Las cuentas de la Generalitat desmienten el superávit de Camps

El 18 de febrero, Gerardo Camps, vicepresidente segundo de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, aseguró que las cuentas autonómicas de 2007 se cerraron con un superávit de 338 millones de euros. Camps admitió que esa cifra no incluía a las empresas públicas, y que el resultado definitivo podía ser por ello menos favorable.

Las Cuentas Generales del Gobierno valenciano publicadas esta semana por el mismo departamento revelan, sin embargo, que incluso dejando aparte ese impacto negativo, el "resultado del ejercicio" 2007 registró un déficit de 223,92 millones.

"No se puede pedir una hipoteca y decir que se han ganado 300.000 euros"

Las cuentas revelan que la Generalitat dejó de cobrar 276 millones de Europa

¿De dónde surge esa diferencia de 562 millones entre lo que dijo Camps y lo que indica la Intervención General de la Generalitat, dependiente de su consejería? "Fue una trampa", explicó ayer el socialista Miguel Mazón, "que consistió en meter endeudamiento a corto plazo [préstamos que se tienen que devolver en el mismo año] como si fueran ingresos. Una barbaridad que no puede hacer ninguna empresa. Es como si alguien pide una hipoteca y dice que ha ganado 300.000 euros, lo cual es mentira porque lo tiene que devolver. Era tan evidente que ni los contables de la Intervención de la Generalitat lo han aceptado".

Mazón, consejero socialista en el consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana, compareció junto a Joaquim Puig, portavoz adjunto del grupo socialista en las Cortes, y el diputado José Camarasa. Puig sintetizó el análisis de las Cuentas Generales afirmando que la Generalitat "está endeudada hasta las cejas". Y lamentando que en plena crisis el Consell no pueda actuar como "locomotora" económica, vía inversiones públicas, debido a ese lastre. Camps admitió el miércoles una caída relativa de las inversiones que achacó, sin embargo, al crecimiento del gasto corriente, producto del aumento de la población valenciana no reconocida por el Gobierno.

Las nueve empresas públicas vinculadas a grandes proyectos perdieron 184 millones de euros en 2007, lo que representa un 27% más de pérdidas que el año anterior.A las de ya por sí delicadas cuentas autonómicas, la Intervención de la Generalitat añade un apartado llamado técnicamente "acreedores no presupuestarios", y conocido en la jerga económica como facturas en el cajón (pagos que se realizan al margen de las previsiones presupuestarias a la espera de regularizarlos). El apartado asciende a 1.254 millones de euros.

El informe de la Intervención (a diferencia de las empresas públicas, que son auditadas por consultorías externas, las cuentas de la Administración autonómica son examinadas por este organismo de la Consejería de Economía antes de ser enviadas al Síndic de Comptes) señala que 847,3 de esos millones corresponden a gastos de Sanidad. Y que el Consell aprobó en abril de 2007 un expediente de enriquecimiento injusto (de la misma Generalitat), al no haber pagado en tiempo y forma, por ejemplo, a sus proveedores. La Intervención da alguna explicación sobre 847,3 del total de 1.254 millones. "¿Y qué pasa con los otros 400 millones?", preguntó ayer Mazón, que reclamó a Camps que explique su origen.

El portavoz adjunto socialista comparó la situación de la Generalitat con la de algunas de las compañías que han solicitado la suspensión de pagos; "Si fuera una empresa, estaría en fase concursal, como Martinsa-Fadesa o Llanera", dijo Puig, debido a sus "políticas económicas erróneas" y al "desenfoque de las prioridades". Y añadió que el Gobierno valenciano tendrá que pagar en los próximos años 5.047 millones de euros "sólo en intereses".

Mazón consideró producto de las "prisas" y a las "chapuzas" el hecho de que en el informe de la Intervención figuren datos distintos sobre la deuda. En el balance, la suma de lo que la Generalitat debe a corto y largo plazo balance se eleva a 6.124,6 millones de euros, señaló. Unas páginas más adelante, en el apartado relativo a la "situación y movimiento de la deuda de la Generalitat", sin embargo, alcanza los 7.097 millones de euros.

Una diferencia de casi mil millones que se queda corta, en cualquier caso, comparada con la que el Banco de España atribuye a la Comunidad Valenciana: 11.550 millones de euros de deuda, destacó Mazón. Ello la convierte en la segunda más alta en términos absolutos (sólo por detrás de Cataluña), y en la primera, recordó Puig, per cápita y en términos de Producto Interior Bruto (PIB). "Es posible que uno se equivoque en algo al hacer los números", añadió Mazón, "pero cuando se alcanza una distancia de más de 3.000 millones lo normal es exigir un cese fulminante".

Las cuentas de la Generalitat señalan, asimismo, que el Consell tenía pendientes de cobro 276 millones de euros de Fondos Europeos a 31 de diciembre de 2007. Dado que la Unión Europea sólo entrega la totalidad de las ayudas cuando el territorio acredita la realización de los proyectos que han sido objeto de subvención, Mazón consideró que no ha recibido los fondos "porque no los ha justificado", y que no los ha justificado "porque no se han ejecutado".

La Intervención constata, por último, el importante peso de los gastos de personal y de pago de intereses en 2007, mientras se estancaban las inversiones. Y cómo los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores se elevaron nada menos que hasta 21.000 millones de euros, 3,5 billones de pesetas.