Despidos exprés en el centro Príncipe Felipe de Valencia

Por mal que vayan las cosas, todo es susceptible de empeorar. Prueba de ello es la jornada de tensión que se vivió ayer en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia (CIPF) debido a las prisas que mostró la dirección de la institución, controlada por la Generalitat, en hacer efectivos -al margen de los acuerdos alcanzados con los trabajadores- los 114 despidos contemplados en el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta al centro.

Sin respetar el plazo de 48 horas pactado para que los afectados pudieran comprobar las indemnizaciones y los finiquitos y recoger tranquilamente sus pertenencias antes de hacer efectiva la baja, la gerencia comenzó a primera hora de la mañana a trasladar las extinciones de los contratos y a comunicar a los empleados que no regresaran hoy a su puesto de trabajo.

"Están tratando a las personas como a reses", apuntan desde CC OO

Las protestas de los trabajadores y del comité de empresa no se hicieron esperar. "¿Qué necesidad hay de hacer esto?", se preguntaban los empleados, que, al correr la voz de los movimientos de la dirección, convocaron una concentración frente al centro para mostrar su malestar. La aparición en el centro de representantes sindicales de CC OO y UGT a mediodía forzó a la dirección a paralizar los despidos y aplazarlos hasta hoy.

"Nunca he visto cosa igual", lamentaba María Victoria Gómez, responsable de negociación colectiva de Sanidad de CC OO, que ha participado en el proceso, mientras recordaba la forma "chapucera" en que, desde el principio, el centro ha gestionado el ERE. "Nos hemos dedicado en la tramitación del expediente a corregir datos que la empresa tenía mal sobre salarios, categorías profesionales o incluso la antigüedad de los trabajadores", apuntó Rafael Pulido, responsable del comité de empresa. Los despidos no han sido una excepción. "Los finiquitos y las indemnizaciones están mal hechos", añadió Gómez.

El expediente, pactado con los sindicatos, contemplaba que, a partir de que la Dirección General de Trabajo aprobara el ERE, habría 48 horas para hacer efectivos los despidos, como insistieron ayer los sindicatos. Estaba previsto que comenzaran en dos o tres semanas. Sin embargo, sin que el comité de empresa tuviera conocimiento del visto bueno de la autoridad laboral, el CIPF comenzó ayer a mandar a casa a sus empleados por la vía rápida. "Están tratando a las personas como si fueran reses", comentó la responsable sindical de CC OO, "cada día nos encontramos con una sorpresa".

Fuentes del CIPF señalaron que en el caso de la treintena de trabajadores a los que ayer se despidió se modificará la fecha de la finalización de la relación laboral, de forma que se trasladará del 23 (ayer) al 24 de noviembre, por lo que "se reharán" los finiquitos. A los restantes, se les ofreció que durante la tarde de ayer recogieran un prefiniquito para estudiarlo y dar tiempo hasta hoy de revisarlo y plantear los errores que pudieran detectar.

El episodio de ayer hizo más evidente la situación de desgobierno que vive el centro. Los representantes de los trabajadores denunciaron las dificultades que tuvieron en tratar con el gerente, la única autoridad que queda en el CIPF tras la salida del director general y la vacante de la dirección científica.