Griñán recuerda que el Supremo no vio indicios de que cometiera malversación
El expresidente se sienta en el banquillo de los acusados del caso ERE por este delito
Tras los escritos de las acusaciones, este jueves es el turno de las defensas en la segunda sesión del juicio del caso ERE. El alegato del expresidente andaluz José Antonio Griñán ha recordado que el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro rechazó encausarle por malversación, y a pesar de ello sido procesado por este delito y hoy se sienta en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Sevilla.
“En 2015 el Supremo dijo que no se había acreditado que supiera que los fondos estaban destinados al lucro ilícito de terceras personas. Desde entonces, no se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de los fondos”, establece el escrito de defensa de Griñán, leído por el secretario del tribunal de la Audiencia. Tras esa resolución de Barreiro, la causa regresó a Sevilla y el instructor Álvaro Martín procesó a Griñán en mayo de 2016 por prevaricación, pero también por malversación, delito por el que afronta una petición de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación.
La segunda sesión del juicio ha consistido en un recordatorio de las tesis de las defensas, y ocho abogados han leído parte de sus escritos en la vista oral. El matiz diferente respecto a la primera sesión es que los letrados se han ofrecido a leer sus respectivos escritos, por lo que el secretario del tribunal se ha ahorrado la cansina lectura en voz alta durante más de cuatro horas.
“No se puede prejuzgar en este juicio si hubo o no fraude, ya que se debe establecer en las diferentes piezas [que se instruyen en el Juzgado 6 de Instrucción]”, incluye el escrito de Griñán. En paralelo, el expresidente andaluz ha subrayado el baile de cifras para cuantificar el fraude. Si la primera instructora Mercedes Alaya y su sucesor cifraron la partida destinada a las ayudas sociolaborales en 855 millones, la Fiscalía Anticorrupción la ha reducido a 741 millones [a pesar de que 26 millones no se gastaron, por lo que en tal caso serían 715, según el expresidente]. Para Griñán, los indicios recabados por el Tribunal de Cuentas, que investiga el caso en paralelo, sitúan el fraude en 80 millones entre las ayudas directas, las sobrecomisiones y el dinero pagado a los intrusos.
El Supremo entendió que Griñán, pero también su antecesor Manuel Chaves, desconocían que mediante este sistema se desviara dinero para el enriquecimiento de terceras personas (intrusos, sindicatos, aseguradoras y despachos de abogados), aunque sí vio indicios de una posible prevaricación administrativa, que es el cargo por el que Chaves está encausado. El escrito de este último también ha sido leído en sala esta mañana, y ha reiterado su desconocimiento generalizado sobre el fondo para empresas en crisis.
“Ni conoció, ni pudo conocer, las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de ayudas sociolaborales (…) Desconocía los procedimientos concretos a través de los que se tramitaban los ERE. Nadie le advirtió de las supuestas irregularidades y el interventor general tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación", reza el escrito de Chaves.
A continuación, el abogado del exconsejero Antonio Fernández ha atacado las tesis de la acusación por su falta de rigor, además de abrir el foco a modo de reflexión sobre el daño colateral provocado por esta macrocausa: “Hay una lacerante vinculación entre Andalucía y corrupción que causa un daño profundo y permanente a nuestra comunidad autónoma. Y se sigue manteniendo ahora, a pesar de que choca con realidades. De los 6.300 trabajadores que han recibido las ayudas sociolaborales solo un ínfimo porcentaje, un 0,3%, son intrusos”.
Mientras, el letrado de la exministra y exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez ha resaltado los errores que sustentan la acusación que la ha llevado al banquillo: "No recibió ningún informe [de la Intervención General], ya que el primero fue emitido el 25 de julio de 2005, cuando ya había cesado en febrero de 2004 como consejera. Nunca antes se hizo mención a tales irregularidades". Además, el abogado ha llamado la atención sobre la tesis acusatoria, que dibuja a los diputados de la Cámara andaluza ante un engaño prolongado durante 10 años para aprobar las ayudas sociolaborales cada año en la Ley de Presupuestos, un engaño pergeñado por dirigentes de la Consejería de Hacienda, de la Consejería de Empleo, la agencia Idea y el Consejo de Gobierno. “El parlamento fue instrumentalizado y engañado, incurso en un monumental error sobre la presupuestación de los fondos”, mencionó el abogado sobre las tesis de las acusaciones.
Pasadas las 13.30, el abogado y catedrático Víctor Moreno Catena, que defiende a la exconsejera Carmen Martínez-Aguayo, ha cargado contra la acusación popular del PP: "El Partido Popular acusa de un delito de asociación ilícita. Esta acusación carece del más mínimo rigor jurídico. Sobre este delito, el Supremo lo define como un grupo estructurado, permanente, dedicado a efectuar hechos delictivos. En este caso no se trata de un grupo reunido para delinquir, sino de personas que se han interrelacionado y participado para la elaboración de presupuestos. No hay estructura organizativa, sino que forman parte de la administración de la Junta de Andalucía".
Al comienzo de la sesión de hoy, la letrada Encarnación Molina ha pedido que el secretario leyera el escrito de acusación de la Junta de Andalucía por el que argumenta que no existió un contubernio entre los exdirigentes del Ejecutivo. Sin embargo, el magistrado presidente Juan Antonio Calle ha rechazado dicha lectura debido a que la Junta “ya no es parte en este juicio”.
Dado el ritmo de las sesiones, es muy probable que las cuestiones previas se trasladen al próximo enero, dado que mañana —último día previsto antes de Navidad— continuarán las defensas con la lectura de sus escritos. A paso de tortuga y con 114 testigos previstos, hay juicio para rato.
Susana Díaz: "Son dos personas honestas"
Fuera de la sala de vistas, desde el Parlamento andaluz, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido este jueves que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán son dos personas "honestas y decentes". Díaz está convencida de que la Justicia "seguro que pone las cosas en sitio y algunos que tendrán perdón".
Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo andaluz en la sesión de control en la Cámara durante el debate que ha mantenido con la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, quien le ha reprochado que no tome medidas contra la corrupción para evitar que vuelvan a producirse casos como este que "nos avergüenza".
Después de que la portavoz de Podemos reprochara a la presidenta un listado de casos de corrupción en los que están implicados dirigentes socialistas, Díaz ha defendido que la inmensa mayoría de las personas que se dedican a lo público en Andalucía son "gente honesta y decente".
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