El Gobierno justifica la escolta en la casa de los Bárcenas para protegerlos

Un hombre entró el pasado 23 de octubre con engaño en el domicilio del extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión, y pistola en mano amenazó y maniató a su esposa, hijo y personal de servicio. Todo acabó bien porque el hijo y el escolta redujeron al individuo tras desprenderse de las bridas que les había colocado. Al día siguiente el Ministerio del Interior ordenó un servicio permanente de protección las 24 horas del día lo que produjo la protesta del Sindicato Unificado de Policía, SUP, al estimar que la medida es ajena “a los protocolos” habituales.

El Gobierno, sin embargo, justifica la medida para garantizar “la seguridad no solo de aquel [domicilio de Bárcenas] sino también del entorno en el que se produjeron los hechos”. Esta es la respuesta a la pregunta del diputado socialista portavoz de Interior, Antonio Trevín. No se ha sentido satisfecho el diputado interpelante ya que no hay concreción a las preguntas que formuló. "¿Es habitual que los cuerpos de seguridad acuerden medidas de seguridad en los domicilios o portales de las víctimas después de que hayan denunciado un robo con violencia?", había preguntado Trevín. Y en la misma línea: "¿En cuántos robos se ha acordado medidas de seguridad como las adoptadas en el domicilio de Luis Bárcenas?".

Además, llama la atención sobre las formas. "La respuesta se escribe en un lenguaje oscuro y enrevesado para que no lo entienda el común de los mortales". Pero Trevín no pierde de vista el fondo: "Por mucho que oscurezca la respuesta se desprende que con Bárcenas hay un trato singular y un despliegue excepcional".

La respuesta omite el nombre de Bárcenas y el redactor utiliza un lenguaje muy administrativo y casi policial, casi ininteligible si no se conoce de antemano el asunto del que se habla. "Las circunstancias relacionadas con el ilícito que sufrió la familia de la persona concernida, aconsejaban la puesta en práctica de medidas destinadas a garantizar la seguridad…… ello en prevención de que no se tratase de un hecho aislado", responde el Gobierno a través de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

La respuesta es aparentemente reglamentaria, sin entrar en dar respuesta a las preguntas concretas. "El adecuado cumplimiento de las funciones de las Fuerzas de Seguridad obliga a adoptar medidas de prevención de seguridad acordes con las concurrencia de circunstancias excepcionales que puedan rodear a cada caso concreto". No hay respuesta a cuántos intentos de robos le ha sobrevenido la protección del ciudadano o la familia que los han sufrido. ¿Quién tomó la decisión?, era otra pregunta. La respuesta “no tiene desperdicio” para Trevín. "Corresponde a los servicios que ejercen sus funciones en las áreas competenciales correspondientes, bajo la supervisión de sus responsables". Es decir, la autoridad competente. Para Trevín no hay duda de que la decisión la ha tomado la Dirección General de la Policía, como también sería lo reglamentario.

Sí da el Gobierno cumplida cuenta de los delitos de robo que hubo en 2013 como le preguntaba también Trevín. Lo cierto es que la intención del diputado socialista se dirigía a saber cuántos de los robados tienen ahora protección como le ocurre a la familia de "la persona concernida" como se le llama en el escrito gubernamental. Ha habido en torno a 5.400 robos divididos en robos a viviendas y a dependencias anexas y a locales, según los datos facilitados por la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas. No se sabe si alguno está ahora protegido; lo estará si se da una "concurrencia de circunstancias excepcionales", es la respuesta genérica.