González-Sinde reivindica su "tutela" frente al expolio en El Cabanyal
La ministra destaca la "relevancia" del conflicto por el patrimonio de Valencia
"Es el Gobierno del Estado" quien tiene la "tutela y custodia" del patrimonio en "los casos de expolio", recordó ayer la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en relación con el conflicto con el Consell por la protección del barrio de El Cabanyal, en Valencia. Los socialistas desplegaron ayer en Altea todo su argumentario a favor de la conservación y la preservación del patrimonio, con motivo de la visita de la ministra a la localidad. González Sinde destacó que España es el segundo país con más bienes declarados patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
González-Sinde confirmó que el Gobierno ha solicitado un estudio jurídico del que se derivará su respuesta al decretazo del Consell, que desprotegió de golpe el barrio de El Cabanyal. El ministerio ordenó previamente paralizar la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez porque la trama urbana y el conjunto del barrio de El Cabanyal, que tenía la consideración de bien de interés cultural (BIC), quedaría partida en dos.
El Gobierno inicia ahora el procedimiento para plantear un conflicto de competencias con la Generalitat ante el Tribunal Constitucional. Según González Sinde, se trata de "un tema muy importante y de gran relevancia para los valencianos".
González Sinde recordó expresamente que "en el artículo 149 de la Constitución está expresado que es el Gobierno quien tiene la tutela y la custodia sobre los casos de expolio" del patrimonio.
Ayer, en el acto de inauguración de una pista deportiva en Altea, la ministra estuvo acompañada por el delegado del Gobierno Ricardo Peralta, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, y la portavoz socialista en Valencia, Carmen Alborch.
La ministra insistió en que la Administración central se ha limitado a actuar en El Cabanyal "obedeciendo a la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a un dictamen del ministerio" y recordó que España es "un país de los que más invierte en Europa en mantenimiento y conservación del patrimonio".
En su discurso oficial, González-Sinde ya había dado muestras de que el encontronazo entre Madrid y el Consell es serio y trasciende la propia naturaleza del conflicto generado.
Antes de referirse al Cabanyal, escenificó la "apuesta por un urbanismo solidario no especulativo" que prime "lo colectivo, lo público y lo de todos", aspecto en el que también incidió Jorge Alarte.El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, calificó de "valiente" la actuación de la ministra de Cultura al ordenar detener el expolio del barrio de El Cabanyal. "Frente a la destrucción, la conservación para construir otra ciudad y otro tiempo desde el rigor", dijo el secretario general del PSPV-PSOE, "es una decisión valiente que evidencia la responsabilidad el Gobierno frente a la destrucción y la degradación irresponsable" del Consell.
Alarte subrayó que la orden ministerial que paraliza la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez e impide partir en dos el barrio de El Cabanyal "constata que la ministra de Cultura está claramente comprometida con los intereses de la Comunidad Valenciana".
Enric Morera, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, puso en entredicho el decreto ley que aprobó el Consell para desproteger el barrio de El Cabanyal como respuesta a la orden ministerial. El PP respaldó en solitario el decreto ley en una reunión urgente de la Diputación Permanente de las Cortes. Morera apuntó que la modificación legislativa en cuestión "es anticonstitucional porque no se puede regular por decreto ley aquello que afecta al derecho fundamental a la propiedad privada y a la expropiación de ésta, reguladas en el artículo 33 de la Constitución que no se puede modificar por decreto".
Morera invoca el Estatuto de Autonomía, la ley de Gobierno Valenciano y la propia Constitución para señalar la irregularidad del caso y concluir: "Resulta impensable que un gobierno autonómico pueda perpetrar un atentado tan grave al título primero de la Constitución".
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