Juana Rivas, la madre que tiene que entregar a sus hijos, deja el pueblo

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que ha sido obligada por una resolución judicial a entregar sus dos hijos de 3 y 11 años a su padre, ha abandonado su casa y puesto rumbo desconocido junto a los dos menores para evitar que el padre, que ha cumplido condena por maltrato, se los lleve a Italia. Fuentes cercanas a la familia han confirmado a este diario que, desde ayer martes por la noche, los tres se encuentran en paradero desconocido. Este miércoles, a las 16.30 y en cumplimiento de una resolución judicial, Juana Rivas debía haber entregado sus dos niños a su padre, Francesco Arcuri, para que los tres vuelvan a Italia. Arcuri ha esperado media hora en el punto de encuentro y se ha marchado tras constatar la ausencia de la mujer y los niños.

En Italia estaba el último domicilio familiar donde convivieron padre, madre y los dos hijos y es el lugar de donde, según María del Carmen Siles Ortega, juez titular del Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Familia de Granada, la madre sacó ilícitamente a los hijos sin el consentimiento del padre.  Para el jueves, el equipo que asesora a Rivas tiene previsto presentar un recurso de amparo ante el tribunal.

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La abogada de Rivas y Paqui Granados, directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena y asesora de Rivas, han mantenido este miércoles una reunión de algo más de dos horas y media con la fiscal de familia que lleva el caso en un último intento de evitar la entrega. La reunión, no obstante, no ha tenido éxito. A la salida de ella, Granados se ha referido a la “falta de humanidad” de la fiscal y a la inutilidad de la reunión, según ella, “desde el primer minuto, porque no había interés en hacer nada por los menores”.

Condena por violencia machista

El caso de Juana Rivas se remonta a hace aproximadamente 12 años. Entonces, en Londres, Juana Rivas y Francesco Arturi comenzaron una relación de la que nació, ya con la pareja en Maracena, el primer hijo, que hoy tiene 11 años. Casi desde el principio, cuenta Granados, la relación comenzó a deteriorarse. En 2009, Juana denunció a su marido por violencia de género y este fue condenado a tres meses de cárcel (que no tuvo que cumplir) y a un año de alejamiento de Rivas. Años después, cuenta Granados, las circunstancias unieron de nuevo a la pareja y a los hijos en la residencia del padre, en la isla de Carloforte, al sur de Cerdeña. Allí, según la versión de la asesora de Rivas, la vida para ella era “una vida de esclava, alejada de todo contacto social y trabajando todo el día en un hotel rural que regentaban a ocho kilómetros de la localidad más cercana y a tres horas en ferry del juzgado más próximo”. El resultado de esa experiencia es que, a final del curso escolar 2016, la pareja acuerda —”no sin dificultades”, asegura Granados-— permitir que la madre y los dos menores regresen a España durante el verano. Desde entonces, los menores no han regresado a su residencia italiana, lo que realmente es el núcleo de todo el conflicto judicial actual.

Al llegar a Maracena, Rivas pidió consejo sobre su situación y denunció a su pareja por violencia de género. El juzgado desoyó la denuncia alegando que es algo que debe remitirse a la justicia italiana. La asesora apeló y consiguió que la Fiscalía ordenase que sea el juzgado el que haga valer la denuncia española ante un juzgado italiano.

De eso, cuenta Granados, hace ya casi seis meses y aún no se ha dado traslado a Italia. Mientras, el padre reclamó judicialmente a sus hijos. Esas son, precisamente, las dos vías que en la actualidad se enfrentan en los tribunales: por una parte, la denuncia de la madre por violencia de género, totalmente parada según Granados, y por otra, la reclamación del padre para que los niños le sean reintegrados y puedan volver al hogar paterno, que esta sí, explica sorprendida la asesora de Rivas, “va a toda velocidad y siempre a favor del padre y, en nuestra opinión, en contra de los intereses de los dos menores”.

Versión del padre

Por su parte, el abogado del padre, Adolfo Alonso, en conversación telefónica desde Menorca con EL PAÍS, considera que “hay dos sentencias con todas las garantías legales y constitucionales, en primera y segunda instancia, en la que por aplicación de un convenio internacional sobre traslado ilícito de menores, se considera que existió ese traslado ilícito por parte de la madre y se considera que no hay excepción alguna por la cual los niños no puedan volver a Italia”. “Esto tiene un problema de base”, continúa, “la madre hizo cosas que no debía haber hecho: secuestrar a sus hijos para traerlos a España”. Según el abogado, los niños tendrán que volver a Italia y allí, “la madre podrá pedir la custodia de los niños y, en su caso, solicitar una autorización judicial en Italia para traerlos a España”. Para Alonso, la sentencia por violencia de género de 2009 es irrelevante al caso porque “lo importante en este momento no es si ha ocurrido algo entre el padre y la madre, sino si ha ocurrido algo entre el padre y los niños y no lo ha habido”.

Ese es, precisamente, uno de los argumentos en los que la defensa de Rivas se basa. Para ellas, existe causa para que los niños no sean entregados a su padre porque explican que, según el Convenio de Estambul, “el niño se considera víctima de violencia de género solo por haber sido testigo de esa misma violencia, sin necesidad de padecerla en primera persona”. Este y algunos otros argumentos judiciales y humanos son los que se incorporarán mañana al recurso de amparo y que aún mantienen viva la esperanza en Juana Rivas y su equipo de asesoras legales de que los dos niños puedan continuar en España junto a su madre.