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La defensora del pueblo pide regular el derecho a voto de los discapacitados intelectuales

Nada impide presentarse como candidatas en las elecciones a las mismas personas que no pueden votar

Ana Pastor, presidenta del Congreso, y Soledad Becerril, defensora del pueblo. Ampliar foto
Ana Pastor, presidenta del Congreso, y Soledad Becerril, defensora del pueblo.

Soledad Becerril, la defensora del pueblo, ha pedido este martes a los partidos que arbitren una reforma legal para impedir que la declaración de incapacidad intelectual de un ciudadano lleve aparejada automáticamente la pérdida del derecho al voto. Becerril le ha trasladado al Gobierno la recomendación de que busque un sistema que garantice decisiones individualizadas en función del grado de discapacidad intelectual de cada ciudadano. El primer paso ya se ha dado: UPN registró a principios de febrero una proposición de Ley en el Congreso para modificar una legislación que afecta a más de 100.000 personas; dice contar con el apoyo de los grupos mayoritarios en la Cámara Baja; y argumenta que la privación de voto vulnera el principio de igualdad que recoge la Constitución y la Convención de derechos de las personas con discapacidad de la ONU. 

"Nuestra intención es facilitar el voto para todas las personas que tienen discapacidad", ha explicado Becerril tras entregarle a Ana Pastor, presidenta del Congreso, el informe anual de su actuación correspondiente a 2016. "Solamente mediante una resolución judicial que esperamos que sea absolutamente ajustada se puede retirar o suspender ese derecho", ha añadido. "Tenemos que tener una legislación, o una normativa, en virtud de la cual sea difícil o laborioso suspender o retirar el derecho a ejercer el voto, que es un derecho fundamental".

Voto rogado

Becerril, que no ha confirmado si quiere continuar en el cargo cuando su mandato expire en junio, también se ha referido a la necesidad de facilitar el voto a los españoles residentes en el extranjero. El sistema actual obliga a declarar su deseo de votar con antelación a los casi dos millones de españoles residentes en el extranjero y con derecho a sufragio.

En las elecciones generales de 2008, últimas antes de la aprobación de la nueva normativa, fueron escrutados el 31,88% de los votos de los expatriados. En los comicios de 2011, 2015 y 2016 fueron el 4,95%, el 4,73% y el 6,30%, respectivamente. El Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno y al Congreso que busquen una alternativa. Y la Junta Electoral Central ha sugerido que se opte por el voto electrónico.

"El sistema exige muchas garantías y muchos pasos para poder emitir un voto, sobre todo si no estás en una gran capital, en una gran ciudad", ha recordado Becerril. "Hay que reducir [los pasos]", ha añadido. "No es posible que haya que ir dos veces a 200 kilómetros para poder emitir un voto. Fueron muchas las personas que no pudieron votar por no vivir en grandes capitales y no poderse desplazar dos veces para emitir un voto".

El informe de la defensora especifica que "la propuesta para reforzar su derecho al voto, de modo que solo en supuestos muy excepcionales se impida, parece haber sido sustancialmente incorporada al programa político del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de modo que existen fundadas esperanzas de que se aborde en esta legislatura". Y argumenta: "Se trata, en ambos casos, de respaldar al colectivo de personas con discapacidad y defender eficazmente sus derechos electorales, tanto en sentido positivo (votar) como negativo (no formar parte de una mesa electoral si no lo desean)".

Nada impide presentarse como candidatas en las elecciones a las mismas personas a las que la legalidad vigente impide votar. Fuentes del gabinete de la defensora explican que el objetivo es distinguir los diferentes niveles de incapacidad: en lugar de impedir automáticamente el derecho al voto, Becerril aboga porque esa decisión tenga que estar argumentada y fundamentada. "Una persona con un Alzheimer incipiente puede saber perfectamente lo que quiere votar", explican. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló a finales de diciembre de 2016 que los discapacitados intelectuales no puedan votar, al no admitir el recurso de amparo de un matrimonio que pedía que su hija pudiera hacerlo. Adela Asúa, vicepresidenta del Alto Tribunal, emitió entonces un voto particular en el que afirmó la "perplejidad" que le producía que no se estudiara un problema que afecta a un sector de la población en "una situación de especial vulnerabilidad". Y añadió: "La exclusión del derecho de voto sobre la base de una discapacidad psicosocial o intelectual, percibida o real, constituye una discriminación por motivos de discapacidad".

El número 016 de denuncia de violencia de género deja rastro en el teléfono

El informe anual del Defensor del Pueblo advierte de que llamar al 016 de atención telefónica a la violencia de género no deja rastro en la factura pero sí en el terminal, pues tanto los fijos como los móviles a menudo ofrecen un listado de llamadas salientes que puede exponer a la mujer que ha establecido la comunicación si ella no lo borra manualmente.

"Esta situación puede suponer un riesgo para la persona que requiere ayuda, puesto que su agresor, si el número utilizado no desaparece de la lista de llamadas, puede percatarse de su realización, sobre todo si se tiene en cuenta que el comportamiento general de estas personas es de carácter controlador", dice el informe que la Defensora, Soledad Becerril, ha entregado este martes en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, conforme reconoce el mismo texto, "la eliminación de forma automática de los registros de las llamadas que se realizan al 016 en los terminales fijos o móviles, por parte de los operadores prestadores del servicio telefónico disponible al público, no es técnicamente posible".