a la sede del PP. En ese parte, la Policía Local identifica el mismo vehículo de la Policía Nacional, que en este caso estaba mal aparcado en una calle del barrio de El Cabanyal. Su conductor "se identificó como policía nacional de una forma muy rápida e indicando que se encontraban en un servicio de vigilancia, efectuando unas grabaciones por un tema de venta de drogas al menudeo y que les iban a quemar el servicio". El parte indica que la Policía Local identificó el vehículo como oficial y colaboró para no descubrir la tapadera de la Policía Nacional. "El agente del Cuerpo Nacional de Policía indicó que había montado un dispositivo de cuatro vehículos camuflados en la zona por el mismo tema", concluye el parte.

A pesar de ello, el PP decidió dar publicidad a la denuncia el sábado en la sede regional del PP, un día después de interponerla. El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, explicó ayer que ese día, tanto él como el secretario de Estado para la Seguridad intentaron ponerse en contacto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para explicarle lo sucedido. "No fue posible", dijo ayer Peralta, "pero sí recibió mi mensaje a través de los medios de comunicación, a pesar de lo cual han continuado con esta campaña irresponsable". La alcaldesa de Valencia negó que Peralta se hubiese puesto en contacto con ella en las 24 horas posteriores al incidente.

La dirección nacional del PP, por boca de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, alimentaron desde Madrid la falsa historia de espionaje con el argumento de que Barberá "tiene derecho a defenderse en sus derechos fundamentales". Y el secretario regional, Antonio Clemente, anunció ayer que recurrirá el auto de archivo de la denuncia e insistió en alimentar la teoría de la conspiración. Una teoría según la cual el Gobierno socialista, la policía, los fiscales y los jueces se habrían conjurado para montar el caso Gürtel, que vincula a la cúpula de los populares valencianos con la trama corrupta de Francisco Correa.

Tanto Barberá, como sus concejales, insistieron tras el varapalo del archivo de la denuncia en que "aquí nadie se ha inventado nada". "Había un equipo de la Brigada de Información de la Policía Nacional al lado de la sede del PP haciendo un seguimiento a alguien", dijo el concejal popular Miguel Domínguez.

El delegado del Gobierno condenó "la utilización sectaria y partidista del trabajo de la Policía Local de Valencia" por parte del PP. Peralta, que elogió el trabajo de la Policía Local y su capacidad de colaboración con la Policía Nacional, lamentó no solo el daño realizado por el PP a la operación policial puesta al descubierto, sino el daño infligido a la imagen de los cuerpos de seguridad del Estado. "Esas furgonetas de las que habla el PP no hacen otra cosa que prevenir delitos", sentenció.

Desde la oposición, la diputada socialista Carmen Ninet acusó a la alcaldesa de "hacer un ridículo espantoso ante toda España al descubrirse que la denuncia de las supuestas escuchas ante la sede del PP era su última mentira para tapar el caso Gürtel". Más contundente estuvo la portavoz municipal, Carmen Alborch, que exigió "explicaciones y responsabilidades" a Barberá por poner la Policía Local de Valencia al servicio de un partido político, el PP.

En medio de este sainete de espías y escuchas policiales, la coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, exigió al delegado del Gobierno que explique a quién vigilaba la policía a las puertas del Botánico, donde se presentaba un documental sobre el viaje de unos músicos valencianos y catalanes a los territorios ocupados de Palestina.

"Al PP le interesa alargar la mentira por la situación que tiene en los tribunales con el caso Gürtel, pero los socialistas no asumen el hecho de haber estado vigilando, presuntamente, a unos ciudadanos y un movimiento que trabaja por la paz y los derechos humanos", dijo Sanz.

El administrador y director de la productora del documental, Josep Pitarch, conversó ayer con el delegado del Gobierno, que le explicó que ni él, ni su empresa son objeto de investigación alguna. Aún así, Pitarch anunció que tomará medidas legales si la policía no aclara por qué vigilaban el acto.