El comité federal se reserva el cambio de las listas electorales

El PSOE propone despenalizar la eutanasia y su regulación

Cristina Narbona, durante su intervención en la defensa de la ponencia poilítica del congreso.
Cristina Narbona, durante su intervención en la defensa de la ponencia poilítica del congreso. © Carlos Rosillo (EL PAÍS)
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El Comité Federal del PSOE tendrá la última palabra sobre las listas electorales. En esto no ha habido cambios. Los intentos de que no fuera así a través de una enmienda del alcalde de Soria, Carlos Martínez, fue derrotada en el plenario aunque superó el 20% obligatorio en comisión para que llegara viva al pleno. Se trataba de que los órganos federales no tuvieran opción de cambiar las candidaturas aprobadas en los ámbitos local o provincial. Se trata de que tanto la ejecutiva federal como el comité federal respeten la decisión de los militantes que habrán elegido con su voto directo a quienes serán sus candidatos. La expectación estuvo en la adscripción del defensor del respeto al voto a los militantes y en quien defendió con éxito que la capacidad última de decisión la mantenga el comité federal porque puede suceder alguna situación “excepcional” que aconseje quitar de la lista a algún candidato. Óscar Puente, alcalde Valladolid y portavoz de la ejecutiva federal, muy activo en la defensa de Pedro Sánchez, fue el ganador, en tanto que el alcalde de Soria, que apoyó la candidatura de Susana Díaz, ostentó la posición a favor de la inviolabilidad de la decisión de los afiliados.

A pesar de esta discrepancia los pasos que se dan hacia el poder de los militantes son muy pronunciados, como explicó el ponente sobre el modelo de partido, José Félix Tezanos. El principal objetivo es que el PSOE siga a la vanguardia en democracia interna". Tezanos animó a que los ciudadanos se afilien a su partido con el aliciente de que podrán decidir o influir en quien será el candidato electoral “a la presidencia del gobierno, a la autonomía y al ayuntamiento de su ciudad”.

El PSOE vuelve los ojos a los sindicatos

Pedro Sánchez mira a los sindicatos con mayor simpatía que la expresada por el PSOE en los últimos años. Atrás quedaron los años de enfrentamientos, cuando UGT convocó una huelga general al Gobierno de Felipe González el 20 de diciembre de 1988. La ruptura entre ambas organizaciones “hermanas” fue traumática y pasaron muchos años hasta que la relación se normalizó, siempre con la proclamación de la más absoluta autonomía de cada una de las partes.

Ahora, el líder socialista sitúa a los sindicatos como actores esenciales para que junto a “fuerzas sociales” formen una mayoría alternativa al PP. Ayer en la clausura del congreso, Sánchez estuvo flanqueado por su esposa, Begoña Gómez, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

El desarrollo en los procedimientos sobre primarias y otros aspectos organizativos tendrá un mayor desarrollo dentro de diez o doce meses con la celebración de una conferencia específica.

La eutanasia vuelve a los congresos del PSOE aunque en esta ocasión se ha aprobado la voluntad de abrir el debate “para su regulación”, pero de entrada, el grupo socialista presentará una iniciativa en la que tratará de involucrar a una mayoría para que deje de ser un delito, como anunció la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La presidenta del partido, como han reiterado todos los ponentes, aseguró que el proyecto que desarrollará el PSOE es “claramente de izquierda; la socialdemocracia que planta cara al neoliberalismo”.

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Esa visión de izquierda se extendió por todas las comisiones como recalcó el ponente económico Luis Ángel del Hierro. Entre lo aprobado figura un replanteamiento de la situación de la Iglesia Católica en cuanto a sus obligaciones fiscales. El PSOE propondrá que pague el IBI de sus inmuebles así como el Impuesto de Actividades Económicas. Así figuraba ya en el programa electoral de Pedro Sánchez en las elecciones de 2015 y 2016. El PSOE aboga por una banca pública y por la intervención estatal en el mercado de la energía eléctrica. En la ponencia se desarrolla el concepto de “ democracia económica" para que los trabajadores tengan participación en el capital. Se defiende la jornada laboral de 35 horas semanales, el Salario Mínimo que alcance los 1.000 euros, en el plazo más breve posible, no antes del final de la legislatura, y la equiparación de las rentas del trabajo y del capital en la declaración de rentas.

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