Un barrio dedicado a falangistas

La herencia de la Guerra Civil y la represión franquista perviven en insignias, escudos y placas de calles de Valencia. Águilas, yugo y flechas de piedra coronan las fachadas de algunos colegios, y en un patio de la antigua Capitanía General cabalga aún en bronce el mismísimo Francisco Franco. Son los símbolos más reconocibles de la dictadura. No necesitan explicación.

Pero Valencia conserva también una memoria menos visible de aquellos años que apenas atrae las miradas. Es el homenaje del franquismo a 28 personas cuyos nombres rotulan las calles de un singular conjunto de un millar de viviendas en el barrio de Tres Forques, el llamado grupo Antonio Rueda. Todos ellos fueron "caídos por Dios y por España", según el expediente número 92 de la Comisión de Cultura municipal que propuso en mayo de 1972 sus nombres para calles que en ese momento se identificaban por letras. La moción la presentó el teniente de alcalde Mariano Llisterri Vidal, y era alcalde el médico falangista Vicente López Rosat.

Precisamente a miembros de Falange Española están dedicadas buena parte de esas calles, aprobadas finalmente en junio de 1972. El expediente contenía originalmente 29 nombres, pero uno de ellos, el del teniente Suárez de Lezo, ha desaparecido del entramado de calles de la zona de Tres Forques.

La documentación destaca la filiación política de los homenajeados -de edades diversas, algunos veinteañeros y de varias provincias-, su papel durante la sublevación militar y su muerte a manos del bando republicano. A tres años de la muerte del dictador, emplea aún el lenguaje típico de la guerra que ensalza a unos y demoniza a los otros. Así, afirma que Vicente Maroto González, natural de Villel (Teruel), fue "asesinado vilmente por los rojos" en septiembre de 1936. Perteneciente a Falange Española y secretario provincial del SEU (Sindicato Español Universitario), el "alzamiento le sorprendió en la cárcel". En el caso de Francisco Dolz, alicantino, se destaca que "con anterioridad al Movimiento" era militar retirado y que su negativa a incorporarse a filas cuando fue llamado "por la horda marxista" le costó la vida el 17 de octubre de 1936 mientras intentaba pasarse al bando nacional en Toledo.

El expediente subraya en un buen número de casos la "gran actividad en pro del Movimiento" de los fallecidos, algunos de ellos ya encarcelados al comenzar la Guerra Civil, y en varios casos la participación directa en la sublevación militar contra la II República.De Carmen Tronchoni se resalta "la gran actividad en el servicio de espionaje a favor del Movimiento Nacional". Fue juzgada y sentenciada a muerte "por los tribunales rojos" en Montjuïc (Barcelona), donde fue fusilada el 29 de marzo de 1938. Arturo Fosar fue asimismo "asesinado por los rojos", relata el expediente, que añade que pretendía unirse al bando nacional en Teruel tras "fracasar el Movimiento" en Valencia, donde "estuvo en la defensa del Cuartel de Caballería". Francisco Alegre también tuvo un papel destacado como uno de los asaltantes a Radio Valencia, tras lo cual fue detenido y fusilado.

El expediente contiene también nombres de militares fallecidos en distintos frentes, como Luis Sanjuán. Además, incluye a personas de las que no registra ninguna participación en el levantamiento, tan sólo su pertenencia a Falange y otras formaciones, como la Derecha Regional Valenciana. El informe municipal relata su "persecución y asesinato" a manos republicanas en aquellos años trágicos. La resolución final de aprobación de las placas para estas calles en junio de 1972 resalta que todos los homenajeados murieron por "defender sus ideales", según recoge Las calles de Valencia y pedanías. El significado de sus nombres, editado por el Ayuntamiento en 2003. En ese sentido, llama la atención la descripción escueta del matrimonio Alcántara Ríos, "de excelentes antecedentes políticos, sociales y religiosos", que fue "asesinado" el 15 de febrero de 1937, o el caso de Servando Conejero, presidente del Partido Tradicionalista de Valencia, "perseguido al igual que toda su familia" y fusilado en Paterna en 1936.

La propuesta de nombres de 1972 no incluye religiosos, pero sí un beato. Se trata de José María Corbín Ferrer, valenciano perteneciente a Falange, dice el expediente. "El alzamiento le sorprendió en Santander, donde estudiaba con beca en la Universidad Internacional. Fue detenido y pasó por varios barcos prisión, siendo asesinado el 27 de diciembre de 1936". También su padre fue fusilado. El informe menciona el proceso de beatificación de Corbín, ferviente católico. El Vaticano elevó a los altares a 233 españoles en una ceremonia en marzo de 2001, entre ellos a Corbín, pariente indirecto de la alcaldesa, Rita Barberá.

El emplazamiento escogido para los nombres del expediente número 92 fue el grupo Antonio Rueda, que nació de la mano de la Obra Sindical del Hogar, una institución franquista creada para coordinar la construcción de viviendas de renta baja. La promoción figuró durante años en los planes urbanísticos de Valencia como polígono de la avenida de Castilla (hoy del Cid), pero finalizadas las obras, en un lateral de uno de los edificios, junto al yugo y las flechas de Falange, quedó grabado: "Organización Sindical Española. Grupo Antonio Rueda. 1.002 viviendas, año 1972". Había ganado la partida frente a ciertas "reticencias" el gobernador civil Antonio Rueda Sánchez Malo, que había insinuado que se pusiera el nombre al área residencial por sus 27 años en el cargo, de ellos ocho en Valencia. Así consta en la documentación consultada para su tesis doctoral sobre la vivienda pública del franquismo por el arquitecto Fernando Gaja, que describe la historia de esta zona residencial, en la que se asentaron familias de escasos medios económicos, funcionarios, profesores y ex guardias civiles, entre otros, por subasta o decisión del sindicato vertical.

La tramitación de la Ley de la Memoria Histórica, en el Senado tras aprobarla el Congreso con el voto en contra del PP y ERC, ha girado el foco sobre los edificios con símbolos franquistas y el callejero. La futura ley prevé la retirada de "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". A excepción de las menciones "de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados" o "cuando concurran razones artísticas y arquitectónicas protegidas por la ley". Matías Alonso, ex concejal socialista y coordinador del grupo de la memoria histórica de la Fundació Societat i Progrés, repasa el callejero "para ver cómo está en relación con la ley". "La primera conclusión es que Valencia tiene entre 40 y 50 calles dedicadas a personas que fueron falangistas o caídos por la patria del régimen franquista", afirma Alonso. "Los más llamativos ya no están, pero sí quedan casos como los 28 del grupo Antonio Rueda", cuyo expediente rescató del archivo municipal. "Hay calles dedicadas a sublevados o gente que participó activamente en el levantamiento más allá de sus ideas, y creo que rendir honores a esas actitudes hoy no tiene sitio", opina.

La ley prevé que el Gobierno colaborará con las comunidades autónomas y las entidades locales "en la elaboración de un catálogo" de estos vestigios para su eliminación. Vicent Álvarez, miembro del Consell Valencià de Cultura por Esquerra Unida y responsable del servicio jurídico de la Universitat, augura "dificultades" cuando se aborden en detalle los casos concretos, dado el reparto de competencias entre administraciones. El Estado marca con la ley los principios generales, pero su concreción quedará en manos de la Generalitat y los ayuntamientos. En claro desacuerdo con la ley, la alcaldesa de momento sólo ha dejado claro, "como no podía ser de otra manera", que acatará la norma.