Las chapuzas del arzobispo

La creación de centros y titulaciones universitarias no es discrecional, sino que se encuentra perfectamente regulado por normas que garantizan los requisitos mínimos de calidad en el contexto europeo. Es una responsabilidad del Estado y son los órganos técnicos competentes quienes deben dictaminar, aceptar o rechazar las propuestas. Cualquier ciudadano entiende que la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento y las técnicas requiere, hoy más que nunca, infraestructuras, laboratorios, equipos y material de investigación, espacios docentes adecuadamente dotados con tecnologías innovadoras, espacios asistenciales, grupos de investigación potentes y profesorado con experiencia y altamente cualificado de acuerdo con criterios de selección homologables internacionalmente. Todo ello no se improvisa y ese conjunto de factores es el que ha colocado a las universidades públicas valencianas entre las más prestigiosas de España y eso, afortunadamente, lo saben bien nuestros paisanos.

García-Gasco denuncia una persecución porque se le exige lo mismo que al resto de universidades

La mayoría de los ciudadanos entiende que una universidad no es una academia, un simple espacio docente, ni un negocio y que el Estado es responsable de garantizar la calidad, una correcta planificación y distribución de las ofertas docentes universitarias, y unas tasas que no vulneren el derecho fundamental de los ciudadanos a la educación y la cultura. Muchas de las universidades españolas, públicas y privadas, han visto frustradas sus expectativas de implantar estudios universitarios debido a carecer de los medios adecuados o a la innecesaria proliferación de ofertas. Hace décadas que, por ejemplo, la Universitat de les Illes Balears reclama sin éxito la implantación de los estudios de Medicina. Las universidades privadas, en este contexto, gozan de ciertos privilegios que, a mi entender son cuestionables, en relación con las tasas académicas, la calidad y las condiciones laborales del profesorado; gozan de cierta autonomía en tanto que privadas pero, obviamente, el Estado no puede renunciar a exigir unas condiciones mínimas de calidad: deben cumplir los parámetros establecidos por la legislación.

Por otra parte, el sistema público universitario español posee una larga tradición y unos índices de calidad perfectamente homologables a escala europea, especialmente si se compara su financiación o coste/beneficio. Aulas, laboratorios, instrumentos científicos y equipos de investigación, salas hospitalarias, bibliotecas, parques tecnológicos o aulas informáticas son espacios socialmente rentables que contribuyen ampliamente al desarrollo y la modernización de nuestro país, incluso cuando los gobiernos que las financian no les dan el apoyo necesario para que mejoren.

La Iglesia ha ejercido tradicionalmente en nuestro país una función social subsidiaria del Estado y subsidiada por el Estado y por la filantropía de las clases dirigentes en aspectos de la asistencia social, la educación y la sanidad; de ahí que su posición institucional haya sido habitualmente reacia al desarrollo de un sistema público estatal que le restara hegemonía en esas esferas. También tiene una larga tradición de ejercicio de su poder espiritual sobre una población católica, ha sabido repartir indulgencias y ocupar directa o indirectamente esferas del poder político que le han aportado un alto grado de impunidad frente a las normas sociales que rigen para el conjunto de la sociedad. Su situación privilegiada a lo largo de casi todo el siglo XX representa hoy un modelo anacrónico y premoderno de relaciones con el Estado democrático, que hunde sus raíces en el nacional-catolicismo implantado por el franquismo desde su victoria tras el golpe militar de 1936. La insistencia en ese modelo por parte de la jerarquía eclesiástica es lo que sigue planteando tensiones, debido a la postura de la jerarquía eclesiástica española, muy lejos del talante abierto que mostró nuestro paisano el cardenal Enrique y Tarancón durante los primeros años de la transición democrática.

El arzobispo de Valencia denuncia una persecución contra su universidad por el simple hecho de que para implantar los estudios de medicina se le exige que cumpla las normas establecidas para todos los centros universitarios. Su queja resultaría delirante si no conociéramos los antecedentes mencionados y la reiterada vulneración de las leyes y de la cortesía que viene practicando: su universidad ha inscrito estudiantes en titulaciones que no estaba autorizada a impartir y ha utilizado públicamente argumentos sibilinos para desprestigiar la honorabilidad de los profesionales de las instituciones públicas cuestionando su talante moral.

Nuestra sociedad necesita centros de excelencia, privados o públicos y las leyes deben aplicarse por igual para todos y no es aceptable la postura teocon, cuyo objetivo es minar los fundamentos del estado democrático de derecho. La Iglesia católica posee cierta tradición universitaria que, si bien es minoritaria, posee centros prestigiosos, como en Deusto o Navarra. Sin embargo, en nada benefician a la sociedad valenciana los proyectos oportunistas e improvisados, las chapuzas que sólo buscan la rentabilidad económica y el desprestigio de los centros públicos. En una sociedad abierta, quien quiera ganarse el prestigio lo tendrá que hacer con recursos intelectuales y materiales, y eso exige inversiones y tradición que no pueden eludirse con apoyo político y poder espiritual. Estoy convencido de que en las actuales condiciones de nuestro país y en el contexto internacional cualquier proyecto universitario que sólo busque la rentabilidad económica tiene un futuro muy difícil. Mis principios me dicen que no aceptar la legalidad y manipular a la opinión pública es moralmente reprobable. Creo además que uno lo acaba pagando, no sé si con el infierno, pero sí con el desprestigio y la pérdida de clientes.

Josep L. Barona es catedrático de la Universitat de Valencia y presidente de Valencians pel Canvi.