El Congreso aprueba la reforma de la ley del aborto

La sanidad pública como referencia para la interrupción voluntaria del embarazo, la garantía de una educación sexual para todas las etapas de la enseñanza obligatoria, la incorporación de la salud menstrual como derecho y la devolución de la capacidad para decidir de forma autónoma si quieren o no abortar a las mujeres de 16 y 17 años y a aquellas con alguna discapacidad. A estas, entre otras cuestiones, ha dicho s...

La sanidad pública como referencia para la interrupción voluntaria del embarazo, la garantía de una educación sexual para todas las etapas de la enseñanza obligatoria, la incorporación de la salud menstrual como derecho y la devolución de la capacidad para decidir de forma autónoma si quieren o no abortar a las mujeres de 16 y 17 años y a aquellas con alguna discapacidad. A estas, entre otras cuestiones, ha dicho sí este jueves el Congreso de los Diputados en lo que será la tercera reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Con 190 votos a favor, 154 en contra y cinco abstenciones, esta normativa sale ya hacia el Senado donde, si no sucede ningún imprevisto, se dará la última aprobación; si no, el texto deberá volver al Congreso.

Este jueves, las intervenciones de los distintos grupos para defender las enmiendas que aún quedaban vivas han sido tranquilas y no han salido del carril de los discursos habituales de los partidos. Ningún debate bronco, a diferencia de otras sesiones en las que se ha tratado esta cuestión, como la de finales del pasado septiembre, cuando los parlamentarios de Vox pidieron la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, acusándola de hacer “apología de la pedofilia” después de que defendiera la necesidad de una educación sexual en la infancia. “Aprobemos ya la ley del aborto porque a estos fascistas se les para con derechos”, dijo entonces Montero. Hoy no ha habido cruce de insultos crudos ni barullo en el hemiciclo.

En la derecha, Vox se ha mantenido en su consideración del aborto como un “atentado contra la vida”, y el Partido Popular, posicionado en contra de las bajas por reglas incapacitantes, la retirada de los tres días de reflexión o de la entrega del sobre a las mujeres que van a interrumpir el embarazo con información sobre ayudas a la maternidad, y la devolución de la autonomía para decidir a las mujeres de 16 y 17 años. Estos últimos, tres requisitos que los populares metieron en su cambio de esta ley en 2015.

En la izquierda, la defensa de esta modificación ha sido unánime. “Esta ley, es importante decirlo, es un ejemplo de la fuerza de la democracia, de cómo la organización popular, el movimiento feminista, impulsa derechos que hacen avanzar a nuestro país”, ha dicho Montero durante su intervención para defender las enmiendas que aún mantenían distintos grupos.

Esta última reforma en el derecho al aborto propuesta ahora por el Gobierno de coalición, cuyo cálculo económico se fijó en 104 millones de euros en el texto del anteproyecto, lo que no ha tocado son los plazos, como ya se avanzó desde el comienzo. Es decir, que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación y, a partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas, como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.

El paso adelante en este ámbito es que supone una cobertura más amplia del derecho, sobre todo por dos cuestiones. Por un lado, por el objetivo de estructurarlo a través de la red sanitaria pública, para lo que las comunidades autónomas deberán reorganizar sus recursos para que todas las mujeres puedan hacerlo en un centro público, al menos en las capitales de provincia, y también para crear el registro de objetores de conciencia. Y por otro, por la recuperación de esa decisión autónoma de las mujeres de 16 y 17 años (que incluía la norma de 2010 para determinados supuestos), que con ello también equipara la edad para interrumpir el embarazo a la edad clínica de toma de decisiones médicas y a la de consentimiento sexual.

La norma, además, plasma otros avances y cambios, como recoger en el texto la salud menstrual como parte del derecho a la salud; la eliminación de los tres días de reflexión o el sobre que se entrega a las mujeres con información sobre maternidad y ayudas; un permiso remunerado antes del parto, desde la semana 36 y hasta el momento del nacimiento; o el reparto gratuito de productos de higiene menstrual en centros educativos, servicios sociales para mujeres en riesgo de exclusión social y las prisiones.

También las bajas de tres días bajo supervisión médica —con capacidad de ampliar a cinco, para quienes tengan reglas incapacitantes—, una novedad que ha visto la oposición de la derecha en el hemiciclo. María Teresa Angulo, del PP, ha afirmado que con esta norma “las mujeres retrocedemos en avances” y ha recordado que también el Consejo General del Poder Judicial —que tras meses de retraso emitió su propuesta de informe la pasada semana y será analizada el próximo jueves 22 de diciembre—, disiente tanto de estos permisos laborales como de otras cuestiones.

Las objeciones de los jueces

El CGPJ, en su propuesta de informe, señala que en general la reforma procura reforzar las garantías de los procedimientos para hacer efectivo el derecho a la vida privada y, dentro de él, el derecho a la salud sexual y reproductiva, y que eso responde al cumplimiento de las obligaciones que tienen los poderes públicos para garantizar la efectividad de dicho derecho.

Pero también tiene objeciones. Por ejemplo, con la eliminación de los tres días de reflexión y la entrega de los sobres con folletos sobre ayudas a la maternidad, porque cree que es algo que no puede hacerse bajo el único pretexto del efecto “infantilizador” y que son necesarias para “la adopción de una decisión consciente y meditada”.

En cuanto a la devolución a los 16 años de la autonomía para decidir, la propuesta de informe señala que se trata de una opción del legislador que no contraviene las observaciones y recomendaciones internacionales ni la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y añade que el marco normativo vigente reconoce a las mayores de 16 años cumplidos un grado de madurez y autonomía suficiente para intervenir en la vida jurídica sin necesidad de la intervención de sus representantes legales. Aunque también ve que esto podría “dificultar” los deberes de la patria potestad de los progenitores y opina que está “igualmente justificada la validez del sistema actual”.

Creen que los conflictos eventuales que puedan ocurrir entre las menores y sus padres, se podrían resolver a través de un procedimiento que se incluyera en la norma y que permitiera conciliar los intereses y la voluntad de la menor con los deberes de los representantes legales.

Y, sobre las bajas, advierte de una ausencia de justificación para regular las bajas, cree que ya las ampara la legislación vigente y avisa de que podría existir un motivo de inconstitucionalidad. “Se debe recordar que el Tribunal Constitucional reiteradamente ha señalado que el presupuesto para que una diferenciación normativa sea legítima y constitucionalmente lícita debe ser objetiva y razonable, de modo que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida”, explica el texto.

Un recorrido siempre con obstáculos

Ni ahora ni antes esta legislación tuvo un camino fácil. Tras la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos, en 1985, hubo una primera reforma que supuso la despenalización total (hasta la semana 14) en la ley de plazos de 2010 y que el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional —un recurso aún no resuelto—, porque, arguyeron, vulneraba los derechos del no nacido. En 2014, los populares intentaron elaborar otra ley, la de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, que acabó en un cajón, con la movilización de miles de mujeres en toda España y con la salida del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a quien Mariano Rajoy había encargado la normativa.

El intento de la derecha por recortar el aborto no se quedó ahí, lo hizo un año después: limitó el derecho a las mujeres con discapacidad, elevó la edad para interrumpir el embarazo sin permiso de padres y madres de los 16 a los 18 años e introdujo los tres días de reflexión.

Este jueves, la ministra de Igualdad, al igual que otras parlamentarias como Susana Ros, del PSOE, o Sofía Castañón, de Podemos, han recordado al movimiento feminista, a la feminista histórica Justa Montero, a los colectivos que organizan cada año el 8 de marzo, y al llamado Tren de la Libertad —miles de mujeres que se manifestaron durante semanas contra los intentos de recortes sobre el aborto del PP en 2014— como parte esencial de los avances en materia de salud sexual y reproductiva.

En esta última reforma, la tercera, durante el periodo de enmiendas el pasado septiembre, PP y Vox presentaron una enmienda a la totalidad de la norma que pedía que la ley volviese de vuelta al Gobierno. Este jueves han vuelto a votar en contra. La mayoría de la cámara, sin embargo, ha dado luz verde a que la ley pase al que previsiblemente será el último escalón del trámite legislativo, el Senado.