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El crimen y la violencia debilitan la credibilidad en la democracia en América Latina

Líderes políticos y civiles demandan una mayor colaboración trasnacional para abordar la inseguridad y el tráfico de drogas y personas en la región más violenta del planeta

Guayaquil, Ecuador
Policías vigilan un barrio mientras residentes asoman por el marco de su puerta, en enero de 2024 en Guayaquil (Ecuador).Iván Alvarado (Reuters)

América Latina es la región más violenta de todo el mundo. Tiene más homicidios que cualquier otra en el planeta. La inseguridad que se vive en estos países ha provocado una crisis de confianza en la democracia que se puede medir en números. Si en 2017 un 56% de la población reconocía la democracia como la mejor forma de gobierno, en 2023 solo lo hacía el 48%. Por el contrario, la confianza en un sistema autoritario ha subido del 12% al 17%, según el Latinobarómetro, índice que se usa para tomar el pulso a la población de la región. “Los ciudadanos no perciben los beneficios tangibles de la democracia”, afirmó este jueves el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en la XXVII Conferencia Anual de CAF- Banco de Ddesarrollo de América Latina y el Caribe . La inseguridad, la violencia y el crimen organizado protagonizaron el encuentro que reunió a líderes de los Gobiernos de la región y la sociedad civil en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington DC.

Abinader señaló la corrupción, la pérdida de confianza en los partidos políticos y la permanencia en el poder más allá de las reglas como los males que afectan al descrédito de las instituciones y puso de ejemplo a Venezuela “que combina los factores de concentración del poder y la persecución de la oposición y los medios de comunicación”.

En términos globales de la región, la inseguridad y la violencia son las principales causas de la desconfianza en la democracia entre la población. “Hoy sólo tres de cada cinco ciudadanos creen que la democracia es la mejor forma de gobierno, y sólo dos de cada cinco están satisfechos con el desempeño de la democracia, en gran parte porque no ha cubierto sus necesidades más básicas, incluida la seguridad. No debería sorprendernos que la gente pierda la fe en la democracia cuando no pueden enviar a sus hijos a la escuela de forma segura”, subrayó Rebecca Bill Chávez, presidenta y CEO del Diálogo Interamericano, coanfitrión del evento.

El presidente del CAF, Sergio Díaz-Granados, subrayó la creciente relevancia de la comunidad latina en Estados Unidos y reconoció la necesidad de trabajar “hombro con hombro” con Washington para luchar contra el crimen organizado, que es cada vez más trasnacional.

Uno de cada tres homicidios que suceden en el mundo tiene lugar en América Latina, a pesar de que solo aloja a una décima parte de la población, y un 23% de las empresas han declarado pérdidas por robo y vandalismo, un promedio por encima del mundial, que es del 14%. “El crimen está teniendo un impacto enorme en nuestra región en términos sociales y económicos”, afirmó Emilio Pineda, director para instituciones del sector de Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina, quien destacó que ha habido una evolución rápida, hacia un crimen más sofisticado y “que va mucho más allá que solo el trasiego de drogas a nivel internacional”. Pineda denunció que muchas bandas criminales de la región proveen a la población con servicios sociales, suplantando al Estado en esa función.

La violencia y la inseguridad que azotan a la región han llevado a millones de personas a huir de sus países y buscar lugares más seguros, la mayoría de las veces esperando llegar a Estados Unidos, lo que ha provocado una crisis migratoria. Una de las rutas más utilizadas es el peligroso paso por la selva de Darién. El año pasado 529.000 personas se jugaron la vida para atravesarla y este año ya lo han hecho 242.000. El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, explicó cómo dividen en dos filas a los que llegan: “En la fila de la derecha van las personas de bien, padres, madres, hijos, familias…, en la otra fila se sitúan personas que a simple vista podemos catalogar como delincuentes o miembros de algún tipo de organización criminal”.

Ábrego, que reconoció que el sistema puede sonar “discriminatorio”, puntualizó que usan las huellas biométricas y la información obtenida por la colaboración con Estados Unidos y la Interpol para identificarlos. Sin embargo, dado el gran número de personas que están llegando, reconoció que “no hay forma tecnológica ni humana de poder certificar realmente quienes son estas personas porque cruzan sin documentación.”

El ministro panameño informó que les consta que el cártel del Golfo ofrece en las redes sociales el cruce por la selva a personas que están fuera del continente, como Egipto y China. Este año han detectado unas 25.000 personas de origen chino y anunció que hoy viernes estarán deportando a 115 personas de origen indio que entraron ilegalmente al país y que mandarán a Nueva Delhi en un vuelo chárter pagado por Estados Unidos. Subrayó el carácter trasnacional de las organizaciones criminales, con ramificaciones en Chile, Brasil o Paraguay.

La magnitud y expansión de estas redes son los que llevan a la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson, fundadora de Dinámica Américas, a llamar a estos carteles “corporaciones”. Jacobson explica que antes, cuando se extraditaba o desaparecía el jefe de un cartel, éstos se fragmentaban, dando lugar a pequeños grupos. En los últimos 15 años, sin embargo, el modelo ha cambiado, con el ejemplo de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que es “como una franquicia de Papa John’s. ‘Si usted gestiona un cartel en una zona y el CJNG quiere entrar, puede seguir con su negocio, pero trabajando para nosotros. Y si no quiere, vamos a matarlo a usted y a toda su familia’. Se permite que todos los carteles tengan alcance mayor del nacional”. Jacobson mantuvo que ya no se puede culpar a los países productores, o a los consumidores, pues el problema es demasiado grande y “cualquiera de nuestras diferencias los beneficia a ellos”.

Además de las consecuencias sociales, la delincuencia organizada trasnacional tiene otras económicas y se estima que resta un 3,5% al PIB de la región. El ministro de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, señaló que la violencia, la corrupción y el lavado de activos están conectados transversalmente y que el dinero es único fin. “En la medida que no construyamos una capacidad hemisférica, un plan de acción, vamos a tener una proliferación de actividades cada vez más violentas por la disputa de territorios de estas organizaciones”, vaticinó.

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