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El PSOE propone que la ley anticorrupción proteja a los denunciantes del sector privado

Los socialistas quieren elevar "elevar el listón de exigencia" del proyecto presentado por Ciudadanos

El Grupo Parlamentario Socialista quiere extender la consideración de denunciante, y por tanto de la protección que comportará en Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, más allá de los altos cargos, funcionarios y personal al servicio del sector público, como solo contempla la proposición impulsada por Ciudadanos. Los socialistas han registrado unas 30 enmiendas con el propósito de fortalecer las medidas del proyecto que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados.

El expresidente madrileño Ignacio González, a su salida de la prisión de Soto del Real el 8 de noviembre.
El expresidente madrileño Ignacio González, a su salida de la prisión de Soto del Real el 8 de noviembre.

El PSOE comparte en buena medida la proposición de ley que impulsó en 2016 Ciudadanos, pero mantiene conversaciones con esta formación para "elevar el listón de exigencia" de este instrumento legislativo que puede ser clave para combatir la corrupción, que constituye la segunda preocupación de los españoles.

Para ello, ha registrado una batería de enmiendas, algunas de la cuales tendrían efectos sobre el Código Penal y varias leyes como la de protección de testigos y peritos en causas criminales o la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Para esta, reclama que los condenados en firme sean inelegibles.

El objetivo, explica el ponente socialista, Artemi Rallo, es "lograr objetivos más ambiciosos de la lucha contra la corrupción y establecer instrumentos efectivos" para que sean también protegidos los denunciantes de corrupción, como personas físicas o jurídicas, que tengan o no relación con la Administración.

Esta enmienda, que ampararía a los denunciantes del sector privado que pudieran revelar información relevante, podría incentivar denuncias entre los empleados en los casos constitutivos de delito o infracción administrativa contra la Administración o Hacienda.

Rajoy no quiere un organismo independiente

El Partido Popular también ha presentado sus enmiendas a la ley anticorrupción, pero con una clara intención de rebajar la propuesta de Ciudadanos. Para empezar, no quiere que el órgano de nueva creación encargado de tramitar las denuncias sobre posibles casos de corrupción en la Administración sea independiente, como prevé la proposición de ley que tramita el Congreso.

En vez de una Autoridad Independiente de Integridad Pública con personalidad jurídica propia y plena independencia orgánica y funcional respecto de las Administraciones Públicas, quiere un organismo con rango de dirección general adscrito al Ministerio de Hacienda. Tampoco le gusta que su responsable sea elegido por el pleno del Congreso, donde no tiene la mayoría, sino por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda.

El PSOE también trata de extender la definición de lobby a cualquier actividad profesional o no (por tanto, también a los grupos de presión políticos) que busque influir sobre cargos o personal de la Administración. Quedarían fuera las entidades que tienen reconocida de forma constitucional o legal su participación en las instituciones para defender intereses de carácter general.

En ese sentido, propone otras enmiendas para habilitar canales internos de denuncia en el sector privado, así como la admisión de denuncias anónimas y un reforzamiento de la confidencialidad de la identidad en la tramitación de las denuncias. Con ese fin, plantea que el denunciante privado o público disponga de asesoramiento legal, "y, en su caso, gratuito", en los procedimientos judiciales derivados o los que pudieran entablarse en contra.

También reclama para el denunciante, sea o no del sector público, "indemnidad laboral" para garantizar su estatuto personal y carrera profesional, contemplando que pueda ser indemnizado por daños y perjuicios cuando se produzcan como consecuencia de una denuncia. Incluso que disponga de asistencia psicológica o psiquiátrica en caso de precisarla.

El paquete de enmiendas registradas también incide en las atribuciones de la Autoridad Independiente de la Integridad Pública (AIIP), el organismo que en la proposición tiene que controlar, y en su caso sancionar, el cumplimiento de las autoridades y personal de la Administración central en los conflictos de intereses, incompatibilidades y buen gobierno. El Grupo Socialista formula que, además, tenga la facultad de perseguir, prevenir y erradicar el fraude de las instituciones públicas, así como impulsar la integridad y la ética y fomentar una cultura de buenas prácticas en la gestión de los recursos públicos. También proyecta extender la competencia de la AIIP al ámbito local y autonómico (en comunidades sin organismos similares) y que asuma todas las competencias de buen gobierno que ahora tiene el Consejo de Transparencia.

Respecto a la designación de la presidencia del organismo, que la proposición de Ciudadanos establece que sea "un candidato de reconocido prestigio" elegido por mayoría de dos tercios en el pleno, el PSOE añade un filtro previo mediante convocatoria pública y evaluación de idoneidad.

Idéntico requisito demanda para presidir el Consejo de Transparencia en la adaptación a la nueva ley de las normas de este organismo creado en 2014. En cuanto a su cometido, quiere fortalecer el sistema de infracciones y sanciones y dotarlo de las facultades de inspección, evaluación y control.

Los socialistas confían en que sus enmiendas puedan concitar un amplio consenso para que la ley, incluso con la oposición del PP (al que un organismo como la AIIP genera escasas simpatías), pueda ser discutida y aprobada en un pleno en mayo o junio.

Denuncias anónimas con garantías

El procedimiento de denuncia que recoge la proposición de ley presentada por Ciudadanos excluye la posibilidad de hacerlo de forma anónima. Además, rescinde la capacidad de denunciar a los altos cargos, funcionarios y resto del personal de la Administración central, a los que exige la identificación personal para que la Autoridad Independiente de Integridad Pública admita a trámite la denuncia.

La enmienda del PSOE amplía la medida al sector privado y, además, abre la puerta a denunciar también desde el anonimato a través del mismo canal confidencial previsto en el texto original. La proposición de ley de Ciudadanos tampoco acepta denuncias que no puedan sostenerse en documentos o informaciones contrastadas. La enmienda solo exige al denunciante identificar los hechos, los presuntos responsables y los detalles que faciliten la investigación. En un plazo de 30 días, el organismo decidirá si inicia un procedimiento o no admite a trámite la denuncia.