El Consell deja la función pública sin líderes sindicales liberados

José Manuel Vela, consejero de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat, comunicó ayer a los sindicatos representados en la Mesa de la Función Pública de la Administración autonómica que derogará el acuerdo aprobado hace 20 años que concedía a los sindicatos más representativos presencia en organismos como el Consejo Económico y Social o los consejos de las universidades públicas. Con esta decisión, el consejero deja sin líderes liberados a los sindicatos en la función pública. En total, son 90, pero Vela suprimirá además otros 107 funcionarios liberados, sobre un total de 731 en toda la Comunidad Valenciana.

Una medida que ahorrará, según el Consell, 6 millones de euros. Y que Vela pretende aumentar en otros 25 millones con la supresión de 704 puestos de trabajo entre vacantes que no se cubrirán, jubilación y denegaciones de prórrogas de la vida laboral tras cumplir 65 años.

Los 90 liberados sindicales del denominado cupo institucional son, en su inmensa mayoría, los máximos responsables de los sindicatos de función pública, que ahora tendrán que volver a ocupar sus puestos de trabajo.

Vela aseguró ante los representantes sindicales que el recorte de liberados viene forzado por los graves problemas financieros que atraviesa la Generalitat. Las entidades financieras exigen un severo recorte en función pública, vino a decir, según varios sindicalistas presentes.

Los números de los sindicatos son otros muy distintos. El ahorro sería de seis millones si todos los liberados que volverán a sus plazas de trabajo fueran del grupo A, la máxima categoría en la Administración autonómica. Pero no es ese el caso.

Un representante del STEPV recordó que la Generalitat emplea a 140.000 trabajadores en 5.000 centros de trabajo, de modo que el número de liberados está muy ajustado a las necesidades de la negociación.José Manuel Vela anunció ante la Mesa de Función Pública que amortizará de forma inmediata 704 puestos de trabajo de empleados públicos que se jubilarán este año. El consejero explicó que no concederá ninguna prolongación hasta los 70 años a ningún funcionario que lo solicite, una medida que fue bien acogida por los sindicatos.

Luis Lozano, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, el sindicato con mayor representación en la Administración autonómica, recriminó a Vela que es responsable directo de la ruina financiera que sufre la Generalitat puesto que ha ocupado el cargo de director general de Presupuestos y posteriormente de secretario autonómico del mismo departamento durante los últimos 14 años. "Usted ha autorizado los gastos asociados a la visita del Papa a Valencia, los pagos a la trama Gürtel, los sobrecostes de las construcciones de Calatrava o los contratos de la fórmula 1 con Bernie Ecclestone, de modo que no cargue sobre nosotros los problemas financieros que sufre la Generalitat", dijo Lozano en la mesa.

El dirigente sindical expresó la voluntad de la UGT por contribuir a paliar los problemas económicos de la Generalitat, pero denunció que el consejero pretende laminar a los representantes de los trabajadores en las instituciones y empresas públicas para privatizar sin presiones todo lo que pueda.

Más aún, Lozano retó a Vela a fijar "un suelo de gasto público" en contraposición al límite de gasto público que han pactado el PSOE y el PP y que han introducido en la Constitución a través de una reforma de urgencia de la Carta Magna.

Vela se mostró sorprendido por la propuesta pero, desde luego, evitó comprometerse.

Juan Cruz, secretario general de la Federación de Servicios de la Administración Pública de CC OO, se expresó en términos similares. Cruz mostró la disposición de CC OO a "paliar en la medida de lo posible" el agujero financiero que sufre la Generalitat. Asumió incluso la necesidad de recortar el número de liberados, pero consideró "extremadamente dura" el recorte de 197 liberados, entre ellos toda la estructura de cargos de los grandes sindicatos de función pública. Pero denunció abiertamente la amortización de 704 plazas de funcionarios, en detrimento de la calidad del servicio.

Vicent Mauri, de Intersindical Valenciana STEPV, coincidió en el diagnóstico. "El Consell ofrece un recorte de liberados sindicales para salvar la cara pero lo más grave es la amortización precipitada de 704 puestos de trabajo de función pública sin ningún criterio", comentó Mauri. "Van a despedir al 5% de los empleados de los funcionarios de la Administración general de la Generalitat y no van a lograr ningún ahorro, la inmensa mayoría de los puestos de trabajo que ocupan los liberados sindicales nunca fueron cubiertos. El Consell solo persigue desvertebrar el papel de los sindicatos en la Administración autonómica para dejar las manos libres a Mariano Rajoy, si efectivamente llega a la presidencia del Gobierno, para privatizar todo".