El Congreso aprueba la ‘ley trans’ y la reforma del aborto

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente la reforma de la ley del aborto y la primera ley trans de la democracia. La reforma de la legislación sobre el aborto llega justo cuando el modelo de plazos acaba de recibir el aval del Tribunal Constitucional —13 años después de que el PP recurriera la norma—, y ahora amplía su alcance. Ha obtenido luz verde por 185 votos a favor —los de PSOE,...

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente la reforma de la ley del aborto y la primera ley trans de la democracia. La reforma de la legislación sobre el aborto llega justo cuando el modelo de plazos acaba de recibir el aval del Tribunal Constitucional —13 años después de que el PP recurriera la norma—, y ahora amplía su alcance. Ha obtenido luz verde por 185 votos a favor —los de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, CUP, EH Bildu y Más País—, 154 en contra —PP, Vox, CS y un diputado del PDeCAT— y tres abstenciones (PDeCAT). La ley trans fue aprobada tras las votaciones de las enmiendas que salieron del Senado la pasada semana; el segundo bloque por 191 a favor —PSOE, UP, ERC, Ciudadanos, el Grupo Plural, PNV, CUP y Coalición Canaria—, 60 en contra —VOX, Bildu, UPN y Pablo Cambronero (CS)—, y 61 abstenciones —PP, PRC, Foro y Carmen Calvo—.

La norma, que incorpora el principio de la libre autodeterminación de género, ha supuesto la mayor fractura del movimiento feminista, también entre los socios de coalición y dentro del propio PSOE. La oposición más visible entre los socialistas es la de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, que este jueves se ha abstenido en la votación, como ya hizo el pasado diciembre cuando la norma llegó por primera vez al Congreso y salió aprobada con los votos en contra de PP, Vox y Cs. En la sesión de hoy sólo se sometían a votación las enmiendas del Senado.

Las dos normas han seguido caminos distintos hasta su aprobación. Ambos turbulentos, a pesar de que, según las encuestas, la mayoría de la población respalda la necesidad de otorgar derechos al colectivo LGTBIQ y apoya el modelo de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sostenido en la tribuna del Congreso que la votación de hoy no es el punto final. “Soy consciente de que el camino no acaba aquí, que no hemos conseguido incorporar las realidades no binarias, las personas trans inmigrantes y otras que descubriremos avanzando. Hemos dado el paso de gigante tan grande como hemos podido”, ha dicho sobre la ley trans. “Va a haber resistencias a la aplicación de esta ley, como las hay y las ha habido con todas las leyes feministas. Toca trabajar para garantizar que, cuando entre en vigor, en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para la interrupción voluntaria del embarazo, respetando la objeción de conciencia”, ha afirmado sobre la reforma del aborto.

La ambigüedad de la derecha sobre el aborto. A medida que se acercaba la aprobación de la reforma, la derecha y la extrema derecha han alimentado la polémica en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Finalmente, y justo en vísperas de la decisión del Constitucional que avaló la ley de 2010, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su partido respaldaba el modelo de plazos (el mismo que recurrió hace 13 años); pero las críticas del sector más duro de la derecha le han llevado después a titubear sobre la cuestión de si el aborto es o no un derecho; el titubeo ha acabado con esta afirmación de Feijóo: es un derecho, pero no fundamental.

Unas declaraciones que durante el pleno le han valido la acusación de “traición” por parte de Vox y también el recordatorio de varios diputados sobre el debate cerrado que para la sociedad supone el aborto. “La sociedad española lo tiene claro: el aborto es un derecho y no se toca, dejen a las mujeres en paz”, concluía su intervención, aplaudida por Montero, Íñigo Errejón, líder de Más País.

La tirantez, entre Vox y el PP y también con el bloque de izquierdas, ya se dio hace apenas un mes, cuando el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León y líder autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, anunció un protocolo antiabortista que quedó finalmente en nada, pero con el que la extrema derecha intentó volver a abrir el debate social. Eso provocó que en el Senado el PSOE introdujera una enmienda en la reforma legal para enfatizar algo que la ley ya recogía: el veto a cualquier medida de coacción a las mujeres que obstaculice su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

La reforma del aborto establece que las administraciones deberán organizar los recursos de la sanidad pública para garantizar la práctica de abortos (en la actualidad más del 80% se practican en la red privada), introduce la educación sexual en todas las etapas de la enseñanza obligatoria, incorpora la salud menstrual como derecho y permisos laborales para las reglas dolorosas, y devuelve la capacidad de decidir de forma autónoma sobre su embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años y a aquellas con alguna discapacidad. También elimina la obligatoriedad de proporcionar a la embarazada información sobre las ayudas a la maternidad y suprime los tres días que hasta ahora debía esperar la mujer para “reflexionar” antes de dar por definitiva su decisión.

División en el Gobierno por la ley trans. En torno a la ley trans, la cuestión ha sido más compleja. Ninguna norma ha provocado más tensión y mayor ruptura en el Parlamento, entre los socios de coalición, dentro del propio PSOE y en el movimiento feminista, donde una parte ha llegado a escindirse por ser contraria a esta legislación. Un rechazo que se ha sumado en el tiempo a la mayor crisis sufrida por el Ejecutivo: la derivada de las rebajas de penas a agresores sexuales motivadas por la entrada en vigor de la ley de libertad sexual o del solo sí es sí.

Han insistido en ello durante el pleno la derecha y la extrema derecha. “Una ley lesiva”, “un nuevo solo sí es sí”, ha augurado la popular María Jesús Moro, tendiendo la mano al PSOE para que no votase a favor de la norma y negociar otra. “Tenemos un convencimiento sincero y honesto de lo dañino y perverso de esa ley. Si Dios quiere, la derogaremos muy pronto”, lanzaba María Ruiz, de Vox.

Desde la izquierda, la defensa de la norma ha sido cerrada. Al PP le ha respondido en su discurso la socialista Raquel Pedraja: “Son el partido del no, del no a los avances de los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, de los trabajadores y trabajadoras... Para los que tienen recursos, siempre es sí”, ha lamentado, antes de sentenciar que, “con esta ley, España es un país mejor”. Pedraja ha reivindicado la labor del PSOE, “que es el partido de los derechos sociales, de los grandes avances sociales”. Maria Carvalho, de ERC, ha afirmado con emoción que durante décadas las personas trans han estado “ocultas”. Y María del Mar García Puig, de Unidas Podemos, ha recordado el asesinato, la semana pasada, de una mujer trans en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

“Avance histórico”

También en la tribuna ha estado presente esa emoción. Desde allí han seguido la sesión algunas activistas históricas del movimiento LGTBI. “Hoy, tras dos años indescriptibles de luchas, donde nos dejamos la piel por el camino, volvemos a hacer historia con la aprobación de una ley justa, necesaria y de razón, porque siempre estuvimos en el lado correcto de la historia”, ha dicho Carla Antonelli, que fue la primera diputada trans en España y que abandonó el PSOE el pasado octubre, como consecuencia de esa división que generó la tramitación de la ley en el partido al que había estado vinculada desde hacía décadas.

En el pleno también ha estado Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTBI): “Hoy celebramos un avance histórico”, ha afirmado. La ministra de Igualdad ha iniciado su discurso mirando hacia ellas y dándoles las gracias: “Nos dijeron que era imposible y hoy es ley. Llenad de orgullo las calles de nuestro país. Nunca un país sin vosotras, vosotros y vosotres”.

La ley trans tiene precisamente como eje el elemento que ha generado la fractura del movimiento feminista: la libre autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad. Un cambio que se contempla a partir de los 12 años, por tramos de edad: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de los representantes legales del adolescente, y entre los 12 y 14 con autorización judicial.

La norma incluye además, y entre otras cuestiones, la prohibición de las terapias de conversión, incluso cuando cuenten con el consentimiento de la persona interesada o de sus representantes legales; el acceso a técnicas de reproducción asistida dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para las mujeres lesbianas, bisexuales y aquellas sin pareja, que fue excluido hace siete años; y la filiación de los bebés para parejas de lesbianas que no estén casadas (hasta ahora, o bien tenían que casarse, o bien una de las mujeres era la madre biológica y la otra tenía que adoptar, igual que sucede en las parejas de hombres homosexuales).

A pesar de todos los cismas, internos y externos, el Gobierno ha cumplido, con la votación de este jueves, su objetivo de aprobar ambas leyes antes de acabar la legislatura.