Sanidad privada para el 20%

En diciembre de 1998, la Administración valenciana, controlada por el PP desde hacía tres años, se planteó la construcción de un gran hospital ante la degradación y las graves carencias que planteaba el mayor centro de referencia de la sanidad pública, el hospital La Fe de Valencia. La primera opción fue remodelar las instalaciones, pero la idea se desechó porque, por el mismo precio, se consideró que levantar un nuevo edificio costaría cuatro años, frente a los 10 de los trabajos de reforma y actualización.

Casi 11 años después, el nuevo hospital La Fe de Malilla aún no ha entrado en funcionamiento, y no se espera que lo haga hasta mitad o finales del próximo año. Sin embargo, la misma Generalitat valenciana a la que se le ha atragantado la construcción de este gran centro hospitalario público, en todo este tiempo ha puesto en marcha cuatro hospitales de gestión privada. Y uno más, el quinto, entrará en funcionamiento el mismo año en el que la nueva Fe eche a andar. Para entonces, la salud de casi el 20% de los valencianos (945.000 de los cinco millones de valencianos) estará en manos de uniones de empresas lideradas por las principales cajas de ahorros valencianas (Bancaixa y la CAM) y aseguradoras sanitarias. De estas forma, en apenas una década, la Generalitat habrá consolidado la apuesta que inició el anterior presidente del Consell, Eduardo Zaplana, de abrir las puertas de la sanidad pública y dejar entrar en ella al sector privado para quedarse con parte del pastel a través de nuevas fórmulas de gestión.

En todo este tiempo el hospital La Fe de Valencia aún no se ha construido

El último ejemplo de ello es el hospital de Elche. El primero fue el centro de La Ribera, que abrió sus puertas en enero de 1999. La Generalitat se adelantó a la ley de nuevas fórmulas de gestión de la administración sanitaria y decidió otorgar a una unión de empresas integrada por tres cajas (Bancaixa, la CAM y la extinta Caixa Carlet), Adeslas y, minoritariamente, las empresas Lubasa y Dragados, la gestión del hospital mediante la fórmula de la concesión administrativa. Igual que las autopistas, por ejemplo, en que se cede a una empresa el cobro del peaje a cambio de que construya la infraestructura, la Generalitat otorgó a esta unión de empresas la construcción y explotación del hospital por 15 años prorrogables a cinco más a cambio del pago de una cantidad de euros por cada uno de los habitantes de la comarca y potenciales usuarios del centro (en torno a los 600 euros en 2009).

Esta iniciativa encontró un importante rechazo de partidos políticos de izquierda, sindicatos y entidades de defensa de la sanidad pública, que entendían que se abría una brecha en el derecho de todos los ciudadanos a recibir los mismos servicios en iguales condiciones de calidad. CC OO incluso llevó al Tribunal Supremo, sin éxito, su oposición al modelo al considerar que la concesión administrativa no era aplicable a la explotación de un servicio público como la sanidad.

En un primer momento, el experimento no le fue rentable a la empresa adjudicataria, motivo por el cual la Generalitat cambió las reglas del juego en 2002. En lugar de solo la atención hospitalaria, la adjudicataria también controlaría los centros de salud. Así, tendría la llave de acceso al hospital y podría controlar mejor el flujo de llegada de pacientes. Además, aumentó el pago por habitante.

Bajo esta modalidad más ventajosa (cesión de la atención sanitaria integral de un área de salud y sus habitantes) se han reproducido el resto de adjudicaciones: Torrevieja, Dénia, Manises y Elche. La tensión y la oposición de los primeros años se ha ido diluyendo hasta prácticamente desaparecer en las últimas inauguraciones de hospitales, que fueron Dénia (abril de 2009) y Manises (mayo de 2009). Las quejas que ha habido, más que relacionadas con el modelo, se debían a los problemas organizativos y de coordinación, habituales en la puesta en marcha de un nuevo centro hospitalario, como ha sido el caso de Dénia.

La intención de la Consejería de Sanidad -que sostiene que este modelo le resulta un 20% más económico- es profundizar en este sistema y rebasar el 20% de cobertura sanitaria pública cubierta por empresas privadas. El titular de Sanidad, Manuel Cervera, ha señalado en alguna ocasión su deseo de extender esta fórmula a otros centros y departamentos sanitarios, e incluso nuevas parcelas, como la sociosanitaria, por ejemplo.

El responsable de sanidad del PSPV, José Mayans, sostiene que la gestión privada ni mejora la atención sanitaria, ni beneficia a los profesionales, que trabajan "por un 15% menos del salario de la red pública", por lo que se oponen a ella. Además, los socialistas reclaman un mayor control de las concesiones por parte de la Administración

Lo que todos opinan es que en más de 10 años, se ha consolidado un modelo que será muy difícil de revertir.