El Consell no atiende al 43% de los dependientes con derecho a recibir ayuda

Hay 64.916 valencianos que han pasado por el largo y tedioso trámite de solicitar, enfrentarse al papeleo y ver reconocido su derecho a recibir las ayudas que ofrece la ley de la Dependencia (el dictamen de grado y nivel).

Pero no todos ellos reciben la prestación o los servicios que les corresponden (una plaza en una residencia, ayuda a domicilio, el acompañamiento de un asistente personal). El atasco en la aprobación de las ayudas que necesitan (el Plan Individualizado de Atención, el último trámite del proceso, que no debería durar más de tres meses y puede alargarse más de un año) se traduce en que la Generalitat no atiende a un 43% de dependientes con derecho a recibir ayuda (27.989 personas).

Solo Canarias arroja unas cifras peores a las de la Comunidad Valenciana, con un 58,5% de personas a la espera de recibir atención. La media nacional se sitúa en torno al 25%, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Política Social del 1 de enero.

La situación en el territorio valenciano es mala, pero este enorme embudo podría agravarse a corto plazo. A partir del pasado 1 de enero se abrió la puerta de la cobertura que ofrece el sistema de Dependencia a un nuevo grupo de personas: los afectados por un grado de dependencia moderada (grado 1 nivel 2). La ley fijó unos plazos para la concesión progresiva de ayudas y la consolidación gradual del sistema. Mientras el año pasado no hubo cambios, a partir de 2011 está previsto que se extiendan las ayudas a más ciudadanos. Ello supone mayor gasto, por lo que es probable que aumente la cifra de personas que, pese a tener derecho a la cobertura que establece la ley, no sean atendidos, como advierte la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. Esta entidad, en su último informe elaborado en diciembre suspendió a la Comunidad Valenciana con una puntuación de 2 en la aplicación de la ley. La media en España es de 5,6.El VI dictámen del Observatorio de la Dependencia, presentado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en diciembre del año pasado, ya insistió en los problemas que padece la Comunidad Valenciana por el elevado número de personas que permanecen en el limbo de la Dependencia. Y destacó que Canarias junto a la Comunidad Valenciana son las autonomías donde es "más preocupante esta situación".

Todos estos retrasos -y el que probablemente se añadirá por el aumento de las personas a atender a partir de este mes- tendrán efectos negativos, insiste esta entidad, presidida por José Manuel Ramírez, "ya que muchas de estas personas, por su edad o circunstancia tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el tiempo en el que está retrasándose la percepción del servicio o prestación a la que tienen derecho".

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad prepara un informe sobre el estado del sistema de Dependencia y el desarrollo de la ley, que presentará a finales de enero o principios de febrero, en el que se incorporarán más datos e incluirá, entre otros aspectos, la opinión de los dependientes sobre el grado de satisfacción del servicio o prestación que recibe.

Calidad

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social admitieron ayer que hay un atasco en la concesión de ayudas a personas que tienen reconocido el derecho a percibirlas. Pese a las cifras que arrojan los informes oficiales, desde el departamento que dirige Angélica Such se destacó que el 57% de personas que sí se se atienden cuentan con un grado de calidad y especialización en sus cuidados superiores a la media española. "El 37% de todas estas personas acuden a residencias o centros de día, una tasa superior a la de la media estatal, que es del 20%". A ello, las mismas fuentes añaden que hay 5.000 dependientes a los que se asiste mediante ayuda a domicilio, un recurso "que no figura en la estadística de la Dependencia".

Para el secretario de Políticas de Bienestar Social y Sanidad del PSPV, José Mayans, los datos de la atención a dependientes indican que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps,

"ocupa el primer puesto del ránking de la crueldad con su boicot a la Dependencia". "Ya no quedan calificativos para definir la abominable política que lleva a cabo la consellera de Bienestar Social, Angélica Such", comentó.