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Cualquier acuerdo requiere que se superen las líneas rojas

Todas las combinaciones y los pactos sitúan a cada partido en un dilema con contraindicaciones políticas

Unos carteles de campaña del PP, en Madrid.
Unos carteles de campaña del PP, en Madrid.Luis Sevillano

El guion que queda escrito con los resultados electorales del 20-D marca un escenario político en el que solo es posible llegar a acuerdos para gobernar si alguno de los partidos acepta modificar sus líneas rojas y si alguno admite que, en todo caso, debe asumir riesgos e inconvenientes. Casi todas las combinaciones tienen inconvenientes y todos los partidos están atrapados en distinto grado en sus propios dilemas. Si nadie accede a cambiar alguna posición o arriesgar tendrá que haber elecciones en mayo.

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Puede gobernarse en minoría, con geometría variable y pactando cada ley, pero con un nivel de representación tan bajo que un Parlamento adverso puede cambiar todas las normas en trámite. En todo caso, la dificultad es, en primer término, la de superar la investidura, aunque sea en segunda vuelta y mayoría simple con varias abstenciones.

Partido Popular

Solo puede sumar con Ciudadanos y con al menos una tercera fuerza. Primero tendría que convencer a Albert Rivera para que renuncie a su línea roja y apoye su investidura. Para sumar a un tercero tiene el inconveniente de haber roto prácticamente todos los puentes de diálogo con todos los demás partidos. Por ejemplo, a los nacionalistas les ha dado la espalda y el desafío en Cataluña hace imposible un acuerdo con ellos y solo si el PP aceptara concesiones a los independentistas podría pensarse en esa opción.

Además, Ciudadanos dice ser "incompatible" con los nacionalistas.

El dilema del PP se completa con el del propio Mariano Rajoy y la respuesta a la pregunta ¿aceptaría el actual presidente del Gobierno dar un paso atrás y dejar paso a otro candidato de su partido para facilitar la investidura?

El PP puede avanzar hacia la opción de un Gobierno en minoría con abstenciones de Ciudadanos y del PSOE, si fuera capaz de convencer a ambos partidos para hacerlo. La duda, en este caso, es si es posible gobernar con 123 escaños y con un Parlamento adverso. Tiene como margen el hecho de que los Presupuestos para 2016 estén ya aprobados y no es necesario abordar otros hasta final de ese año.

Puede esperar a que haya un bloque de izquierdas y pasar a la oposición, con posibilidad de bloquear iniciativas como la reforma de la Constitución. Pero, en todo caso, supondría cambios en la dirección del PP y, posiblemente, la renuncia de Mariano Rajoy para abordar su renovación.

El dilema del PP se completa con el cálculo de qué ocurriría si se ve obligado a convocar elecciones por la imposibilidad de elegir un nuevo presidente. Es decir, si le beneficia, si debe presentar otra cabeza de lista a esos comicios, si pagaría la falta de diálogo y acuerdo…O si por el contrario recuperaría voto útil en favor de la estabilidad.

PSOE

El dilema de Pedro Sánchez se resume en elegir entre permitir que gobierne el PP o pactar con Podemos y otros partidos, aceptando posiciones que superan sus líneas rojas y que, en todo caso, le pueden suponer contraindicaciones políticas.

Si cede a las presiones que recibirá para que con su abstención permita que gobierne el PP deberá asumir las consecuencias del titular: "El PSOE permite que gobierne el PP". Es decir, si la pugna política es entre bipartidismo y vieja política contra nueva política y pluralismo él tomaría partido y, además, permitiría la investidura de quien no considera una persona decente, si es que Rajoy persiste en ser candidato. El precio puede ser muy alto para el PSOE, aunque se ampare en la razón de Estado y la estabilidad.

El PSOE habría hecho con Rajoy lo que el PP no quiso hacer con Susana Díaz en Andalucía.

Si no lo hace y el PP no puede formar gobierno, Sánchez puede buscar una mayoría alternativa. Necesitaría a Podemos y a otros partidos. Para ello, tendría que asumir líneas rojas programáticas como el referéndum en Cataluña o la reforma de la Constitución para, entre otras cosas, cambiar el sistema electoral. En este punto, la gran coartada de Sánchez que, a su vez le ata para pactar, es que el PP tiene mayoría de bloqueo de esas reformas y, por tanto, puede parar una reforma constitucional que pactara con Podemos. Hay que tener en cuenta que la reforma electoral es reforma de la Constitución porque es donde se establece la provincia como circunscripción y el reparto de escaños, salvo que Ciudadanos y Podemos renunciaran a sus posiciones y aceptaran solo un leve retoque de la ley.

No puede pactarse ninguna reforma de la Constitución sin el PP, porque el Senado, la Cámara "que no vale para nada" ahora es fundamental.

Si aceptara el referéndum de autodeterminación en Cataluña, tendría un coste en otras comunidades y con barones regionales del partido. Y, además, debe valorar qué le supondría estar en manos de un partido que como Podemos aspira a quedarse con su electorado y su espectro político. Se jugaría la supervivencia futura. Su dilema se completa con el cálculo sobre unas nuevas elecciones por falta de acuerdo.

Es el que mayor dilema tiene porque si la salida fueran nuevas elecciones corre el riesgo de ser engullido por Podemos.

Podemos

El partido de Pablo Iglesias ya ha expuesto sus líneas rojas que tienen que ver con la reforma de la Constitución, el sistema electoral y el referéndum en Cataluña, entre otras. Su dilema es decidir qué pide y a qué renuncia en una hipotética negociación con el PSOE.

Esas líneas rojas no las puede cumplir el PSOE porque no está en su mano garantizar la reforma constitucional sin el PP.

Tiene que elegir si se mantiene en la oposición a la espera de unas nuevas elecciones que le permitan crecer o si aprovecha para intentar poner en marcha algunas de las reformas que propone apoyándose en el PSOE. Debe decidir si le beneficia un acuerdo con el PSOE, su gran adversario en ese espectro político.

Podemos tiene un primer escollo que superar en el Congreso: la creación de los cuatro grupos parlamentarios con las candidaturas de Galicia, Cataluña y Valencia. La Presidencia y Mesa del Congreso que se elijan el 13 de enero en una negociación que será muy difícil deben decidir si acceden a la creación de esos grupos con aplicación flexible o rígida del ambiguo reglamento.

Pactar con el PSOE, además, va necesariamente unido a hacerlo con otros partidos que pueden desdibujar su posición política. Por ejemplo, los nacionalistas conservadores.

Surge otra pregunta: si pactara y renunciara para ello a algo de su programa, ¿cómo se sometería al escrutinio revocatorio por incumplimiento de sus promesas que incluye en sus líneas rojas?

Al partido de Pablo Iglesias lo que mejor le iría son unas nuevas elecciones y por eso asume el riesgo de mostrar que pone una condición que sabe de imposible cumplimiento por el PSOE: la reforma constitucional. Y el de dejar la idea de que su prioridad es el refeéndum catalán y no cualquier otro asunto social.

Ciudadanos

El dilema básico de Ciudadanos es si rompe alguno de los compromisos que expresó en campaña: no votar la investidura de Rajoy, no pactar con Podemos y no pactar con nacionalistas. Si decide no apoyar a Rajoy ni a otro candidato del PP debe asumir que habrá elecciones con toda probabilidad por su decisión.

Si no pacta con Podemos o los nacionalistas tampoco permitiría que gobernara el PSOE y también habría elecciones. Para cualquiera de esos pactos tendría que renunciar a algunas de sus posiciones programáticas como la reforma constitucional en el sentido que pide.

Por el momento mantiene la abstención y que sean otros los que se muevan.

Senado

Todo se complica porque, además, en el Senado el PP sí tiene mayoría absoluta. El Congreso tiene la última palabra en el trámite de las leyes, pero en el Senado pueden ralentizarse iniciativas y complicarle la vida al Gobierno.

Por ejemplo, según la Constitución en el Senado se pueden crear comisiones de investigación. Imagínese un Gobierno de izquierdas en el que el PP pueda crear una comisión sobre los ERE, por ejemplo, en el Senado. En la Cámara Alta, además, se deciden nombramientos que pueden bloquearse por esas mayorías.

La mayoría absoluta en el Senado impide cualquier reforma constitucional.

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