El PP se enroca en la defensa de su ley del aborto ante todos los grupos

El PP defendió este martes con vehemencia en el Congreso su polémica reforma de la ley del aborto. Lo hizo en la Diputación Permanente, en el primer asalto del debate sobre la norma y, sobre todo, enrocado frente a todos los grupos parlamentarios. El grupo que sustenta al Gobierno arrancó el curso en el Parlamento defendiendo en solitario esa ley y otras en trámite, como la de seguridad ciudadana, que afectan a derechos.

Los populares constataron que no será posible consenso alguno sobre la reforma del aborto, porque, a excepción de los seis diputados de Unió que tendrán libertad de voto dentro del grupo de CiU, ninguna otra formación está dispuesta a aceptar la derogación de la actual ley de plazos aprobada en 2010. La reforma es “innecesaria” y “vergonzosa”, le dijeron desde la derecha y la izquierda.

Al PP, con mayoría absoluta suficiente para aprobar la norma en solitario, solo le queda la búsqueda del consenso consigo mismo ante las voces críticas que han surgido dentro de su partido contra el proyecto de Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón. Este martes ni siquiera aceptó, frente a todos, abrir un debate sobre la norma con las comparecencias urgentes de la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, y los ministros de Justicia y Sanidad, Gallardón y Ana Mato. Frente a todos los demás grupos frenó el debate en el Congreso hasta que llegue el proyecto de ley para su tramitación, después de pasar de nuevo por el Consejo de Ministros, con los informes preceptivos no vinculantes. No será antes de dos meses y el trámite parlamentario se prolongará hasta otoño.

“Ignoran que detrás de un embarazo hay una vida”; “nos tratan a las mujeres como seres insensibles”; “ninguna mujer quiere pasar por un aborto”; “no existe un derecho al aborto” y “la suya es una ley tremendamente radical”, aseguró la portavoz del PP, Sandra Moneo para defender la reforma que cambia la actual ley de plazos socialista por una de supuestos y supedita el de malformación del feto a que peligre la salud mental de la madre.

La portavoz del PP, obviamente, no dio muestra alguna de rectificación o de paso atrás en la decisión de acometer la polémica reforma. Ni siquiera habló de diálogo. Solo de consenso pero para asegurar que el PSOE en 2010 lo rompió con la ley de plazos. Olvidó que la norma previa, aprobada por un Gobierno socialista en 1985, tuvo el voto en contra del PP (entonces llamada Alianza Popular) y que en 2010 siete grupos apoyaron la ley de plazos.

Frente a esta posición del PP, todos los demás sin excepción defendieron las peticiones de comparecencias urgentes de los tres miembros del Gobierno para anticipar el debate, dado que el Congreso no abrirá hasta el 1 de febrero. La única excepción en las largas vacaciones será un pleno la próxima semana en el que Rajoy dará cuenta de la cumbre europea de diciembre y el PP ha aceptado una sesión de control.

En el debate en la Diputación Permanente, hasta el portavoz de Unió, Josep Sánchez Llibre, apoyó las comparecencias para debatir sobre la polémica ley, aunque no esté por la retirada del proyecto. Antes, los demás grupos criticaron con dureza el proyecto de ley presentado por Gallardón. La número dos socialista, Elena Valenciano, aseguró que el proyecto “nos lleva al túnel del tiempo y nos intenta imponer un retroceso sin precedentes, arrastrado por la dura ala dura del PP”. La socialista lamentó que se rompa la equiparación de España a otros países europeos de nuestro entorno que tienen también leyes de plazos. Con la norma de 2010, según dijo, se han reducido los abortos.

“Es una reforma impropia de nuestro siglo, que arrebata una decisión que corresponde a las mujeres y por la que dejarán de ser libres”, dijo Valenciano. Y explicó que las mujeres tendrán que enfrentarse a una “carrera de obstáculos” y que el “92% de las que lo hacen ahora ya no podrán hacerlo”. El PSOE volverá a la carga con una proposición no de ley pidiendo la retirada del proyecto para lo que forzarán en febrero una votación secreta que no podrían lograr por el trámite legislativo.

En esta línea, los portavoces de UPyD y PNV, Rosa Díez y Aitor Esteban, respectivamente, pidieron la retirada del proyecto de ley. Para Díez, “los gobiernos no deben generar más problemas y menos como este”. Izquierda Plural, Grupo Mixto y Convergencia se sumaron a las duras críticas al Gobierno por su intención de abordar esta reforma, demostrando que el consenso existe, pero en favor de la ley de plazos y con la única excepción del PP.

La oposición pretendía ayer la comparecencia urgente de 10 miembros del Gobierno sobre distintos asuntos y solo logró que el PP aceptara las de José Manuel Soria (Industria y Energía) y Fátima Báñez (Empleo) para dar cuenta de su gestión sobre las tarifas eléctricas y el desempleo, respectivamente. Junto con el aborto, el otro asunto espinoso al que se enfrentó el PP es el de la gestión del Ministerio del Interior. Los socialistas pedían la comparecencia del ministro Jorge Fernández, por su intención de aprobar una ley de seguridad ciudadana que convierte en sanciones administrativas, ajenas a intervención judicial, lo que ahora son faltas juzgadas con garantías.

Para el socialista Eduardo Madina es una ley de orden público que limita derechos. También en este caso, el PP se quedó solo rechazando la comparecencia urgente y defendiendo la ley. Y de nuevo quedó patente que la agenda política de la segunda parte de la legislatura incluye en los primeros lugares los derechos y libertades, eclipsando la euforia económica que el Gobierno pretende insuflar. Por ejemplo, para Jordi Jané (CiU) “el Congreso tiene que debatir lo que debate la sociedad y más en este caso que afecta a derechos fundamentales”. Pero para Alfredo Prada (PP) esa ley da garantías a los derechos al consagrar el principio de intervención mínima de la jurisdicción penal.

El PP también rechazó la petición del PNV para que el ministro Fernández explicara las detenciones de los miembros del llamado frente carcelario de ETA. Aitor Esteban criticó la oportunidad de las detenciones justo cuando los presos de ETA han aceptado acogerse a la reinserción individual y la legalidad penitenciaria tras el bloqueo de su sector duro. Y en vísperas de la manifestación de apoyo los presos. El portavoz del PNV interpretó esa actuación como el fruto de la presión de una “derecha muy a la derecha”. Leopoldo Barreda (PP) se preguntó por el “sentido democrático” de los nacionalistas vascos.