"El copago es un obstáculo para el derecho del ciudadano a la justicia"

Gabriela Bravo, nacida en 1963 en El Ràfol de Salem, comarca de La Vall d'Albaida, es desde hace tres años la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Fiscal "vocacional" y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, afirma sentirse decepcionada por el resultado de la legislatura en materia de justicia. Como ejemplo señala que la reforma del proceso penal, que aglutina el 71% de los procedimientos, no ha sido aprobada. Bravo, vocal territorial de la Comunidad Valenciana, también es crítica con la Generalitat, que ha renunciado a abrir los juzgados previstos y no ha dado ni un paso hacia la nueva oficina judicial, aprobada hace más de un año.

"El conflicto con el turno de oficio necesita una pronta solución"

"La justicia valenciana adolece de medios materiales"

"Los jueces siempre actuarán conforme a legalidad tras la declaración de ETA"

"Estamos buscando soluciones para optimizar los recursos"

Pregunta. ¿Qué papel debe jugar la justicia ante lo que todo apunta que es el fin de ETA?

Respuesta. La justicia debe aplicar la ley. La sociedad española tiene que saber que los jueces, en este y en cualquier otro contexto, siempre actuarán conforme al principio de legalidad, no harán nunca dejación de sus funciones y trabajarán para que todos aquellos que hayan cometido delitos sean juzgados. Es importante expresar nuestro apoyo y reconocimiento a las 829 víctimas mortales y a sus familiares, que a lo largo de todos estos años tanto han sufrido. Y quiero destacar el sacrificio y esfuerzo de las fuerzas de seguridad del Estado, y de jueces y fiscales, sobre todo de la Audiencia Nacional y del País Vasco. España debe dejar de ser una anomalía en la Unión Europea y sacarse esta lacra de encima. Como ciudadana me parece una buena noticia. Comparto la satisfacción y al mismo tiempo la cautela con que la sociedad la ha recibido.

P. Los ciudadanos tienen la impresión de que la justicia es tan lenta que no es de esta época. ¿Qué les diría?

R. Es cierto que no actuamos con la inmediatez que los ciudadanos nos exigen. Pero la sociedad tiene que entender que en un proceso judicial, para cumplir con las garantías que la ley exige, es necesario respetar unos plazos. Pero eso no debe impedir que la justicia resuelva los asuntos en un tiempo razonable. El CGPJ ha impulsado reformas para agilizar los procedimientos, como la ley de medidas de agilización procesal que acaba de ser aprobada por las Cortes, y vamos a seguir haciendo propuestas que nos permitan optimizar los recursos en una coyuntura económica tan difícil, para que nuestro sistema judicial sea más eficaz y eficiente.

P. Representantes del mundo de la justicia y también políticos, como el consejero de Justicia valenciano, Jorge Cabré, insisten en abrir el debate sobre la introducción del copago en la justicia. ¿Qué opina?

R. El problema fundamental de nuestra justicia no se resuelve con más tasas, sino con una reforma profunda, porque el modelo está agotado No vamos a acabar con el atasco judicial exigiéndole al ciudadano que pague. Estamos desenfocando el problema y, desde mi punto de vista, constituiría un obstáculo para garantizar la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución como derecho fundamental.

P. ¿Qué alternativas plantea?

R. Insisto en que es necesario abordar reformas estructurales, algunas ya están en marcha, que nos permitan implementar un nuevo modelo organizativo, una nueva planta y demarcación judicial, y un nuevo proceso penal. Invertir en justicia es rentable. Un sistema judicial fuerte impulsará la actividad económica. El corredor mediterráneo es importante para los valencianos, pero también lo es que los empresarios que piensen invertir aquí sepan que hay un sistema judicial eficiente, eficaz, que dictará resoluciones previsibles en un tiempo razonable. Para ello necesitamos a todos, al Parlamento, al Gobierno central y a los autonómicos. Por eso el CGPJ reclama desde hace tiempo un pacto de Estado.

P. También desde Valencia se ha planteado, como método de eficacia y ahorro, concentrar los partidos judiciales. ¿Cómo recibe esta propuesta el Consejo?

R. El Consejo está trabajando en un borrador sobre reagrupación de partidos judiciales, pues en un momento como el actual hay que explorar formulas que nos permitan disponer de recursos con menos costes. En el año 1989, cuando se modificó la planta y demarcación judicial, España tenía 39 millones de habitantes. Hoy superamos los 45 millones. Hay partidos judiciales que ya no responden a las necesidades actuales y otros que están mucho más necesitados por la evolución del área que atienden. Si queremos una justicia más eficaz y eficiente no podemos seguir invirtiendo en un sistema obsoleto.

P. Los abogados del turno de oficio de Valencia amenazan con dejar de prestar el servicio porque llevan meses sin cobrar. ¿Cómo reaccionaría el Poder Judicial en ese escenario?

R. Veo con preocupación cualquier situación que afecte a un derecho tan básico como el derecho de defensa. Es importante que los responsables políticos y el Colegio de Abogados lleguen a un acuerdo que permita garantizar que los letrados puedan percibir sus retribuciones. Es un conflicto que exige una necesaria y pronta solución.

P. El Consejo ya expresó su preocupación cuando la Generalitat anunció que renunciaría a crear 15 juzgados que habían sido acordados. Y no rectificó.

R. Comparto el diagnóstico de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, que dijo que la situación de la justicia valenciana es "grave con pronóstico reservado". El último informe del Consejo evidencia que la Comunidad Valenciana es la cuarta con mayor incremento de litigiosidad y la segunda con mayor tasa de pendencia de asuntos. Sin embargo, la tasa de resolución se ha incrementado y la de confirmación de las resoluciones judiciales está en un 94%. Es decir, los jueces, a pesar de tener gran carga de trabajo, trabajan mucho y bien. Es muy preocupante que, a pesar de estos datos, el Gobierno valenciano haya suspendido la puesta en funcionamiento de esos 15 juzgados. Son plazas previstas para 2010 para partidos judiciales que soportan una elevadísima carga de trabajo. El coste medio por juzgado es de unos 300.000 euros, difícil de asumir en la coyuntura económica actual, por lo que buscamos otras fórmulas como refuerzos, juzgados bises o aumentar el número de jueces sin crear nuevas oficinas judiciales.

P. El problema no parece ser solo de falta de jueces.

R. La justicia valenciana adolece de otros problemas, como falta de medios materiales y personales, escasez de funcionarios y deficiente formación de los interinos, cuyo número aumenta cada año. Los sistemas informáticos son obsoletos, y algunos edificios están en un estado lamentable. Si aumentamos el número de los jueces, pero no les dotamos de medios adecuados para desempeñar sus funciones, seguiremos financiando la ineficiencia.