Indignación general contra el Gobierno

El inconmensurable malestar social provocado por el grave empeoramiento de la calidad de vida en España descargó ayer su indignación contra el Gobierno de Mariano Rajoy. La política económica del Ejecutivo tuvo que soportar ruidosas protestas en todo el país, donde estalló la octava huelga general en 36 años de democracia, la segunda convocada en menos de ocho meses, un negro récord que el PP encajó sin pestañear.

Zarandeado por esta protesta general ciudadana contra el año escaso de gestión popular, el presidente Rajoy ha decidido mantenerse firme en su apuesta por el drástico recorte del gasto público para cumplir con la reducción del déficit como principal bálsamo contra la crisis.

“El plan del Gobierno es la única alternativa posible”, proclamó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, para ahuyentar cualquier posibilidad de rectificación y rechazar de plano las reivindicaciones de los huelguistas. Los sindicatos avisaron de que seguir aplicando esa “alternativa única” sin cambios traerá más protesta en las calles.

Esta enorme fractura entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores vivió ayer un capítulo especial. Mientras que miles de piquetes —mucho más numerosos que en anteriores paros, según los sindicatos— agitaban con sus gritos las zonas comerciales y los polígonos industriales de toda España, los diputados del PP bendecían con su mayoría absoluta en el Congreso el ajuste presupuestario más duro de la historia sin hacer caso a las 3.600 enmiendas de los grupos de la oposición.

El seguimiento de la huelga general, a la que estaban convocados los 17,3 millones de trabajadores que hay en España —hace solo cuatro años había 20,4 millones—, fue notable aunque no masivo. Los principales servicios públicos —hospitales, colegios, transportes— funcionaron con la anormalidad de una jornada de servicios mínimos aceptados por los sindicatos y que dos millones de trabajadores cumplieron a rajatabla; la industria, vigilada por pelotones de piquetes en los polígonos más grandes, apenas tuvo actividad; el comercio abrió, protegido en ocasiones por batallones de policías, en una jornada complicada para el consumo.

Hubo 74 heridos (43 de ellos policías) y 118 detenidos durante enfrentamientos esporádicos entre agentes y manifestantes que se registraron en distintas ciudades antes de las marchas callejeras de la tarde.

La indignación de numerosos colectivos por las políticas del Gobierno encontró en el 14-N el eco perfecto para su mensaje de protesta. Un grupo de actores tomó el Teatro Español en Madrid para censurar las reformas culturales del Gobierno y pedir la dimisión del ministro Wert; alumnos, profesores y padres denunciaron vestidos de verde los recortes educativos en los centros; los vestíbulos de algunos hospitales públicos se llenaron de batas blancas para defender reivindicaciones similares; 80 jueces comunicaron al Consejo General del Poder Judicial que incumplían la ley para hacer huelga.

El Gobierno se aferró al dato de la demanda de energía eléctrica en tiempo real para restar importancia a la protesta. Aunque el consumo cayó casi un 12,7% respecto a la previsión de un día normal, el descenso fue inferior al registrado en la huelga general del 29 de marzo (por encima del 16%).

Los sindicatos, que presumieron de un “éxito total” en la huelga, replicaron con sus propias cifras, basadas en los cálculos del colectivo denominado Economistas Frente a la Crisis, quienes evaluaron en un 66% el seguimiento del paro en los sectores productivos del país.

Cándido Méndez (UGT) calificó la huelga de “legítima autodefensa general de la dignidad del pueblo español”; el jefe de la patronal CEOE, Juan Rosell, replicó que el paro era “un torpedo contra la recuperación económica”. El PP añadió más leña al fuego al comparar en su argumentario el coste de un día de huelga general —supuestamente 4.000 millones de euros— con el dinero que haría falta para evitar el 80% de los desahucios —esos mismos 4.000 millones de euros—.

La actividad política se mantuvo a medio gas durante una jornada atípica que logró paralizar la campaña electoral catalana, en la que solo dos partidos, PP y Ciutadans, mantuvieron su agenda de mítines.

Con España al borde del rescate por sus tremendas dificultades financieras; con el Estado del bienestar sometido a un acelerado régimen de adelgazamiento; con los ciudadanos atemorizados por el paro incesante —en los tres primeros trimestres de gestión del nuevo Gobierno hay 500.000 desempleados más, según la Encuesta de Población Activa— y acobardados por una reforma laboral que facilita los despidos baratos; con una pesada cadena de decretos para subir impuestos, recortar gastos, eliminar prestaciones sociales e imponer sacrificios insólitos, el país vivió ayer una “marea democrática de rechazo a las políticas del Gobierno”, según la definió el líder de CC OO, Juan Ignacio Toxo.

Las mareas de piquetes que recorrieron por la mañana las calles de las grandes ciudades para impedir la apertura de comercios se convirtieron por la tarde en mareas de manifestantes que atascaron el centro de las capitales. Cientos de miles de españoles protestaron contra las medidas del Gobierno en marchas multitudinarias.

Pero una vez más, la protesta seguida por millones de trabajadores que secundaron la huelga o se manifestaron ayer en España no tendrá efectos inmediatos ni rectificaciones próximas.

El Ejecutivo del PP asistió a la movilización sin mover un músculo que permita atisbar un cambio de rumbo en su política. “La jornada ha transcurrido con normalidad”, leyó a última hora de la tarde la portavoz del Ministerio del Interior para la huelga general.