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El Gobierno tendrá que rendir cuentas cuando ignore al Congreso

Los grupos dan el visto bueno a un mecanismo para aumentar el control al Ejecutivo

Que el trabajo diario del Congreso sirva para algo y que el Gobierno esté sometido a un cierto control político en el Parlamento. Hacia esos dos objetivos básicos se encamina la reforma del reglamento del Congreso aprobado este martes por unanimidad, a instancias del PNV, para que el Gobierno tenga que rendir cuentas sobre el nivel de cumplimiento de proposiciones no de ley y mociones que se aprueben en las Cortes. Por ejemplo, la aprobada este mismo martes para cerrar la central de Garoña.

Bancada del PP durante una votación en el Congreso.
Bancada del PP durante una votación en el Congreso.

Los grupos parlamentarios forzarán al Gobierno a someterse a un mayor control del Congreso. El pleno tomó en consideración este martes una proposición de ley del PNV que obligará al Ejecutivo a dar cuenta periódica del grado de cumplimiento de las iniciativas no legislativas aprobadas en el Parlamento.

Las Cortes aprueban cada semana cientos de proposiciones no de ley y mociones que terminan en cajones sin que nadie controle si se cumplen y sin valor efectivo alguno. En lo que va de legislatura se han presentado ya 1857 iniciativas de este tipo, frente a solo 70 legislativas, sin que haya control alguno sobre su destino o cumplimiento. Por ejemplo, se aprueban iniciativas para instar al Gobierno a remitir informes, a derogar normas o a retirar monumentos. Especialmente lo hace en esta legislatura porque el partido del Gobierno está en minoría y no hay control alguno de su cumplimiento.

Este mismo martes se ha aprobado en el pleno del Congreso la tercera proposición no de ley en la que se pide el cierre de la central nuclear de Garoña, sin que el Gobierno esté obligado a tomar nota siquiera. De hecho, ni se esfuerza el PP en no perder esas votaciones y solo se asegura con no perder las legislativas. Incluso, por la repetición de derrotas del Gobierno en las votaciones no legislativas, el resultado de estas ha dejado de tener el efecto político que debería tener.

Se aprobó también una proposición no de ley del PSOE pidiendo la derogación de la llamada ley mordaza -ley de seguridad ciudadana- y tampoco ha tenido efecto alguno, a la espera de que llegue al pleno la proposición de ley de los socialistas que elimina los artículos polémicos.

Oramas presidirá la comisión sobre la crisis bancaria

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, será probablemente la presidenta de la comisión de investigación sobre la crisis bancaria, a falta de que se cierre el acuerdo entre los partidos. La comisión fue aprobada por el pleno y en teoría debería constituirse antes de dos meses, es decir, justo después de Semana Santa. No obstante, el portavoz del PP, Rafael Hernando, insistió ayer en que es preciso terminar una comisión de investigación para empezar otra.

Este jueves está previsto que se constituya la que investigará el Ministerio del Interior y que se aprobó hace seis meses, es decir, a mediados de septiembre.

Está pendiente una tercera sobre financiación ilegal del PP que ni siquiera se ha presentado en el registro y que estaba en el pacto de investidura con Ciudadanos. Los populares han querido diluir esa comisión desde el inicio y ayer mismo Hernando aseguró que esa comisión debe investigar no solo al PP, sino también a otros partidos, a pesar de que el acuerdo con Rivera hablaba solo de un partido concreto.

"Se trata de que nos tomemos nuestra labor en serio", aseguró el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en defensa de la iniciativa que supone reformar el reglamento del Congreso para que "durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones el Gobierno remitirá a la Cámara un informe detallado relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto en Pleno como en Comisiones en el periodo de sesiones anterior, así como las pendientes de cumplimiento de periodos anteriores".

Y "en la quincena posterior a la entrada en el Registro de la Cámara del informe comparecerá en la Comisión de Reglamento un representante del Ejecutivo para explicar el citado informe y responder a los requerimientos de los Grupos Parlamentarios".

Esas iniciativas seguirán sin ser vinculantes, pero al menos habrá un control del grado de cumplimiento, según expusieron en el debate varios portavoces.

Fue tomada en consideración con el voto de todos los grupos, incluido el PP que se sumó al comprobar que sería aprobada en todo caso por el resto de partidos. La tramitación parlamentaria ahora es relativamente sencilla y rápida: debe ir a comisión y volver al Pleno, pero sin necesidad de ir al Senado.

En el País Vasco hay un precepto así en el reglamento de su parlamento y en 2003 el PSOE intentó una reforma similar en el Congreso que se refería exclusivamente a remitir el informe pero no contemplaba expresamente la realización de la comparecencia y que fue frenada por el PP entonces.

El Gobierno del PSOE, entre 2004 y 2011 olvidó el asunto, aunque remitió tres informes de cumplimiento de compromisos parlamentarios aprobados, desde 2004 hasta 2006. Es decir, lo hizo de forma limitada y temporal y, sobre todo, de forma voluntaria.

Ahora se pretende que sea obligada esa rendición de cuentas, precisamente en una legislatura en la que el Gobierno tiene más difícil eludir el control del parlamento. Lo hace por otras vías como los vetos a proposiciones de ley que considera que afectan a los presupuestos. Este martes, la mesa del Congreso recibió el escrito del Gobierno vetando una proposición de ley del parlamento de Baleares para establecer una tarifa aérea plana. Ya van 22 vetos desde el mes de octubre y el asunto está pendiente del Tribunal Constitucional.