El Consell intenta salir del caos de la basura con cuatro incineradoras
Las instalaciones dispararán el coste del tratamiento de los residuos
El anuncio del próximo cierre del vertedero de Vilafranca y el rechazo a que los residuos que elimina acaben en las instalaciones de Villena y Xixona ha desencadenado la enésima batalla por las basuras en la Comunidad Valenciana. La polémica ha puesto una vez más de manifiesto que la gestión de los desechos urbanos está sumida en el caos. Un descontrol del que la Generalitat intentará salir con la construcción de incineradoras. La Consejería de Medio Ambiente, preguntada por este periódico, rechazó ayer hablar del asunto, pero varias fuentes del sector de los residuos apuntan que se plantean cuatro instalaciones, de las que dos se ubicarían en la provincia de Valencia, una en Alicante y otra en Castellón.
Los ecologistas denuncian que no se impulsa el reciclaje
La apuesta por la incineración de las basuras se concreta de momento en diversos borradores y avances del nuevo Plan Integral de Residuos (PIR), que proclaman que "es necesario" introducir la valoración energética y estiman en un "mínimo" de tres las plantas necesarias para complementar unas instalaciones de tratamiento y eliminación en vertederos previstas desde 1997 y que en su mayoría siguen pendientes.
Varios intentos de abrir incineradoras en la Comunidad Valenciana han fracasado, el último en 2006, cuando el entonces consejero de Territorio Rafael Blasco lanzó la iniciativa de ubicar una planta en la Vall d'Alba. Pero el Consell ha mantenido la apuesta y en el nuevo PIR, en fase de participación pública, defiende la "necesidad" de implantar la incineración y la defiende por "racionalidad económica" y porque la normativa comunita es ahora más favorable a este sistema de eliminación de basuras. Los grupos ecologistas se oponen a este planteamiento por razones medioambientales y sanitarias, y denuncian que la incineración es una huida hacia adelante de la Generalitat por el fracaso del PIR vigente y su incapacidad de agotar las posibilidades del reciclaje. Como revelan documentos de la propia consejería, las plantas existentes apenas reciclan y más del 70% de la basura acaba enterrada en vertederos.
De entrada, la apertura de incineradoras disparará el coste de la gestión de residuos. Los documentos del PIR admiten "las elevadas inversiones" que exigen las plantas, por lo que el Consell prevé asumir un "papel impulsor y ejecutor" y contempla la posibilidad de declararlas "servicio público de titularidad autonómica".
Fuentes empresariales valencianas confirman la fuerte inversión y estiman en casi un centenar de millones de euros el coste de una incineradora. Con la repercusión al usuario, el recibo de la basura se multiplicaría por "dos o tres" en relación a las tarifas actuales. El sector de las incineradoras puntualiza al respecto que el presupuesto de las plantas depende de su dimensión, del modelo de gestión y de financiación, aunque coinciden en que la primera inversión es alta. También indican que a medida que se amortizan las instalaciones se reduce el recibo de la incineración. En el caso de Cataluña, que tiene cuatro plantas, alguna de ellas desde hace décadas, los precios fluctúan entre los 25 y 60 euros por tonelada incinerada, explica Carlos Salesa, gerente de la Associació Catalana d'Empreses de Valorització Energètica de RSU. "Ahora, en Cataluña es más barato incinerar que llevar la basura al vertedero", asegura. Según datos de la Agència de Residus de Catalunya, con la incineración se elimina en la comunidad vecina el 14% de la basura. A nivel nacional, la quema de residuos (en la decena de instalaciones existente) no llega al 8%.
La memoria del nuevo PIR valenciano no fija de momento porcentajes ni costes, y se limita a resaltar como objetivo más recuperación, reciclaje y compostaje, de modo que acabe en los vertederos un 44% de la basura, un porcentaje muy alejado del actual. El PIR, que no tiene fecha de aprobación, calcula que la Comunidad Valenciana genera ahora tres millones de toneladas de basura anuales, que se elevarán a 3,3 millones en 2013, a razón de 1,40 kilos por día y habitante. Aunque se mantiene, con algunos matices, la planificación de plantas de tratamiento y vertederos por zonas que integran varias comarcas, el Consell de Francisco Camps insiste en dar el paso hacia la incineración.
Esta información ha sido elaborada por Santiago Navarro, María Fabra, Rosa Biot y Sara Velert.
Tarde, mal y caro
"Cada uno lleva la basura donde puede, y a donde le dejan". Esta afirmación, de un técnico municipal, resume el desorden en la gestión de los residuos urbanos en la Comunidad Valenciana. La falta de vertederos y plantas de tratamiento suficiente ha convertido la eliminación de los desechos urbanos en un quebradero de cabeza para los ayuntamientos. La Generalitat aprobó el Plan Integral de Residuos (PIR) en 1997 con vistas a solucionar en cinco años el problema; aprobó una ley de residuos en 2000 y después cambió el sistema de redacción de los planes zonales, que engloban las instalaciones para varias comarcas. El proceso de aprobación de estos planes y la creación de los consorcios de municipios que deben abordar su ejecución se ha retrasado tanto que de las 17 plantas previstas sólo hay ocho en funcionamiento -algunas tan antiguas que son anteriores al PIR- y tampoco hay vertederos suficientes.
El de Vilafranca está saturado y dejará en verano a varias comarcas sin servicio, y el de Dos Aguas, que entierra los restos de Valencia y más de 40 municipios de su área metropolitana, está a punto de colmatarse y pendiente de un conflicto administrativo que impide la ampliación prevista. Toneladas de basura de Valencia podrían así unirse a las de las comarcas del interior de la provincia, La Safor o zonas de Castellón en el largo viaje hacia vertederos de Alicante e incluso de Murcia, como ocurre desde hace años. Un traslado forzoso que encarece la gestión de los residuos y sube la factura a los vecinos.
Además, los precios del transporte y tratamiento que luego repercuten en los impuestos municipales, son tan dispares como variables. En el caso de Castellón, sólo el centro de la provincia tiene instalaciones adecuadas para ocho municipios en Onda. A Benicàssim, por ejemplo, le cuesta ese servicio 52,77 euros por tonelada. Mientras, Moncofa, que lleva primero la basura a compactar a Segorbe y desde allí tiene que hacerla enviar a Villena, paga 69,42 euros por tonelada. Es el mismo caso que la basura de Almenara que compacta sus residuos en Segorbe y Tetma los transporta hasta la planta de Vaersa por el mismo precio que en Moncofa. Peñíscola, en cambio, ha adjudicado el servicio por 65,7 euros la tonelada pese a que los residuos van a parar a Jumilla (Murcia). En Valencia, poblaciones como Llíria o Gandia también han visto aumentar considerablemente la factura por el traslado a vertederos de Alicante, la provincia mejor provista de instalaciones. Así, el precio medio para los municipios cercanos a la planta de Elche baja hasta los 25 euros por tonelada. En Xixona, que intenta frenar la llegada de basura ajena, el coste es de 37,35, y en Villena de 39.
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