La seguridad ciudadana debe ser un tema central de la Cumbre de las Américas de 2025

El mes pasado, representantes de todo el hemisferio occidental se reunieron en la República Dominicana para conmemorar el 30º aniversario de la Cumbre de las Américas, un hito que invita a reflexionar sobre la evolución de la cooperación hemisférica en las tres últimas décadas.

La primera Cumbre se celebró en un momento de colaboración, en el que los países trabajaban para alcanzar objetivos comunes en una época de optimismo y relativa unidad. En la actualidad, el panorama es sorprendentemente distinto. El hemisferio está cada vez más dividido y los países luchan por encontrar un terreno común en medio de una creciente polarización.

Mientras se planifica la Cumbre de diciembre de 2025, los líderes deben desarrollar una agenda basada en temas que resuenen en todas las Américas. Abordar la inseguridad ciudadana —un reto acuciante y transnacional que exige una respuesta coordinada y regional— debe ocupar un lugar prioritario en la agenda.

Las estadísticas dibujan un panorama desolador. América Latina y el Caribe tienen las tasas regionales de homicidio más altas del mundo, y más de la mitad de estas muertes están relacionadas con el crimen organizado. Uno de cada cinco ciudadanos de la región califica la inseguridad como su principal preocupación, y casi una cuarta parte afirma haber sido víctima de un delito en el último año. El coste humano es asombroso, y los jóvenes, las mujeres y las comunidades marginadas se llevan la peor parte de la violencia. En la actualidad, una de cada cuatro mujeres de la región ha sufrido violencia de género, y se produce un feminicidio cada dos horas.

La delincuencia también es una de las principales preocupaciones en Estados Unidos, con una proporción cada vez mayor de ciudadanos estadounidenses —casi el 60%— que la citan como una de las principales prioridades de la Administración entrante de Donald Trump.

Además del devastador impacto en la calidad de vida, la inseguridad ciudadana tiene un efecto corrosivo en el desarrollo económico, ayuda a alimentar la crisis migratoria en todo el hemisferio y contribuye a la crisis de confianza en la democracia.

La delincuencia disuade la inversión, perturba el turismo y agota los recursos públicos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la delincuencia cuesta a los países de América Latina y el Caribe el 3,5% de su PIB. Junto con los desastres naturales, la victimización por delincuencia es un factor predictivo del deseo de emigrar del país de origen. En Centroamérica, por ejemplo, los que han sufrido un delito o la victimización de alguien cercano tienen 1,5 veces más probabilidades de considerar la posibilidad de emigrar, y el dramático aumento de la violencia en Ecuador ha sido un factor en el aumento de la emigración del país.

Quizá lo más preocupante sea cómo la inseguridad persistente socava la gobernanza democrática. Solo tres de cada cinco personas creen que la democracia es la mejor forma de gobierno, y solo dos de cada cinco están satisfechas con su rendimiento, en parte porque los gobiernos no han sido capaces de proporcionar una seguridad básica. Cuando la gente se siente insegura, se vuelve más receptiva a respuestas militarizadas y de mano dura que erosionan los principios democráticos. Esto crea un ciclo peligroso: las instituciones democráticas debilitadas luchan por hacer frente a los problemas de seguridad, lo que disminuye aún más la confianza pública.

La próxima Cumbre de las Américas brinda la oportunidad de crear un marco global que tienda un puente entre dos conversaciones a menudo separadas: abordar las causas profundas de la delincuencia y reforzar la capacidad de las instituciones policiales y judiciales. Para lograrlo se requiere la colaboración de todos los sectores: gobiernos, sociedad civil, sector privado y organizaciones multilaterales.

En cuanto a la aplicación de la ley, la cooperación regional a través de un mayor intercambio de información, iniciativas conjuntas de seguridad y esfuerzos coordinados de aplicación de la ley puede proporcionar el andamiaje para una arquitectura de seguridad hemisférica. Trabajando juntos, los países pueden desarticular mejor las redes delictivas, mejorar la recogida de información y reducir los flujos ilícitos de armas y drogas que alimentan la violencia.

Sin embargo, la aplicación de la ley por sí sola no puede resolver esta crisis. El progreso sostenible exige políticas que aborden los factores socioeconómicos que impulsan la delincuencia, como la pobreza, la desigualdad, la educación limitada y la exclusión social. Un enfoque equilibrado que combine la actuación policial profesional con programas sociales, oportunidades económicas e intervenciones basadas en la comunidad puede producir resultados duraderos. La Cumbre puede facilitar el intercambio de estas prácticas basadas en pruebas y, al mismo tiempo, conseguir apoyo político para soluciones integrales.

Al impulsar este doble marco de cooperación institucional e inversión social, la Cumbre puede contribuir a sentar las bases de sociedades más seguras e inclusivas en todas las Américas. Y lo que es más importante, reunir a los países para abordar este desafío compartido puede comenzar a reconstruir el espíritu de cooperación hemisférica que inspiró el proceso de las Cumbres hace tres décadas. La seguridad de nuestros ciudadanos —y la estabilidad de nuestras instituciones democráticas— depende de nuestra capacidad para actuar juntos.