El alcalde de Burriana permitió chiringuitos sin licencia

El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe, admitió ayer ante la titular del juzgado número 5 de Vila-real que los chiringuitos de la playa que fueron origen de la denuncia por ruidos, presentada por un vecino, no tenían licencia de actividad. Calpe alegó que en el mes de julio abrió un expediente contra los establecimientos que no se ha resuelto.

Además, según la acusación, el Ayuntamiento hizo caso omiso a las quejas del vecino.

Los locales argumentaron haber pagado un canon al Ayuntamiento

El alcalde de Burriana fue interrogado ayer, en calidad de imputado, después de que un vecino de la playa del Arenal presentara hasta media docena de quejas ante el Ayuntamiento sin recibir respuesta. Tras el interrogatorio, Calpe no quiso realizar comentarios. Las denuncias comenzaron en el mes de mayo del pasado año y se prolongaron todo el verano. En algunos casos, los escritos de protesta del vecino, en los que alegaba la ilegalidad de los establecimientos porque no contaban con la preceptiva licencia de actividad, estaban acompañados de sonometrías que desvelaban que el ruido que provocaban superaba los niveles permitidos por la normativa. Las mediciones fueron realizadas tanto por agentes de la Policía Local como por el propio denunciante y en todas ellas el nivel de ruido superaba "en mucho y a altas horas de la madrugada" el límite establecido.

Ante la juez, Calpe justificó la actuación del Ayuntamiento alegando que a principios de julio se inició un expediente sancionador contra los chiringuitos, apercibiéndoles del cierre. Sin embargo, el cierre no llegó nunca y el Consistorio tampoco adoptó ninguna otra medida. Según la acusación, el alcalde apuntó que carece de potestad para adoptar medidas cautelares, "que sí hubieran sido efectivas" según la acusación. Los chiringuitos, como consta en el expediente, argumentaron haber pagado un canon al Ayuntamiento, tal como estipulaba el pliego de concesión para la ocupación de los terrenos. Aún así, no recibieron la licencia de actividad.

Lo que sí aprobó ayer el Ayuntamiento de Burriana fue la orden de derribo de las obras ilegales realizadas en el Hotel Aloha, propiedad de la familia del ex alcalde y ahora senador del PP Alfonso Ferrada, quien, durante su mandato, no concluyó el expediente iniciado por la ilegalidad del proyecto.

Castellón cuenta ya con un precedente de condena por ruidos. El ex alcalde de Vila-real Manuel Vilanova, también del PP, fue condenado por el Tribunal Supremo por hacer caso omiso a las quejas de unos vecinos que soportaron, durante años, los ruidos procedentes de una instalación ilegal en una fábrica.