Anulado el PGOU de Castellón por infringir la ley estatal del suelo

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castellón por parte de la Generalitat en marzo de 2000 porque el Ayuntamiento obvió un nuevo trámite de información pública que recogiese las modificaciones al documento inicial. El tribunal ordena la retroacción del procedimiento al momento posterior a la aprobación provisional para que se cumpla la ley y se exponga el plan al público.

El vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, aseguró ayer que el Ayuntamiento "pondrá la maquinaria municipal al servicio de la situación para acatar la sentencia y poder tener en vigor el PGOU en el más breve periodo de tiempo". El TS anula la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, que desestimó el recurso de tres vecinas de Castellón contra la aprobación definitiva de la revisión del PGOU. Estas alegaron que la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) incumplía la Constitución. El Supremo considera que "la regulación establecida en la LRAU no garantiza la participación pública en el proceso de planeamiento, que es lo exigido de manera inequívoca" en un artículo de la Ley del Suelo de 1998. Por ello, "la sentencia recurrida ha infringido esta norma básica precisamente por no haberla aplicado ni tomado siquiera en consideración", reprocha el alto tribunal al TSJ.

El Ayuntamiento se siente "víctima" porque aplicó la norma valenciana

Moliner consideró al Ayuntamiento "víctima" de un "defecto de forma" provocado por la "colisión legislativa entre la LRAU y la Ley Estatal del Suelo de 1998". A su juicio, "la jurisprudencia que sienta esta sentencia es preocupante para todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, ya que toda actuación urbanística entre 1994 y 2006 queda colgada de un hilo".

Moliner defendió que el Ayuntamiento "cumplió escrupulosamente todos los preceptos de la legislación" y que, "según la LRAU, no había necesidad de una nueva exposición al público de los cambios introducidos antes de la aprobación definitiva". El vicealcalde se refirió también a un voto particular emitido por una de las magistradas del alto tribunal, "en el que asegura que la cuestión de inconstitucionalidad de una ley no le corresponden dirimirla al Supremo". El vicealcalde señaló que, tras la sentencia, permanece vigente el PGOU de 1984, y afirmó que "la aprobación de licencias urbanísticas continuará adelante, con las reservas legales respecto a su validez, ya que estarán supeditadas a la aprobación definitiva del PGOU de 2000". Moliner no descartó recurrir el fallo al Constitucional.

El portavoz del grupo socialista, Juan María Calles, consideró la sentencia "un revés jurídico sin precedentes en el urbanismo español" y pidió responsabilidades políticas al PP en el Consistorio. El gobierno popular, aseguró Calles, "ha generado un caos sin precedentes en la unidad urbana de Castellón" y ahora "los planes urbanísticos como los del Puerto, el PAI Sensal, Parc Castelló o el Paraje del Molí de la Fonf no se sabe si están bien informados o no". También recordó que el TSJ anuló recientemente el PAI del Mestret, y acusó al PP de "malas prácticas urbanísticas".