Castellón expone otra vez el PGOU de 2000 anulado por el Supremo

El Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer el inicio del trámite de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castellón, aprobado por las administraciones local y autonómica en el año 2000 y anulado por Tribunal Supremo en diciembre de 2008. De esta manera, el Ayuntamiento acata la sentencia, que exige retrotraerse al momento en el que dejó de aplicarse la fórmula legal de participación, ya que se expuso al público en una ocasión pero no con las modificaciones con las que posteriormente fue aprobado.

Aún así, el PP se empecinó ayer en negar la anulación, pese a que el PGOU tendrá que volver a ser aprobado tras el trámite de exposición al público. El PSPV votó en contra de iniciar la exposición pública, después de seis meses exigiendo que se acatara el fallo, al considerar que ésta se debería prolongar por tres meses y no uno, plazo concedido para la presentación de alegaciones.

El PSPV exige que la exposición al público dure tres meses y no solo uno

Durante el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Castellón, el PP hizo caso omiso a la petición del PSPV de admitir "aunque solo sea por esta vez", que "lo hicieron mal", tal como dijo el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Mario Edo, quien se dirigió al alcalde, Alberto Fabra, que ostentaba la responsabilidad de Urbanismo cuando el plan fue aprobado. Al contrario, el vicealcalde, Javier Moliner, insistió en que se trata únicamente del "cumplimiento de una cuestión formal" y reiteró que el plan "no está anulado" porque la sentencia del Supremo no utiliza esas palabras.

Ante la acusación de la paralización que ha supuesto la actitud "obcecada" y "empecinada" del equipo de gobierno municipal, por no haber asumido antes el fallo, el vicealcalde argumentó que se han concedido un centenar de licencias pero no respondió al reproche del edil del Bloc, Enric Nomdedéu, de que todas ellas han sido licencias menores.

El concejal del Bloc también planteó otra cuestión para la que no obtuvo respuesta y es que, según consideró, el acatamiento de la sentencia no se ha realizado hasta ahora ya que, de haberlo hecho antes, el plan vigente sería el aprobado en 1984, que declaraba el parque Ribalta como zona verde, norma con la cual el Ayuntamiento de Castellón no hubiera podido autorizar las obras para la puesta en marcha del trolebús que atraviesa este jardín.