Ricardo Costa descarga en el PP nacional la financiación ilegal del partido en Valencia

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha descargado en la dirección nacional del partido cualquier responsabilidad en la financiación de tres campañas electorales —las municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008— que supuestamente recibieron 3,46 millones de euros en dinero negro de constructores a través de la mercantil Orange Market. En su escrito de defensa por esta pieza separada del caso Gürtel, Costa pide que se archive la causa en la que la Fiscalía Anticorrupción pide para él siete años y nueve meses de prisión por delitos continuados de falsedad documental y delito electoral.

En su escrito, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso este periódico, Costa pide al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que en el juicio se cite como testigos a 32 personas; entre ellas, al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy; a la secretaria general de PP, Dolores de Cospedal; y al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas.

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Según el escrito de la fiscalía, los populares valencianos utilizaron aportaciones irregulares realizadas por varios empresarios de la construcción, para los que también solicita penas, aunque menos elevadas. "Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market", una de las sociedades de la red, "servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Otros empresarios de la trama han confesado la veracidad de esta financiación irregular. El pasado 1 de abril, el empresario Enrique Ortiz, presidente del Grupo Cívica, presentó un escrito de defensa ante el juez De la Mata en el que admite que financió ilegalmente al Partido Popular (PP) en la Comunidad Valenciana en las campañas electorales de 2007 y 2008. Ortiz pide que se le rebaje la pena por esta confesión.

Ricardo Costa fue secretario general del PP valenciano entre junio de 2007 y noviembre de 2009 —anteriormente, desde noviembre de 2004, ocupó el cargo de vicesecretario— y parlamentario autonómico desde junio de 1995 hasta el 2 de enero de 2015.

La defensa de Costa, encomendada al penalista Juan Casanova Pérez-Llantada, sostiene que en su primer cargo, de vicesecretario, a su cliente no le fue delegada ninguna competencia económica. En las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007, Costa no ejerció nunca como administrador de campaña electoral, cargo que correspondía, según él, al gerente nacional del partido, que dependía a su vez del secretario general nacional. En esos comicios, relata el escrito de defensa de Costa, no contrató medios o soportes para actos electorales ni autorizó que se contrataran. "No era su función ni podía llevarla a cabo", sostiene.

En 2008, cuando ya era secretario general del PP valenciano, se celebraron las elecciones generales que ganó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En estos comicios, las competencias correspondían también a la dirección nacional del partido.

Costa afirma que nunca se encargó de la gestión ordinaria de la tesorería del PP autonómico y su cargo, de acuerdo con los estatutos del partido, no le confería competencias económicas. Según él, en los periodos electorales, el PP valenciano no realizaba una contabilidad independiente, sino una a nivel nacional. Así, las cuentas regionales se enviaban a Madrid para su consolidación y se presentaban juntas con un único Código de Identificación Fiscal para todo el Estado.

Fuentes de la defensa de Costa descargan de cualquier significado político el escrito presentado ante la Audiencia Nacional. "No es un ataque político, es una pura defensa jurídica que se basa en que el imputado no tenía competencias en asuntos económicos como secretario general del PP valenciano, ni administraba fondos electorales", afirman las fuentes. También recalcan que los cabecillas empresariales de la trama Gürtel trabajaban para el partido antes de que él llegara.

Según estas fuentes, el escrito por el que se pide el archivo de la causa sostiene en el fondo que el PP actuó correctamente y no se financió de manera irregular.