El Supremo decide hoy el futuro de Dívar por sus 20 viajes a Marbella

Carlos Dívar, máxima autoridad judicial del Estado, afronta hoy uno de los días más amargos de su vida. Cinco de sus subordinados de la Sala de Admisión de Causas Especiales del Tribunal Supremo (él es el presidente) decidirán su futuro inmediato. En las manos de tres jueces conservadores, José Manuel Maza, Miguel Colmenero y José Ramón Soriano, y dos moderados, Perfecto Andrés Ibáñez y Juan Saavedra, está que Dívar continúe o no como presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Tres opciones se abren ante el Supremo tras la querella por estafa, apropiación indebida y malversación de caudales públicos que ha interpuesto un despacho de abogados de Murcia por sus 20 viajes de lujo, en larguísimos fines de semana caribeños, a Puerto Banús (Marbella).

La primera opción es rechazar la querella, con el argumento de que los pagos endosados al Consejo por esos desplazamientos no constituyen delito, como sostiene la fiscalía, que pide el archivo del asunto. Una decisión que sofocaría algunos fuegos pero que activaría otros. La segunda alternativa es elevar el asunto al pleno de la Sala de lo Penal, a sus 15 magistrados. Y que sea toda la Sala, y no solo cinco de sus miembros, la que adopte y asuma la decisión. La tercera opción no dejaría otra posibilidad a Dívar que abandonar el primer sillón de la judicatura española. La admisión a trámite no obligaría al Consejo a actuar de inmediato contra Dívar; el Consejo solo suspende inmediatamente a un juez cuando un órgano judicial le procesa o entiende que un juez debe ir al banquillo.

Documentación aportada a la causa revela unas 40 cenas y almuerzos cargados en fechas y horas de las que no consta que correspondan a viajes institucionales de Dívar. Fuentes judiciales y del Consejo señalan que si el Supremo decide encartar a Dívar, opción que parece la menos probable, le estaría indicando la puerta de salida. Dívar decepcionó en su comparecencia pública, en la que todos creían que explicaría, y detallaría, los conceptos y motivos de los casi 13.000 euros que ha cargado a las arcas del Consejo desde noviembre de 2008. No lo hizo. El carácter oficial y reservado de esos gastos le impiden dar detalles, sentenció ante la prensa.

Dívar sigue enrocado en un pensamiento que agitan su debate interior: dimitir es sinónimo de asunción de culpa, muy estigmatizante para alguien que es nieto e hijo de juez. “No tengo por qué dimitir, no he hecho nada malo”, se defiende cuando oye sugerencias de que presente la dimisión. El séquito que le acompaña (siete escoltas por turno), asesores personales y secretarias (casi todos cargos de confianza), tres coches oficiales prestos para él las 24 horas del día… Todos se irían con él si decide arrojar la toalla.

Muchos de los vocales del Consejo que le sostienen ahora coinciden en que tendría que irse si es admitida la querella contra él. Pero aun cuando el Supremo archivase la querella, el calvario de Dívar no habría acabado, y todavía le queda un año y medio de mandato. Desde que estalló el escándalo muchos juristas deslindan el reproche penal del ético en una persona que es la cuarta autoridad del Estado.

Aún con un auto absolutorio de sus colegas bajo el brazo, le aguarda un Consejo General del Poder Judicial dividido y convulsionado por el grave deterioro que han causado sus viajes a la justicia. En ese órgano hay cinco vocales liderados por Margarita Robles, insatisfechos con sus explicaciones, y que le han exigido ya que deje el cargo. Y 15 que le han pedido que continúe. Eso sí, con la boca pequeña.

Hay un artículo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 126, que permite que tres quintos de los 20 vocales (21 con Dívar) puedan destituir a su presidente “ante un incumplimiento grave de los deberes del cargo”.