Justicia asume ideas del PSOE para pactar la reforma penal

Rafael Catalá ya se ha reunido con todos los portavoces de Justicia de todos los partidos para pedirles apoyo a las reformas que pretende impulsar, especialmente, la de la nueva la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Parte con una ventaja: su interlocutor del PSOE, Juan Carlos Campo, fue secretario de Estado de Justicia con Francisco Caamaño como ministro del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y entonces se elaboró un proyecto de ley que Catalá quiere utilizar como base. No se aprobó por falta de tiempo, pero incluía líneas generales que ahora el Gobierno de Mariano Rajoy pretende impulsar: el fiscal instruye bajo el control de un juez de garantías; se establece un plazo efectivo de 12 meses para la instrucción y se limita la acusación popular.

El otro interlocutor básico es Ciudadanos que en febrero firmó un acuerdo con el PSOE en el que se decía textualmente: “Aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías”.

En 2013 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó un texto similar elaborado por un grupo de expertos dirigidos por Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De la síntesis de ambos textos pretende Catalá hacer una propuesta pactada para presentarla antes de verano.

La del PSOE de 2011 fue impulsada y defendida por el entonces fiscal general del Estado y hoy magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Cándido Conde Pumpido. Es decir, esa idea de reforma tiene respaldo inicial de PP, PSOE y Ciudadanos y respaldo de personalidades destacadas de la cúpula judicial. El texto del PSOE, que hace suyo en sus líneas generales el actual Gobierno, establece que la responsabilidad de la instrucción sea del fiscal, de quien dependerá la policía judicial, bajo el control del juez de garantías, que actuará como garante de los derechos de los investigados, para supervisar las diligencias decididas por el fiscal. Según ese texto, el fiscal iniciará la investigación con un decreto, con posibilidad de tener a su cargo un equipo de fiscales en causas complejas y decidir el archivo del procedimiento si no aprecia indicios de delito.

Plazos de instrucción

Los proyectos del PSOE y del PP coinciden en establecer un plazo de 12 meses para investigar, salvo causas justificadas, y en limitar la acusación popular, que no podrán ejercer las Administraciones públicas, partidos políticos y sindicatos, ni podrá ejercerse en algunos tipos de delitos, ni oponerse a acuerdos de conformidad. La diferencia con el plazo actual de instrucción es que ahora lo decide el propio juez y en el futuro sí sería efectivo por estar controlado por el juez de garantías.

Catalá renunció por falta de tiempo a la reforma total de la ley y lo dejó en cambios concretos, estableciendo plazos de seis meses ampliables a 18 para la instrución, pero decididos siempre por el mismo juez instructor.

Justicia añade ahora en su objetivo para la nueva ley la agilización del proceso penal eliminando recursos y dejando la práctica de algunas diligencias para la vista oral, entre otras.

La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal procede del siglo XIX y ha sufrido innumerables reformas parciales que en ningún caso han afectado al modelo de proceso penal. En este momento, no hay en ningún país de Europa un proceso penal como el español, con una figura como la del fiscal español.