Carta abierta al director general de la Policía

Señor Ignacio Cosidó, Director General de la Policía,

Me dirijo a usted después de ver y escuchar el video de la declaración del comisario principal Enrique Rodríguez Ulla (que se puede seguir en la entrada de esta página) ante la titular del juzgado 32 de Madrid en relación con la investigación del ático de la urbanización La Alhambra Golf, alquilado primero, en 2008, y comprado más tarde, en 2012, por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La juez de Madrid actúa en esta comparecencia como juez auxiliar del juzgado de instrucción número 5 de Esetepona (Málaga), donde está situado el inmueble en cuestión.

El comisario Rodríguez Ulla declaró, pues, el pasado 3 de marzo, en calidad de testigo.

Antes de entrar en materia, me permitirá usted un pequeño prólogo.

¿Por qué me decido a escribirle esta carta abierta ahora, casi dos meses y medio después de la declaración?

Las partes personadas en la causa tuvieron inmediatamente el texto entregado por el juzgado. Y los medios de comunicación reflejaron su contenido.

La declaración recoge sucintamente, según queda constancia en el acta, lo manifestado, habida cuenta de que se había procedido a la video-grabación para enviarla a Estepona desde Madrid.

Al final del acta, antes de estampar su firma, "el testigo....estima [que el resumen] es una reproducción telegráfica de su declaración".

A continuación, el testigo encomienda subrayar en el texto estas palabras finales:

"E interesa que por el juzgado en que se sigue la causa para una adecuada comprensión de su declaración se proceda a una transcripción literal de su declaración".

Esta transcripción literal no se ha realizado. Se supone que al obrar el video en la causa, el juzgado no ha considerado necesario proceder a la misma.

Por tanto, ver el video era imprescindible.

Finalmente, el juzgado número 5 de Estepona ha dado traslado del video a las partes personadas recientemente, el jueves 12 de mayo. He tenido, por mi parte, acceso al citado video inmediatamente.

Pero del mismo se desprendían una serie de afirmaciones y hechos aparentes que requerían una labor de comprobación. Una vez hecho el trabajo en el curso de los últimos diez días, establecidas las circunstancias, procedo a escribirle. 

Veamos el contexto previo a la entrada en escena del comisario principal Rodríguez Ulla, en calidad de comisario general de Policía Judicial, en la historia del ático.

En la segunda mitad de marzo de 2012, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que, como su nombre indica es un sindicato, una organización gremial de personal policial, se interesa a raíz de una información periodística y de rumores sobre posibles sanciones a policías, por conocer la situación del ático de Estepona.

El 10 de abril de 2012, en los pasillos del Senado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, declara que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid había sido investigado de manera "irregular" en agosto de 2011 sin indicios algunos de delito. Subraya que se hizo bajo responsabilidad del ministerio del Interior anterior, durante el gobierno del PSOE, y que se está indagando para exigir responsabilidades. 

El entonces presidente del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, se reúne con el comisario provincial de Málaga, Francisco Arrebola, quien le informa que sabe por comentarios llegados desde Madrid que se ha abierto una información reservada y que los policías involucrados podrían sufrir alguna sanción.

El SUP decide intervenir más activamente. Elabora una denuncia con los datos de que dispone sobre la presunta compra irregular del ático.

En paralelo, el 18 de abril, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía abre expediente al comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, y le releva de su puesto. El ático comienza a pasar factura.

El 24 de abril de 2012, el SUP envía su denuncia con los indicios disponibles a la Fiscalía Anticorrupción. El 10 de mayo, la Fiscalía responde por carta. Los indicios no son suficientes para abril una investigación penal, pero sí policial. Aconseja al SUP continuar sus indagaciones. 

Pero un sindicato no es una agencia de investigación. El SUP está decidido a seguir con su prédica. El 7 de junio de 2012, dirige su denuncia, junto con el escrito de respuesta de la Fiscalía Anticorrupción, a la Comisaría General de Policía Judicial, a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a la Agencia Tributaria, al presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios del Congreso y de Andalucía.

Y llegamos al momento en el que entra en escena Rodríguez Ulla.

Como comisario principal a cargo de la Policía judicial no es el único que recibe la denuncia del SUP junto con el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Por debajo suyo, el jefe de la UDEF, el comisario principal José Luis Olivera Serrano, también la ha recibido.

Rodríguez Ulla convoca una reunión de la llamada "mesa operativa" para examinar los documentos. En la misma están presentes el jefe de la UDEF, Olivera, el responsable de la Brigada de Blanqueo, el comisario José Luis Fernández Udiña, el jefe de la sección, y otros dos mandos policiales, presididos por Rodríguez Ulla. Según el relato de este en el juzgado, se confiere la investigación, tras analizar los documentos, a la UDEF y se resuelve informar a la Fiscalía Anticorrupción. También se decide proponer a dicha fiscalía la apertura de una investigación formal, paralela a la indagación discreta de la policía que se acaba de iniciar. El jefe de la UDEF, Olivera, pide por escrito a Rodríguez Ulla que declare secretas las actuaciones, cosa a la que su superior accede. No consta, empero, que la Fiscalía abra diligencias.

Aquí, Rodríguez Ulla explica a la juez "dos comportamientos extraños" del entonces jefe de la UDEF.

"Y digo que me cabe de calificar de comportamiento extraño porque en contacto con el jefe de la UDEF, el señor Olivera en ningún momento me manifestó que hubiera recibido la UDEF ningún tipo de documento. Y sn embargo el jefe de la UDEF uno o dos días antes de recibir la documentación en la comisaría y registrada en la comisaría general sí me dijo: "Jefe, ¿no has recibido del SUP unas notas con una especie de denuncia?". Le dije que no. No sé si es que se había recibido o él no hizo aflorar ese documento", declara Rodríguez Ulla.

La segunda cosa extraña, a la vista del entonces comisario general, sucede días más tarde.

"Este señor, el comisario principal, el día 22 de junio de 2012, viernes, me anuncia precipitadamente, porque no estaba previsto, que se iba de vacaciones con su esposa o pareja a Nueva York. Y el lunes siguiente, 25, me viene a ver el jefe de la Brigada de Blanqueo, Fernández Udiña, y me dice: "¿Sabías que Olivera había dejado encargado a dos funcionarios de subir a Asturias a tomar declaración al señor [Pedro Javier] Villate, el propietario del ático de la Urbanización Alhambra Golf?". Le digo que no lo sabía. Es más, estuvo Olivera aquí y me dijo que se iba de vacaciones y nada más".

Rodríguez Ulla prosigue el relato. "Se habían subido a Asturias funcionarios a tomar declaración con la ignorancia y ninguneo, no sé si intencionado o no, del señor jefe de la Brigada de Blanqueo, señor Fernández Udiña. Al volver [los agentes] de Asturias, uno o dos días después, me cuenta lo que ha pasado y yo informo al Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino Sánchez, comisario principal".

Y aquí, el jefe de la Policía Judicial es bastante transparente.

"Y cuando le informo [de las diligencias en Asturias] lo único que recibo allí es bastante enojo".

La juez no parece entender. Y le interrumpe:

-¿Bastante enojo?

-Enojo por parte del director, reprochándonos que por qué razón la brigada, la UDEF, estaba haciendo gestiones al respecto. Y yo le digo cuál es el motivo [para] no seguir haciéndolas, son propias de la policía judicial. Dice: "Joder, es que no sabes que ya está archivada la causa por parte de la Fiscalía. Perdona, le digo, es la primera noticia que tengo. Y entonces me desplazo hasta el despacho del jefe de la Brigada de Blanqueo, Fernández Udiña. Y [volvemos] le damos explicaciones. Y ahí [el Director Adjunto Operativo] volvió a hacernos más reproches hasta el punto que el señor Udiña le dijo que estaba dispuesto a irse, a abandonar su puesto, que cesaba o dimitía y el Director Adjunto Operativo le dijo que dimitiría cuando él lo decidiera y dónde él lo decidiera"

¿Qué pasa a continuación?

Rodríguez Ulla recuerda.

"Total que después de eso le anuncié al Director Adjunto Operativo que me pondría en contacto con la Fiscalía porque no entendía que mientras la unidad operativa [UDEF] responsable de la investigación no tenía conocimiento del acuerdo de archivo como si lo tenía él Director Adjunto Operativo y cabía entonces pensar que seguramente lo tendría el Director General de la Policía [Ignacio Cosidó]. No hubo explicaciones razonables. Yo pedí audiencia con el al Fiscal Anticorrupción. [el fiscal jefe Antonio Salinas]. Allí las explicaciones fueron también relativas".

¿Existía este presunto acuerdo de archivo en la Fiscalía Anticorrupción al que hizo referencia Eugenio Pino en sus reproches a Rodríguez Ulla y a Fernández Udiña?

No.

Es que, por definición, no podía existir. Porque. ¿cómo se archiva lo que no se ha abierto? La UDEF estaba a cargo de una investigación que la Fiscalía Anticorrupción no había, a su turno, asumido mediante la apertura de diligencias formales. En sus contactos con Anticorrupción, Rodriguez UIlla no tuvo nunca constancia de ese imaginario archivo. Jamás lo vio.

¿Qué le quiso decir el comisario Pino a Rodríguez Ulla y a Fernández Udiña, puesto que no había diligencias abiertas por la Fiscalía?

Quizá aluda al escrito del 10 de mayo de 2012 que la Fiscalía había dirigido al SUP en el que no estimaba la existencia de indicios suficientes como para abrir las diligencias.

Pero eso tampoco era un archivo como tal. 

Esa última semana de junio de 2012 es, pues, crítica.

Rodríguez Ulla recuerda: "Dos o tres días después a mí se me cesa como Comisario General de Policía Judicial" 

La juez pregunta:

-¿Ese cese tiene que ver con estas investigaciones?

-A mí, a día de hoy nadie me dice el motivo del cese. Yo he podido escuchar o ver un montón de cosas pero yo el cese, lo único que uno sabe o ha leído en prensa...

-¿Usted pidió explicaciones?

 -...donde se decía que el motivo del cese era una pérdida o falta de confianza.

 -¿Le dieron alguna explicación concreta, más detallada?

 -Simplemente le diré las palabras exactas. Las sigo teniendo en la memoria. Cuando a mi se me cita a la Dirección General [el viernes 29 de julio] a través de su secretaría, el Director General [Ignacio Cosidó] y me recibe en su despacho y a pie de puerta como quien dice casi entrando me dice: "Enrique (porque habíamos tenido buena relación y colaboración), en días como hoy estaría uno mucho mejor en el escaño de diputado que dándote esta mala noticia".

Rodríguez Ulla enfatiza: "Eso es literal. Yo entendí que de alguna manera no era decisión suya y que por elevación [el comisario señala hacia arriba con la mano derecha] vendría de donde fuera. Y no sé si era disciplina de partido [Partido Popular] o que era, no lo sé. De verdad yo entendí de sus palabras y de su tono que le tocaba anunciarme esa decísión de cesarme".

 Bien.

El 3 de julio de 2012, oficializada la destitución, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoce que el Director General de la Policía, Cosidó, le había "retirado la confianza" a Rodríguez Ulla tras la apertura de la investigación del ático que entonces alquilaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Según el ministro una vez que la Fiscalía Anticorrupción había decidido su archivo "esa retirada de confianza se podía y debía materializar en un relevo".

Pero es que no había ningún archivo.

¿Cuál es la evidencia de este archivo que el Director General de la Policía, Cosidó, el Director Adjunto Operativo, Pino, y el ministro del Interior, Fernández Díaz, (los tres en la imagen, de izquierda a derecha) dan por hecho para provocar la destitución del comisario Rodríguez Ella?

Ninguna.

¿Seguro?

Absolutamente.

Porque hay una prueba de cargo de que no existía tal archivo.

Y aparece esta prueba la aporta el 18 de julio de 2012. ¿Quién la aporta?

Pues el Director General de la Policía. Sí, usted, señor Cosidó.

En efecto, en su comparecencia del 18 de julio de 2012 ante la Comisión de Interior del Senado dice usted lo siguiente:

 "Finalmente, quiero informarles de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha decretado, el 10 de julio pasado, el archivo del expediente, por lo que podemos afirmar que estamos, señorías, ante una investigación concluida".

Es decir que ni cuando el Director Adjunto Operativo, Pino, habla del archivo con Rodríguez Ulla y Fernández Gudiña, tras las diligencias realizadas en Gijón, Asturias, el 25 de junio de 2012, ni cuando usted, señor Cosidó, lamenta tener que darle la "mala noticia" de la destitución al comisario general de Policía Judicial, el 29 de junio, se ha adoptado decisión alguna de archivo de diligencias que, a la sazón, no estaban abiertas en la Fiscalía.

En su comparecencia ante la comisión de Interior del Senado dice usted, señor Cosidó, que la decisión de "archivar" se adopta después de que el nuevo comisario general de Policía Judicial, señor García Losada, "entrega en mano" al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, señor Antonio Salinas, un informe, "el oficio número 65 531 por el que se le da cuenta del informe negativo emitido por el Sepblac (Servicio Ejecutivo Prevención de Blanqueo de Capitales) informándole de que, a partir de esa fecha, la Brigada Central de Blanqueo de Capitales [de la UDEF] se va a abstener de realizar nuevas averiguaciones o diligencias policiales relacionadas con este asunto, salvo que sean ordenadas por el ministerio fiscal o por la autoridad judicial competente".

Sigue sin quedar claro como se va a archivar algo que no se ha abierto.

Ahora bien, el propósito de esta carta, señor Director General de la Policía, es aclarar los hechos. La respuesta a unas preguntas sencillas puede ayudar a hacerlo.

¿De quién recibió usted señor Cosidó la orden para cesar al comisario Rodríguez Ulla ya que prefería, según palabras grabadas en la memoria de éste, estar ese día 29 de junio de 2012 en su escaño del Congreso, como en el pasado, en lugar de anunciarle la mala noticia de su destitución?

¿Por qué razón se le ordenó que destituyera al comisario Rodríguez Ulla cuando las investigaciones de la UDEF se hacían conformes al protocolo vigente?

¿Por qué inventó el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, el número 2 del director general de la Policía, "su número 2" señor Cosidó, y el ministro del Interior Fernández Díaz un archivo de unas diligencias que nunca habían sido abiertas por la Fiscalía?

La respuesta es esencial para saber qué ocurre y que ha ocurrido en la Policía en relación con ciertas investigaciones de corrupción que han generado y producen tal movilización dentro de la UDEF y del Ministerio del Interior que cortocircuitan toda la estructura de poder. Cortocircuitos cuya expresión han sido ceses y remodelaciones sucesivas.

Una de esas movidas, precisamente, tuvo lugar en los primeros días de julio de 2012.

El 2 de julio de 2012, la Policía anuncia "una profunda remodelación". Rodríguez UIla ni siquiera es mencionado en el comunicado oficial. Se designa a José García Losada, hasta entonces director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), al frente de la Comisaría General de Policía Judicial. José Luis Olivera deja la UDEF para hacerse cargo del CICO, y su puesto al frente de la unidad encargadas de las investigaciones de corrupción es ocupado el comisario principal Manuel Vázquez López.

Rodríguez Ulla es cesado y enviado a hibernar durante casi cuatro años, hasta aterrizar, a finales de febrero pasado en la comisaría de Extranjería y Fronteras. Y aunque Olivera cambia de posición, conserva una influencia que Rodríguez Ulla pierde junto con su puesto.

Esa influencia de Olivera también explica su participación en ciertas operaciones especiales.

Ya a cargo de la inteligencia contra el crimen organizado, una de esas misiones es un "encargo" en el caso Bárcenas. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, consigue en agosto de 2012, a través de María González Pico, directora de gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que Cosidó se haga cargo de una petición del extesorero, cuyas relaciones con Mariano Rajoy siguen siendo privilegiadas.

Se trata de hacer llegar una al Director General de la Policía para que este, a su vez, la aporte a la UDEF, al margen del juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

El 27 de agosto de 2012, el abogado del extesorero, Alfonso Trallero (en la imagen junto a Luis Bárcenas) escribe a Cosidó:

"[...] en cuanto superior jerárquico de los inspectores informantes de la UDEF ordene la investigación de la identidad con la que se correspondería el acrónimo "Luis el cabrón" , y que realice el correspondiente informe ampliatorio, el cual, y sin perjuicio de su mejor criterio, deberá remitirse al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que tramita la causa de mi representado"

Usted, señor Director General de la Policía, traslada esa carta del abogado Trallero, tal cual ha sido convenido de antemano, a la atención del flamante jefe de la UDEF, el comisario principal Manuel Vázquez López.

A raíz de esta misiva, el comisario Olivera, acompañado de Vázquez López (ambos, de izquierda a derecha aparecen en una rueda de prensa) aceptan reunirse discretamente en los primeros de septiembre con el abogado Trallero. El encuentro tiene lugar en el pub Milford, en la madrileña calle de Juan Bravo.

La UDEF, tras este encuentro, envía el 12 de septiembre al juez Ruz la carta que a su vez le ha entregado usted señor Cosidó, días antes de que el extesorero comparezca para prestar declaración en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Nada más recibir la carta, el juez Ruz se la remite a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie. el 24 de septiembre, el juez dicta un auto:

"Se cursa directamente ante el Director general de la Policía, invocando su condición de superior jerárquico de los funcionarios policiales, sin que el juez pueda valorar la pertinencia, necesidad y posibilidad de la diligencia interesada, conducta que se sitúa voluntariamente extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la dirección del mismo que legalmente tiene conferida...La iniciativa no tiene encaje, cabida o justificación en nuestro vigente sistema procesal apartándose de las reglas de buena fe. Se trata de una patente irregularidad procesal cuando a la autoridad policial se le solicitan determinadas diligencias que, de forma palmaria y evidente, tienen indudable afectación con relación al objeto del proceso pudiendo llegar a constituir abuso o fraude procesal en caso de admitirse y perpetuarse tal proceder"

El juez Ruz recomienda a la UDEF, por tanto, "abstenerse de practicar cualquier diligencia relativa a la solicitud presentada".

Lo que el juez no sabe al redactar esta resolución es que ya ha habido a sus espaldas una "diligencia": el encuentro entre los policías y el abogado de Bárcenas en el pub Milford.

La reacción del juez Ruz llueve sobre mojado. Unos meses antes, en mayo de 2012, cuando Rosalía Iglesias declara ante el juez, la policía la recoge en coche en su domicilio y la hace ingresar por el garaje de la Audiencia Nacional. Ruz deja constancia de que esta operación se hace a espaldas del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y del juez decano. Es obra de la Policía y de la comisaría de la Audiencia Nacional.

Otra de las misiones de Olivera tiene lugar el 29 de octubre de 2012, tres semanas antes de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre en Cataluña. El comisario principal a cargo del CICO y el que está al mando de Asuntos Internos, Marcelino Martín de Blas, se trasladan a Barcelona, y al margen, Josep María Pijuán, titular del juzgado de instrucción número 30, el instructor del caso Palau - financiación irregular de Convergencia i Unió - pretenden obtener de los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo el respaldo para registrar la sede de CiU. Los fiscales no encuentran fundamentos para pedir al juez la orden de entrada y registro. El fracaso conduce, el 16 de noviembre de 2012, a nueve días de las elecciones autonómicas, a filtrar a la prensa un presunto borrador de la UDEF en el que se sostiene que Artur Mas y Jordi Pujol han recibido parte del dinero que empresas constructoras habían abonado al Palau de la Música como peaje para lograr la adjudicación de obra públicas.

Más tarde, con ocasión de la consulta del 9 de noviembre de 2014, la Policía volverá por los fueros, esta vez con la filtración de una cuenta falsa del ex alcalde de Bárcelona, Xavier Trías, cuenta sobre la que, según dictamina el juez José Emilio Coronado, titular del juzgado de instrucción número 16 de Madrid, en un auto del 3 de mayo de 2016, no hubo nunca confirmación interna alguna en la UDEF.

Pero el año de 2012, al que hemos aludido, no cierra el movimiento de placas tectónicas en el alto mando de la Policía. 

A mediados de octubre de 2013, un año y medio después de decapitar al comisario general de Policía Judicial, el comisario principal José García Losada (en la imagen, abajo) es destituido de la Comisaría General de Policía Judicial. Corre la misma suerte que Rodríguez Ulla en julio de 2012. Y ello después de decir que había "nombrado al comisario García Losada porque considero que es el más capaz, que es el mejor comisario general de Policía Judicial que podemos tener en estos momentos". Son sus palabras, señor Cosidó.

Y en mayo de 2014, no por ser una de las últimas movidas resultará menos importante, está el cambio en la persona que lleva más de cinco años investigando, entre otras, tramas como la del caso Gürtel y papeles de Bárcenas. El máximo responsable de la Brigada Central de Investigación del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha pedido ser relevado de ese delicado puesto para optar a dirigir la Brigada del Banco de España.

Aquel aviso, que nos acaba de revelar el comisario Enrique Rodríguez Ulla en su declaración del pasado 3 de marzo, es el que José Luis Fernández Udiña, dio al Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, en la reunión de finales de junio de 2012, se cumple dos años después.

Todos estos hechos, alguno de los cuales, como el célebre ático de Estepona, ha conocido cierta luz por la declaración del comisario Rodríguez Ulla, exigen, señor Director General de la Policía, sus explicaciones.

 Después de someter algunos extremos de esa declaración judicial a unas diligencias de comprobación, tras mantener entrevistas con las partes implicadas, me decido a compartir con usted estas averiguaciones.

La investigación del ático iniciada en agosto de 2011, contra lo manifestado por el ministro del Interior y por usted mismo, no por discreta, como por otra parte suele ocurrir, ha sido irregular.

Ha tenido como testigo de cargo al comisario José Villarejo, quien ha aportado los informes realizadas en aquella fase inicial al juzgado de Estepona y las grabaciones realizadas a Ignacio González en diciembre de 2012, después de que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid anunciase, un par de semanas ante, de que pasaba de condición de inquilino del ático de la Urbanización La Alhambra Golf a propietario del mismo. Se trata de la grabación realizada en el encuentro de la cafetería La Mallorquina de Madrid y que ha sido aportada a la causa del ático.

Por otra parte, esa investigación preliminar ha sido, según el auto del juez Adolfo Carretero, de Madrid, que instruyó los hechos como pieza separada a raíz de la denuncia de Ignacio González, en septiembre de 2015, legal.

 El procedimiento judicial en curso determinará el alcance de los hechos que se ocultan en la telaraña de Delaware, Estados Unidos, donde está registrada la sociedad titular del ático desde 2008, Coast Investors, y su matriz, Walfort Overseas Investment Ltd. Ambas están incorporadas en Delaware.

De momento, lo que sí sabemos, gracias a declaraciones como las del comisario Rodríguez Ulla, es que ha habido un Áticogate,  es decir, una serie de intentos continuados por ahogar la investigación en sus comienzos.

 Atentamente.