Los conciertos educativos serán verificados por una comisión

El rechazo en bloque del medio centenar de miembros del Consell Escolar Valencià a la nueva orden que consagra el concierto educativo hasta el bachillerato, junto a la polémica generada en los centros públicos con plazas libres, forzó ayer a la Administración a ceder, al menos, a la exigencia de los agentes sociales de crear una "comisión de seguimiento" que permita un "control social del dinero público".

La comisión vigilará la matrícula para proteger el derecho de los padres a no ser discriminados

El director general de Enseñanza, Josep Vicent Felip, propuso -primero a los sindicatos y a las federaciones de padres y alumnos reunidos en la Mesa Sectorial y después a una comisión del Consell Escolar Valencià- la conveniencia de crear una "comisión de seguimiento de los conciertos" con capacidad para "evaluar los criterios de las concesiones" de los nuevos conciertos singulares de bachillerato, explicó Gemma Piqué, presidenta de la federación de padres de la red pública FAPA-Valencia. Una organización que, junto al sindicato de estudiantes Faavem, ha movilizado en el último mes a los claustros escolares, directores y padres en contra de una medida que, además, "contradice" el propio mapa escolar de construcciones 2007-2010.

El grado de rechazo que provocó la orden (aprobada en plena campaña electoral sin atender las enmiendas del consejo y con el rechazo de los sindicatos STEPV, CC OO, UGT, CSIF y ANPE) ha forzado un cambio de actitud entre los responsables de Educación, una vez que el PP ha revalidado su mayoría absoluta.

La propuesta, en principio, cuenta con el aval de la patronal privada Educación y Gestión y de parte de las asociaciones de padres de centros religiosos, conocedores de que el gasto público anual en conciertos educativos asciende ya a 600 millones.

"El objetivo final", según Luis García Trapiello, de CC OO, "es extremar el control de la matrícula para proteger precisamente el derecho de los padres a no ser coaccionados o discriminados para obtener una plaza concertada"; y al mismo tiempo realizar "una planificación educativa de todos los centros concertados, con la finalidad de presentar un documento de política educativa al Consell Escolar". El STEPV reiteró ayer que "la promulgación de la orden de conciertos de bachillerato demuestra una vez más que el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) se está haciendo sin tener en cuenta al Consell Escolar y sin darle tiempo a dictaminar las propuestas legislativas derivadas del debate en su seno".