El decano de los abogados de Madrid pide un pacto de Estado por la Justicia

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, ha defendido la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia y que se consulte a todos los interlocutores para evitar el "descontento generalizado" que existe ahora ante las reformas en el sector promovidas por el Gobierno.  

"La Justicia necesita un Pacto de Estado. Por la trascendencia social, esto no es cuestión de un Gobierno frente a una oposición o frente a otros partidos", ha dicho Hernández-Gil, que es también catedrático de Derecho Civil de la UNED y que se presenta a la reelección el próximo 18 de diciembre.

Las reformas en la Justicia de Alberto Ruiz Gallardón han provocado un incendio que se extiende sin descanso por todos los profesionales del sector. El Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CC OO, USO y CSIF presentaron ayer una plataforma —bajo el nombre de Plataforma Justicia para todos— para combatir, entre otras, la nueva Ley de Tasas y el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita.

Tras destacar la "falta de diálogo" en las últimas reformas de la Justicia, el conocido jurista ha asegurado que debería producirse este Pacto de Estado para abordar reformas en la Justicia porque "son siempre de gran calado" y producen efectos "a muy largo plazo y muy profundamente en el tejido social".

Frente a ello, ha observado Hernández-Gil, se está haciendo "una especie de legislación motorizada" en la que "la elaboración de las leyes se hace rapidísimamente y sin consultar con los interlocutores naturales, lo que produce también un descontento generalizado".

Es lo que, según el decano de los letrados madrileños, ha pasado con la ley de tasas aprobadas por Justicia, que ha descalificado por su "regresión", al resucitar una medida suprimida en 1986, y por las "tasas altísimas" y "desproporcionadas" que se imponen a los ciudadanos que quieran acudir a la Justicia a defender sus derechos.

"Lo que ha ocurrido con las tasas judiciales espero que no sea el síntoma de una manera de gobernar, pero, si lo es, la Justicia se merece más reflexión y más diálogo", ha dicho.

Ha considerado, asimismo, que cuando se pacta los políticos "tienen que renunciar a algo", pero "cuando uno tiene mayoría pues cuesta renunciar al privilegio del número de votos", aunque "la sociedad y el valor de la Justicia se merece un esfuerzo compartido de todos".

Las medidas necesarias para una reforma estructural de la Justicia, que evite su saturación actual, siempre dan "sus resultados a largo plazo y, por tanto, son poco atractivas y visibles para decir que se van a adoptar", ha opinado el jurista y abogado.

Para Hernández-Gil, el problema de la Justicia es "de gestión y de organización, básicamente", más que de medios, aunque con más recursos económicos "es más fácil, pero no es solo un tema de cantidad de recursos, sino de organización", ha insistido.

Si algunas de las medidas planteadas por Justicia intentan perseguir algunos abusos en los servicios públicos, ha opinado, "habrá manera de corregirlos para que quien pague el abuso sea el que abusa y no para que las consecuencias de los abusos las paguen todos".

Por ello, demanda "un poco más de finura a la hora de establecer mecanismos de corrección si es que existe ese problema". "Creo que el problema de la Justicia no es del abuso del derecho al recurso, del derecho a los procedimientos. El abuso es marginal. Pero en cualquier caso, afróntense de otra manera, no cercenando el derecho de todos de una manera discriminatoria porque se ponen unas tasas muy altas para todo tipo de población", ha añadido.