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Pasiones constitucionales

La elaboración de la Constitución desató momentos vibrantes, encendidas polémicas y discursos de gran calado. Así lo recordó EL PAÍS

Los padres de la Constitución. De pie, desde la izquierda, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Sentados, Miquel Roca, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba y Jordi Solé Tura. Ampliar foto
Los padres de la Constitución. De pie, desde la izquierda, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Sentados, Miquel Roca, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba y Jordi Solé Tura.

 

1. Hacer España o deshacerla

La atribución de la soberanía al pueblo español dio lugar a un debate sobre la idea de nación

Unos apelaron a la historia de “la nación más vieja de Europa”; otros, como Enrique Tierno Galván, a la psicología —“los que más niegan a España son los españoles más ­característicos”—. Y los que la negaban —o pretendían redefinirla— pidieron hasta el último momento que se reconociese su carácter “plurinacional”. Los miembros de la comisión parlamentaria del Congreso que en el año 1978 pulieron durante dos meses el proyecto constitucional —elaborado previamente por los siete padres de la Constitución— dedicaron buena parte de su tiempo y sus energías a debatir sobre la naturaleza de España. Para dejar sentada su identidad a la vez que la sometían a una completa reorganización territorial.

La discusión del artículo 1.2 (el que atribuye la soberanía al conjunto del pueblo español) ocupó todo un día de debates y sobrevoló otros cuantos, adelantando la controversia aún mayor que se daría con el artículo 2, el que inventó el término “nacionalidades”. ERC y Euskadiko Ezquerra (EE) querían que la Constitución evitara el nombre de España y hablara de “Estado español”. Para el PSOE, España era una “nación de naciones”, mientras Alianza Popular defendía su “unidad sagrada”.

“España ha sido siempre una y varia. Y nuestra obligación es armonizar la unidad y la diversidad”, resumió en esos primeros días el ministro de ­Justicia, Landelino Lavilla (UCD). “Esta Constitución permitirá nuestra definitiva integración”, auguró para dar ánimos antes de empezar el presidente de la comisión, Emilio Attard. Santiago Carrillo (PCE) reclamó: “Una Constitución que dure, que no sea fácilmente empujada por cualquier vendaval como lo han sido otras en este país. Aunque no sea perfecta, que nos dé cobijo a todos y sea sólida”. A la derecha, un resumen de algunas frases para la historia que se dijeron sobre España, sus esencias y su futuro, durante aquellos debates.

Manuel Fraga (AP): “La historia no puede, como los ríos, caminar hacia atrás”.

Gregorio Peces-Barba (PSOE): “España es una nación de naciones”.

Miquel Roca (Minoría Catalana): “Punto final a las viejas querellas internas”.

Xabier Arzalluz (PNV): “Hemos superado el recelo tradicional del mundo vasco”.

Jordi Solé Tura (PCE): “Hay que terminar con el eufemismo de Estado español”.

Gabriel Cisneros (UCD): “Los textos medievales, en todas las lenguas, dicen rex hispania”.

Heribert Barrera (ERC): “España tiene identidad política, pero no identidad nacional”.

Francisco Letamendia (EE): “Llamo a los socialistas a apoyar la autodeterminación”.

Hipólito Gómez de las Roces (Partido Aragonés Regionalista): “La historia más relevante es la que hicimos en común”.

Antonio Carro (AP): “¿Vamos a olvidar cinco siglos de la noche a la mañana?”.

Enrique Tierno Galván (Partido Socialista Popular): “La profunda unidad psicológica de los españoles”.

 

2. Monárquicos de “aquí y ahora”

Los constituyentes descartaron la vía rupturista en la jefatura del Estado en aras de estabilidad

Una finísima frontera separaba y finalmente mezcló en mayo de 1978 las razones ideológicas y las pragmáticas en el debate constitucional sobre la forma política que adoptaría el Estado. ¿Monarquía o República? ¿Reforma o ruptura total? Por un lado se expusieron los argumentos de fondo: partidarios y detractores de mantener en el trono a un jefe de Estado no elegido por el pueblo, sino designado por Franco. Por otro lado, los argumentos coyunturales: todos los grupos parecían coincidir en que el rey Juan Carlos había sido una pieza clave para conducir la Transición, y algunos temían que poner fin a la Monarquía llevara aparejado el riesgo de volver atrás. Partidos tan diferentes como UCD, Alianza Popular y el PCE —con la célebre intervención de Santiago Carrillo— enarbolaron entonces el mismo argumento principal para optar por la Monarquía: el “aquí y ahora”, la necesidad de proteger como a un bebé la democracia recién nacida, y hacerlo apoyándose en la figura de un jefe de Estado desvinculado de los partidos políticos.

La Comisión Constitucional concluye con aplausos los debates sobre la Constitución.
La Comisión Constitucional concluye con aplausos los debates sobre la Constitución.

Tal vez por eso algunos momentos del debate de 1978 adquieren tintes paradójicos vistos con los ojos de 2013: el PSOE, hoy firme defensor de la Monarquía, hizo entonces una apasionada defensa de la República (y finalmente se abstuvo en la votación del artículo 1.3); el PCE, por el contrario, dio su apoyo expreso a la Monarquía “en aras de la democracia y la paz civil”.

En todo caso, la que aprobaron los constituyentes no era una Monarquía al uso. Le colocaron un apellido —“parlamentaria”— y la despojaron de poder ejecutivo. Si la historia política de España había sido hasta entonces “la historia de la Monarquía española”, como dijo el diputado de AP López Rodó, la que los constituyentes escribieron en 1978 le impuso un giro parlamentario y constitucional. A la derecha, un extracto de las sentencias de los líderes políticos en aquellos diarios de sesiones.

Santiago Carrillo (PCE): “La realidad no corresponde siempre al ideal imaginado”.

Luis Gómez Llorente (PSOE): “Por mucho que se quiera identificar con la patria, no es sino un hombre”.

Óscar Alzaga (UCD): “Hoy la República no es posible porque no serviría de encuentro”.

Laureano López Rodó (AP): “Quien representa a todo el pueblo no puede deberse a una facción”.

Francisco Letamendia (EE): “La Monarquía actual fue instaurada por el dictador”.

Eduardo Martín Toval (Socialistas de Cataluña): “La única fórmula aceptable es un rey que no se queme en el juego político”.

Heribert Barrera (ERC): “No es prudente asentar el Estado sobre el azar cromosómico”.

Antonio Carro (AP): “Quien ostentará la soberanía será el pueblo”.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD): “La democracia ha sido posibilitada por la Monarquía”.

Jordi Solé Tura (PCE): “El peligro del borboneo está minimizado”.

Miquel Roca (Minoría Catalana): “Se trata de tomar la vía más rápida hacia la democracia”.

Xabier Arzalluz (PNV): “La razón práctica nos ha llevado a aprobar este artículo”.

 

 3.  España aconfesional y católica

Las Cortes de 1978 declararon la libertad religiosa y un trato especial a la Iglesia

La España católica que impuso el dictador Francisco Franco por decreto (“La religión católica, apostólica, romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico”) fue derogada en 1978 por el artículo 16 de la Constitución: “Se garantiza la libertad religiosa y de culto. (…) Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. En la Comisión Constitucional, los grupos parlamentarios aprobaron sin debate este principio, que llegaba pactado desde la ponencia por los siete padres de la Constitución. Los diputados solo se enredaron en el punto tercero del artículo, que, tras consagrar la libertad religiosa y la aconfesionalidad, garantizaba también que el Estado cooperaría “con la Iglesia católica” —específicamente— “y las demás confesiones”.

El primer anteproyecto de Constitución, en enero de 1978, no incluía ninguna mención a la Iglesia católica, lo que enfadó a las autoridades eclesiásticas. “Silenciar la realidad social e ­institucional de la Iglesia católica en una Constitución para España es una lamentable deficiencia”, avisó monseñor Elías Yanes, entonces arzobispo de Zaragoza. En mayo de ese año, un segundo texto —el que discutió la Comisión Constitucional— ya corregía la deficiencia denunciada por el arzobispo e incluía la cooperación del Estado con la Iglesia.

Una parte de la izquierda defendió que había que eliminar esa cita para evitar que, en el futuro, obligase a los poderes públicos a dar un trato de favor a la Iglesia. Al tiempo que los diputados discutían ese artículo 16.3, el Gobierno negociaba con la Iglesia la revisión de los acuerdos firmados por el régimen franquista con la Santa Sede. Un mes después de aprobarse en referéndum la Constitución, el Ejecutivo firmaba —en enero de 1979— el nuevo acuerdo, que garantizaba la financiación pública de la Iglesia en España y la enseñanza de la religión en las escuelas.

Manuel Fraga (AP): “España es un país cristiano y católico. Hay que reconocer a Dios en la Constitución”.

Enrique Barón (PSOE): “Hay una confesionalidad solapada”.

Santiago Carrillo (PCE): “Tenemos interés especial en no topar con la Iglesia”.

Gabriel Cisneros (UCD): “Desconocer la singularidad católica sería una monumental hipocresía”.

Heribert Barrera (ERC): “Nadie se opondría a proteger el patrimonio artístico, pero con la enseñanza pueden surgir problemas”.

Rodolfo Guerra Fontana (Socialistas de Cataluña): “Se institucionaliza y se constitucionaliza a la Iglesia católica”.

Óscar Alzaga (UCD): “Queremos saldar un largo pleito histórico, sin protecciones desaforadas, pero sin laicismos militantes”.

 

4.  El enigma de las “nacionalidades”

El doble objetivo era la unidad y contentar al nacionalismo. CiU y PNV descartaron la secesión

Un concepto nuevo en la historia de España, el de las “nacionalidades”, encarna el encaje de bolillos que fue la Constitución de 1978. Fruto de la obsesión de los constituyentes por llegar a un amplísimo acuerdo, perseguía garantizar la unidad de España y, a la vez, satisfacer a los nacionalistas catalanes y vascos tras cuatro décadas de centralismo. Hasta el punto de que en el primer anteproyecto de Constitución no aparecía el concepto “nación” expresamente asociado a España y sí ese nuevo término de “nacionalidades” (algo que indignó a Alianza Popular y finalmente fue corregido).

El texto no llegó a precisar qué autonomías serían consideradas nacionalidades y cuáles no; ni, sobre todo, qué significaba exactamente ser una nacionalidad dentro de la nación española. Así, el debate sobre ese término que algún diputado calificó de “pluriindefinible” se convirtió en una discusión entre quienes auguraban un futuro de conflictos territoriales (AP) y quienes prometían que ese era el último paso en sus aspiraciones (CiU y PNV). Y dio lugar al “amasijo sintáctico” —en palabras de otro parlamentario— del artículo 2: una “patria común e indivisible”, España, con “nacionalidades” en su seno.

La clave del debate fue la actitud de UCD, que se erigió en defensora del nuevo concepto aun con las dudas que le generaba su uso futuro. “Nos vemos obligados a innovar para resolver nuestros problemas. (…) España siempre ha sido al mismo tiempo una y plural. (…) Si no recogemos, y reconocemos, y consagramos la pluralidad, estaremos negando también la unidad”, dijo José Manuel Paredes Grosso. Su compañero José Miguel Ortí Bordás dejó esta frase en las actas: “Yo solamente les diría a los miembros de la Comisión que no son los problemas los que se constitucionalizan; lo que se constitucionaliza son las soluciones. Y Dios quiera que los constituyentes de 1978 no constitucionalicen el problema de las nacionalidades”.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD): “Identificación, no autodeterminación”.

Manuel Fraga (AP): “Nación y nacionalidad es lo mismo”.

Miquel Roca (Minoría Catalana): “Esta solución dará un futuro más estable”.

Rafael Arias-Salgado (UCD): “El término genera problemas; quitarlo generaría más”.

Gregorio Peces-Barba (PSOE): “Esta fórmula puede ser la definitiva”.

Jordi Solé Tura (PCE): “La auténtica unidad de España se basa en reconocer lo que hay”.

Licinio de la Fuente (AP): “Los nacionalistas harán de esto una punta de lanza”.

Joan Reventós (Socialistas de Cataluña): “Hay algo obvio: el Estado es indivisible”.

Xabier Arzalluz (PNV): “No buscamos un trampolín para la secesión”.

Hipólito Gómez de las Roces (Partido Aragonés Regionalista): “Trasladamos el problema a mañana”.

Gabriel Cisneros (UCD): “Nuestro afán ha sido que este término no sea una bomba retardada”.

Jordi Pujol (Minoría Catalana): “Solo pedimos reconocimiento, no tratos de favor”.

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