El submarino S-80 Plus, del sobrepeso al sobreprecio
Defensa y Navantia pactan aumentar un 70% el presupuesto de los cuatro nuevos sumergibles hasta los 3.685 millones
Después de meses de tira y afloja, el Ministerio de Defensa y el astillero público Navantia han llegado a un acuerdo sobre el coste del futuro submarino de la Armada española, rebautizado con S-80 Plus tras alargarle la eslora en más de 10 metros para compensar su exceso de peso: serán 1.550 millones de euros (más una reserva de 100 millones para atender imprevistos), a sumar a los 2.135 del presuesto inicial, por cuatro sumergibles a recibir entre septiembre de 2022 y julio de 2027. Es decir, 3.685 millones de euros en total, un sobrecoste del 72,5% sobre lo previsto.
El acuerdo ya ha sido remitido al Consejo de Estado para que emita el correspondiente informe antes de que el Consejo de Ministros de luz verde a la modificación de la orden de ejecución. Este contrato es independiente del nuevo ciclo inversor anunciado por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para equipar a las Fuerzas Armadas españolas en los próximos 15 años, pues forma parte de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEAS) planeados en los años noventa, aunque distintas peripecias han demorado al menos una década la entrada en servicio de los S-80.
¿Es admisible un desvío de más del 70% en el coste de un submarino? Los expertos coinciden en que, dado el alto componente de Investigación y Desarrollo (I+D) que incoporpora el proyecto, tiene mucha más justificación que los abultados reformados de las grandes obras públicas y se remiten a los frecuentes sobrecostes de los sistemas de armas de países de la OTAN. En todo caso, nadie ha explicado este fuerte aumento de costes en el Parlamento ni mucho menos se han asumido responsabilidades.
Tras sucesivos retrasos, el gran fiasco vino en diciembre de 2012, con el reconocimiento de que se había producido un desvío de 125 toneladas en el peso del submarino, lo que afectaba a su flotabilidad y obligaba a rediseñarlo totalmente. Un error de este calibre no se habría producido si, de forma excesivamente voluntarista, Navantia no hubiera roto en 2010 su asociación con el astillero francés DCNS, con el que cofabricaba el submarino Scorpène. La empresa española había construido antes submarinos, pero nunca se había enfrentado al reto de diseñarlos en solitario. Además, el plan de prejubilaciones de 1999 descapitalizó la compañía, al prescindir de muchos ingenieros mayores de 50 años, precisamente los que tenían más experiencia.
Para sacar a flote el proyecto tras el divorcio traumático con los franceses (los dos exsocios acabaron en los tribunales), el Ministerio de Defensa tuvo que recurrir al apoyo técnico de EEUU: la firma Electric Boat, el mayor fabricante mundial de submarinos, supervisó la revisión crítica del proyecto, que en julio de 2016 superó su examen (CDR, por sus siglas en inglés). No fue un apoyo desinteresado: los estadounidenses cobraron 14 millones por su asesoramiento.
El Ministerio de Defensa ha renunciado a penalizar a Navantia por los retrasos. Alega que, al tratarse de una empresa pública, el dinero que entra por un bolsillo sale del otro, ambos del mismo pantalón. Sí se han discutido los márgenes de beneficio, para que equivocarse no acabe resultando un buen negocio.
Los 1.550 millones de sobreprecio suponen un techo de gasto que no tiene por qué agotarse, según las fuentes consultadas. Esta cantidad incluye 16 millones para adaptar los muelles de atraque de la base naval de Cartagena (que deben dragarse y alargarse), los dos simuladores (el de plataforma y el táctico) o la dotación de armamento. También, el sistema de propulsión independiente del aire (AIP), que le convertirá en el submarino no nuclear con mayor autonomía y discreción (capaz de navegar casi dos semanas sin salir a la superficie).
Dos firmas españolas, Técnicas Reunidas y Abengoa, compiten en la carrera por diseñar un sistema capaz de producir hidrógeno a partir de bioetanol. No solo se trata de producir el sistema AIP, sino de miniaturizarlo para su instalación a bordo. Tras varios fracasos, alguno muy sonado, la Armada está convencida de que ambos prototipos culminarán con éxito, aunque da por descontado que no llegarán a tiempo para la botadura de los dos primeros submarinos, por lo que se estrenará en el tercero de la serie y se instalará posteriormente en todos.
La demora del S-80 ha provocado, además, costes colaterales. A dos de los tres submarinos que quedan en servicio de la serie anterior (S-70), que ya deberían haberse dado de baja, se les ha prolongado la vida operativa mediante una gran carena (revisión exhaustiva) no prevista por el fabricante. En total, otros 86 millones de euros que, si hubiera nuevos retrasos, aumentarían hasta sumar 130.
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