La fiscalía general propone separar de la carrera al teniente fiscal de Madrid

La ya ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal firmó el pasado 10 octubre, un día antes de cesar en el cargo, un decreto en el que propone la expulsión de la carrera del teniente fiscal de Madrid Emilio Valerio por realizar tareas "incompatibles" con su trabajo en la fiscalía. La incompatibilidad que se le atribuye es por su actividad privada en sociedades que “gestionan cultivos vinícolas y explotación de cerveza en la provincia de Navarra y que proceden de una herencia de mis padres”, destaca Valerio. Días antes de la firma del decreto, que ahora está en manos del Ministerio de Justicia (que tiene la última palabra), el ya ex teniente fiscal de Madrid decidió renunciar al cargo “en vista de que el instructor de mi expediente no atendió ninguno de mis argumentos exculpatorios”, indica.

Durante lustros, Valerio fue fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y luchó contra abusos en la etapa de la burbuja inmobiliaria previa a la crisis: se convirtió en látigo de numerosos alcaldes de la región a los que encausó por delitos urbanísticos y medioambientales. En municipios como Majadahonda, Pozuelo o Boadilla, él fue el primero en destapar los orígenes de los que hoy es el caso Gürtel, lo que le granjeó, señala, “fuertes enfrentamientos con los poderes públicos”. También instruyó como fiscal, en el País Vasco, el caso de Santiago Brouard, el médico nacionalista vasco asesinado por el Gal en 1984.

La Fiscalía General le suspendió de empleo y sueldo el pasado verano durante seis meses “por falta muy grave”, a petición del inspector fiscal Fausto Cartagena. El motivo, “realizar actividades incompatibles” con su cargo de segundo jefe de la fiscalía madrileña. Es decir, por desempeñar  funciones directivas en “empresas mercantiles privadas”, según el decreto de suspensión al que ha tenido acceso EL PAÍS y firmado por la ex fiscal general Madrigal (sustituida en el cargo por el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza). Valerio interpuso sin éxito un recurso ante el Ministerio de Justicia frente a su suspensión. Finalmente, el pasado día 4 decidió tirar la toalla y renunció al cargo “convencido de la contundencia del expediente”, que considera “injusto y desproporcionado”.

En Majadahonda, Pozuelo o Boadilla, Valerio fue el primero en destapar los orígenes de los que hoy es el caso Gürtel

Valerio destaca que las actividades por las que ha sido suspendido consisten en preservar y mantener la hacienda que su familia posee desde generaciones. “Lo que hemos hecho es darle una nueva dimensión, reconvirtiendo la tierra y los productos en ecológicos, en lo que se ha implicado toda la familia y en el que trabaja un numeroso equipo de gente del pueblo y de la zona, que se ha visto revitalizada”, sostiene.

La fiscalía argumenta en el expediente disciplinario que la actividad no se ha limitado a la administración de los bienes heredados, sino que se ha ampliado con nuevas inversiones y unidades de negocio. Valerio menciona que esas nuevas inversiones eran las "estrictamente necesarias para preservar el patrimonio familiar y los puestos de trabajo. Algo, por otro lado, que en absoluto colisionaba con mi condición de fiscal, ya que la actividad está a más de 400 kilómetros de mi jurisdicción, Madrid. Y, además, nunca he ocultado esa actividad ni descuidado mis tareas como fiscal”. Valerio añade: “Todos los jefes de la fiscalía sabían que en la finca se hacía vino; la actual fiscal general y el anterior, y el anterior jefe de la inspección, han conocido mi actividad familiar y participado, por ejemplo, en las catas de mis vinos durante eventos que se han hecho en la fiscalía. Y ninguno me advirtió ni puso reparos, aparte de que no existe un proceso reglado ante estos casos”.

El ex fiscal de Medio Ambiente de Madrid denuncia asimismo el procedimiento que ha derivado en su propuesta de expulsión. Un informe sobre su patrimonio que un abogado introdujo como anexo en un recurso que presentó ante la Audiencia de Madrid contra la decisión de un juzgado de derribarle un inmueble levantado en un espacio protegido. “Un procedimiento judicial ajeno a este asunto no puede ser el cauce legal para que se me incoe un expediente disciplinario”, afirma Valerio“.  Y agrega: "Si estas actividades llevan más de 15 años, y eran conocidas, ¿por qué se me expedienta ahora?”. Ahora, su intención es dedicarse “al mundo del derecho y de la preservación del medioambiente”.