Un intermediario rumano estafa seis millones a varios citricultores

Florin B., un intermediario de origen rumano, habría estafado seis millones de euros a productores de naranjas de Valencia y Castellón desde el año 2005, según denunció ayer la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

El operador se estrenó en la temporada 2005 a 2006 con la empresa El Cañero y Babú, registrada en Benimuslem, con un socio local.

Rosa Torrijos, abogada que colabora con los servicios jurídicos de la patronal de productores agrícolas, asegura que "Florin aprendió mucho sobre el negocio porque su socio tenía mucha experiencia".

Un año después, para la temporada 2006 a 2007, estableció la sociedad Eurovalldigna Import Export, otra sociedad limitada con sede en Tavernes de Valldigna. Las operaciones a través de ambas sociedades generaron unos impagos en torno a los dos millones de euros.

Los jueces califican el caso como problema mercantil y no como estafa

Pero el salto cualitativo se produjo con el establecimiento de More than Fruits, SL, con sede en Alfafar. Florin B. no tiene vinculación directa con la sociedad limitada que se constituyó para operar durante la temporada 2007 a 2008. Como socio único y administrador único aparece una mujer de nombre rumano. Pero AVA no duda de la vinculación directa de Florin con More than Fruits, "a partir de los testimonios recabados entre los agricultores", explica Torrijos.

"More than Fruits es responsable de la mayor estafa que he conocido nunca", comenta Torrijos, "dejó de pagar cuatro millones de euros porque no pagó ni a los productores, ni a los transportistas, ni a las empresas de trabajo temporal que contratan a los temporeros ni a los almacenistas. No pagó a nadie".

La estela de impagos sigue durante las siguientes temporadas a través de Labores Agrícolas del Mediterráneo y Top Fruct, otras dos sociedades que los productores vinculados a AVA relacionan directamente con "el rumano".

Florin B. funciona exclusivamente como intermediario. "Revende a terceros la naranja que compra en el campo al precio que considere oportuno, pero no aporta ningún valor a la fruta", se indigna Torrijos.

El rumano no es el único que opera de la misma forma. El gabinete jurídico de AVA mantiene vivas al menos 10 querellas por estafa contra otros tantos operadores. La mayoría de los casos afectan a grupos de pequeños minifundistas de varias localidades, no siempre limítrofes. Torrijos explica que se trata de querellas formuladas en nombre de 30 a 50 productores y el volumen medio de la cantidad estafada ronda entre los 200.000 y los 300.000 euros.

Torrijos ha solicitado prisión preventiva para Florin B. al menos en tres juzgados, pero sin éxito. "A los jueces les cuesta considerar el caso de estafa, se inclinan por calificarlo como un problema estrictamente mercantil de una empresa en apuros que no puede pagar", dice la abogada.

Es complicado hasta plantear una demanda. "Siempre formulamos las querellas en el juzgado más próximo a la sede social de la empresa, pero muchos jueces consideran que el dolo se produce en el campo, en el momento de la firma del contrato entre el agricultor y el representante de la empresa, de modo que se trasladan la pelota de un juzgado a otro", comenta Torrijos, "en algunos casos me ha costado hasta un año y medio que un juzgado acepte una querella por estafa".