Camps insiste en trasladar su caso al Supremo para evitar al jurado

La defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho por haber aceptado supuestamente 14.000 euros en regalos de la trama Gürtel, utilizó ayer sus últimos cartuchos para intentar, si no evitar el juicio, lo que ya es imposible, retrasarlo forzando que el órgano de enjuiciamiento sea el Tribunal Supremo en vez de un tribunal del jurado integrado por nueve ciudadanos. El magistrado Juan Climent presidió ayer la vista sobre las cuestiones previas al juicio. Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano informó de que el juez resolverá las peticiones esta semana en un auto, pero que en el mismo no se señalará la fecha del juicio. Esta figurará en la siguiente resolución, llamada auto de hechos justiciables, que según la portavoz podría conocerse a finales de esta semana o principios de la siguiente.

El letrado de Camps argumentó en la vista, como ya había hecho por escrito, que en caso de que su cliente hubiese cometido el delito este habría tenido lugar en Madrid, por lo que en aplicación del Estatuto de Autonomía valenciano el órgano competente para conocer el caso sería la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El abogado de Ricardo Costa, ex secretario general del PP regional y diputado autonómico, imputado junto a Camps por cohecho pasivo impropio, alegó que al no haber formado nunca parte del Gobierno valenciano no debería ser considerado "funcionario", sino "autoridad", y que por lo tanto no debería ser juzgado por un jurado sino por magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ valenciano.

El ministerio público y la acusación socialista se opusieron a las pretensiones de los acusados. Camps debe ser juzgado en Valencia, mantuvieron, porque fue aquí donde recibió las prendas de vestir remitidas por las tiendas Milano y Forever Young y abonadas por la trama mafiosa. Así consta en las sucesivas declaraciones del sastre José Tomás y así lo admitió el propio Camps ante el juez en relación con los únicos cuatro trajes que ha aceptado que llegaron a sus manos, aunque según su versión los devolvió porque no le sentaban bien. Tampoco Costa debería escapar del jurado, señalaron las acusaciones, porque el término "funcionario público en el ejercicio de su cargo" que emplea la ley engloba también la figura de "autoridad".

Los otros dos imputados en el llamado caso de los trajes, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, ya fueron condenados en septiembre tras aceptar los hechos de los que se les acusaba. Camps dimitió en julio después de que el juez José Flors dictase la apertura de juicio oral. Costa, que fue defenestrado como secretario general del PP valenciano por orden de la dirección nacional del partido en 2009, está también imputado por financiación ilegal (técnicamente, delito electoral) y falsificación mercantil, con motivo igualmente de sus estrechas relaciones con la trama.