La juez Alaya imputa al presidente de Unicaja por el fraude de los ERE

La magistrada Mercedes Alaya, que instruye el fraude de los ERE en Andalucía, ha dado otro paso inesperado en el caso y ha imputado al presidente de Unicaja, Braulio Medel. La juez ha citado declarar el próximo 21 de mayo a Medel, que está al frente de la entidad malagueña desde 1991.

La imputación de Medel no se produce por su labor al frente del banco, sino por haber formado parte del consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andaluz (Idea), el organismo de la Junta que pagaba las ayudas que luego concedía la Consejería de Empleo.

La magistrada imputa a toda la cúpula de Idea entre 2001 y 2008. En total, la titular del Juzgado 6 de Sevilla imputa a 16 nuevas personas y llama de nuevo a declarar a otras nueve que ya están imputadas. A todas ellas las cita la próxima semana, acusadas de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. La magistrada entiende que los imputados contribuyeron al falseamiento de las cuentas de Idea. Sostiene que el falseamiento del presupuesto del órgano autonómico es trascendental para que se produjera el fraude de los ERE.

La juez Alaya imputa al presidente de Unicaja por el fraude de los ERE

A lo largo del auto de imputación, la magistrada repasa las actas del consejo de Idea entre 2001 y 2008, donde aparecen las ayudas que se concedieron a través del programa presupuestario 31L, que la juez considera ilegal. Entre esas subvenciones figuran las ayudas que recibieron los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, los exconcejales del PSOE José Enrique Rosendo y José María Sayago.

La juez cree que los miembros del consejo de Idea conocieron el convenio marco que facilitó que les llegaran las ayudas ilegales. Ninguno de ellos, según interpreta la juez, puso reparos a la operación, de ahí su imputación.

Además de Medel, la juez implica a otras 24 personas que formaron parte de la dirección de Idea. Entre los nuevos acusados figuran también José María Bueno Lidón, expresidente de la caja de ahorros de El Monte; José Domínguez Abascal, exsecretario general de Universidades de la Junta, y el jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, Francisco del Río.

También están imputados Jesús Nieto González, alto cargo de la actual Consejería de Medio Ambiente, y Juan Paniagua Díaz, exdirector de la Agencia Andaluza del Agua. Además, la magistrada vuelve a citar como imputados al exconsejero de Empleo Antonio Fernández; al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y al exdirector de Idea Jacinto Cañete. A todos ellos la instructora ya los había incluido en la causa. También aparece en el auto el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, considerado el principal implicado en la trama de los ERE falsos.

El paso dado ahora por Alaya, que firmó el martes este nuevo auto, supone otro salto más en su larga instrucción. Ya no se limita a apuntar a los responsables políticos de la Administración andaluza. También apunta, y acusa de graves delitos, a los miembros del consejo rector de la agencia pública a través de las que se materializaban las ayudas a empresas que la juez considera ilegales.

La imputación de Medel, y del resto de cargos y excargos de la Administración, causó este miércoles sorpresa entre los mandatarios de la Junta de Andalucía. Fuentes del Gobierno regional resaltaron que la magistrada no había imputado a todos los miembros del consejo de Idea entre 2001 y 2008. Como ha ocurrido en otros casos, Alaya ha esquivado a los que son aforados por sus cargos políticos, a los que no puede investigar. Para evitar problemas, la fiscalía ha pedido varias veces a Alaya que eleve la causa al Tribunal Supremo, opción que rechaza la magistrada.

Medel, que está al frente de Unicaja desde 1991 y ha conseguido que su entidad sea una de las pocas cajas que han sobrevivido a la crisis financiera en España, no es el único directivo de banco al que la juez ha imputado. La exministra Magdalena Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, también lo está. Esta semana, Alaya ha decidido embargarle seis inmuebles y cinco cuentas bancarias para responder de la fianza civil de 29,5 millones que le ha impuesto.