La ley mordaza ‘recauda’ 13,5 millones en multas por desplantes a la policía

A Raúl Solís, periodista y fotógrafo freelance sevillano, le costó dinero trabajar el pasado 29 de marzo. Aquel día, el reportero hacía rato que había llegado a la manifestación convocada por la presencia del autobús de Hazte Oír en la capital hispalense, cuando comenzaron los incidentes. Gritos, insultos, golpes... "Estaba grabando con la cámara y vi que se llevaban a un chico a empujones hasta el furgón. Como tardaban, me interesé por él y pregunté a los agentes. Entonces, me respondieron que qué me importaba y se pusieron hechos una furia", se arranca el andaluz, solo unos días después de que la Asociación de la Prensa de Sevilla emitiera esta semana un comunicado en su defensa. Porque, apenas un mes después de aquella jornada laboral que acabó sin que lograra colocar su material en ningún medio, le llegó una carta de la Delegación del Gobierno: le habían multado con 150 euros con la ley mordaza por "faltar el respeto" a la policía.

Desde que esta cuestionada normativa entró en vigor, Interior ha acumulado más de 13,5 millones de euros en sanciones a ciudadanos por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los artículos 37.4 y 36.6 de la ley —que, respectivamente, castigan las faltas de respeto, un precepto nuevo; y la desobediencia a los agentes, elevado de infracción leve a grave— se han convertido en dos de los puntos utilizados de forma más recurrente. En base al primero, se han impuesto 22.627 multas por valor de 3,47 millones de euros desde julio de 2015 a finales de 2016, según los datos del propio Ministerio. Por su parte, la aplicación del 36.6 ha supuesto la apertura de 16.405 expedientes por un importe total de 10,15 millones. Solo superan a ambos, en número, las denuncias tramitadas por consumo o tenencia de drogas y por portar o exhibir armas.

"Después de que les preguntase, me pidieron la documentación. Yo se la di. Les comenté que, como ellos, estaba trabajando. Y que vivimos en un Estado de Derecho. Mantuve un tono firme, pero en ningún momento les dije algo fuera de lugar", se defiende Solís al hablar sobre una sanción que, según consta en el expediente abierto, se impone "por pedir explicaciones de manera despectiva a los agentes, cuestionando y menospreciando su actuación, realizando grabaciones con su cámara y poniendo en riesgo la integridad de los agentes".  "El Ejecutivo le dio a los policías la capacidad de ser juez y parte. Ellos deciden qué es una falta de respeto. Porque se confeccionó un articulado ambiguo y discrecional. Creado para disuadir la protesta y amparar excesos", denuncia Mónica Hidalgo, de No Somos Delito, uno de los colectivos que más se ha movilizado contra la ley mordaza, impuesta por el PP con su mayoría absoluta y que se topó, desde un primer momento, con la firme respuesta de toda la oposición.

El equipo de Mariano Rajoy ideó esta normativa en plena crisis, cuando las movilizaciones sociales se habían multiplicado. En su inmensa mayoría, las manifestaciones se sucedían de forma pacífica. Según las cifras del Ejecutivo, por ejemplo, no se registró ningún incidente en el 99% de las marchas convocadas en 2013; y solo el 0,1% de ellas requirió la intervención de los antidisturbios. Además, la población no percibía que existiese un clima de inseguridad: el porcentaje de españoles que lo situaba entre los tres principales problemas de España nunca superó el 7%, según el CIS. En cambio, el día que entro en vigor la ley mordaza, el 78,8% mostraba su preocupación por el paro y el 43,7% por la corrupción.

"Esta normativa nunca ha estado justificada. No existía un problema social. Los únicos que se sentían inseguros eran los bancos y las instituciones, que veían cómo la ciudadanía estaba tomando la calle", apunta Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, una de las ONG que se vio señalada por el Gobierno. Uno de los artículos sanciona "el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes". "Perece redactado específicamente para prohibir y perseguir los actos públicos que realizamos", denunció la organización en un informe. "De momento, nunca nos han aplicado este punto. Pero sí nos han multado por el 36.6", remacha Soto, al recordar la acción que protagonizaron en la sede de Endesa en Madrid. Algunos de los concentrados se negaron a marcharse y la policía tuvo que "arrastrarlos".

"Tienes que demostrar tu inocencia"

La entrada en vigor de la ley mordaza ha supuesto también que las fuerzas de seguridad tengan la potestad de imponer sanciones que antes quedaban en manos de los magistrados. Ahora, los sancionados deben acabar toda la vía administrativa antes de acudir a los tribunales. Una medida que aprobó la mayoría absoluta del PP después de impulsar, a su vez, la implantación de las tasas judiciales —que, como han admitido los propios populares, dificulta el acceso de los ciudadanos a la Justicia—. "Te encuentras ante una situación de indefensión jurídica muy clara. En el derecho penal, tienen que probar tu culpabilidad. Pero, con esta normativa, tú tienes que demostrar tu inocencia", incide Solís.

En esta línea, el Defensor del Pueblo enumeró en su último informe varios ejemplos de sanciones injustificadas, marcadas por la falta de "motivación" y "proporcionalidad": como un periodista al que un guardia civil denunció por desobediencia por negarse a borrar unas fotos. Y el Gobierno ya ha manifestado públicamente que se abre a reformar la ley. "Debemos luchar para que cambie. Lo peor que nos puede pasar es que normalicemos esta mordaza", concluye Solís.

"Nació para perseguir la movilización"

La respuesta social a la ley mordaza comenzó mucho antes de su entrada en vigor. Marco Llerena, miembro de Intersindical Valenciana, participó en febrero de 2015 en una de las manifestaciones convocadas contra la normativa que quería promulgar el PP. Y eso le costó una multa de la Delegación del Gobierno por participar "de manera activa" en la marcha. Esa denuncia, según Llerena, ya adelantaba lo que vendría después: "Nació para perseguir las movilizaciones de cualquier colectivo: jóvenes, sindicalistas, jubilados... Su única intención era acallar la respuesta de la calle contra sus políticas". "Cuando me sancionaron me sentí totalmente indefenso. No tuve derecho a defenderme", subraya Llerena, que recurrió a los tribunales. Y, casi dos años después, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Valencia anuló la sanción por falta de pruebas.