La juez Alaya impone 686 millones de fianza al exdirector de Trabajo de la Junta

Cifra de vértigo. La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 686 millones de euros al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero, encarcelado desde el pasado sábado. La juez Alaya ha impuesto esa medida cautelar para que haga frente a la responsabilidad civil directa derivada de las irregularidades cometidas durante su mandato entre 1999 y 2008 y pueda restaurar el perjuicio causado a las arcas públicas. La fianza no es para que el principal inculpado del caso pueda eludir la prisión preventiva, que es incondicional. La Fiscalía Anticorrupción había pedido elevar la fianza hasta los 933 millones, pero finalmente la magistrada ha rebajado la cifra.

En el auto que fija la fianza, Alaya acusa a todos los superiores que tuvo Guerrero de permitir que la Junta firmara acuerdos ilegales durante 10 años. Entre ellos están imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales Juan Márquez y Daniel Rivera. Sin embargo, el diputado socialista y exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que es aforado, permanece ajeno a la causa.

Alaya aclara con términos duros la responsabilidad que imputa a la cúpula de la Consejería de Empleo: “Los sucesivos directores generales y sus superiores pudieron advertir la presunta ilegalidad de los expedientes de ayudas iniciados por aquel, no continuando los pagos y en su caso, poniendo en marcha los procedimientos de reintegro, al tratarse (…) de ayudas absolutamente discrecionales, que solamente eran concedidas a entidades próximas a la Administración y al estar completamente huérfanas del procedimiento legalmente establecido”. Es decir, el acto supuestamente ilegal fue otorgar las ayudas del fondo para empresas en crisis, dotado con 647 millones, mediante la subvención excepcional, que exigía un control más estricto que las transferencias de financiación, procedimiento utilizado desde 2001. La Junta sigue defendiendo la legalidad del sistema utilizado.

La imposición de la fianza por responsabilidad civil directa impuesta hoy persigue la devolución de las “ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público”, destaca la magistrada. Alaya desglosa los 686 millones exigidos a Guerrero: Las ayudas sociolaborales que otorgó por 456 millones, las ayudas directas a empresas por 59 millones, las primas a los intrusos (personas prejubiladas y ajenas a las empresas beneficiadas) por tres millones y finalmente los “pagos cruzados” que realizó al margen de la contabilidad de la agencia Idea (pagadora de las ayudas) por cuatro millones. Al importe resultante de 522 millones le suma Alaya otros cinco millones porque prevé que los pagos cruzados aumenten, y le añade el tercio exigido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En total, la fianza suma 686.190.686,36 euros.

En su auto la juez también ha rechazado expulsar a la Junta como acusación particular en el proceso y considerarla responsable civil subsidiario, como había pedido el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo. En caso de que la Junta afrontara el pago de la responsabilidad civil derivada de la actuación de Guerrero, los ciudadanos andaluces “se verían doblemente perjudicados, primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público y segundo por tener que hacer frente mediante el abono de sus tributos”, aclara Alaya.

La juez subraya la paradoja de que los ciudadanos andaluces podrían resultar perjudicados antes que beneficiados por la acción de la justicia sobre el fraude cometido: “En el plano real, los verdaderos perjudicados u ofendidos por los delitos que aquí se investigan (…) son los ciudadanos de este país en virtud del principio de solidaridad interterritorial (…) y más concretamente los de esta comunidad autónoma”.

La juez no descarta que en el futuro, superada la fase de instrucción del caso, se pueda declarar a la Junta responsable civil subsidiaria. “Deberá ser ponderada en el momento que corresponda (…) teniendo en cuenta el doble perjuicio enunciado”. Las partes personadas pueden recurrir el auto de hoy ante la propia juez Alaya.

Al margen de la fianza a Guerrero, la magistrada ha impuesto a los 16 intrusos que ya han comparecido ante ella un plazo de 10 días para que designen los bienes por los que responderían a las fianzas de responsabilidad civil impuestas, y que serían embargados por el juzgado. La juez fijó 4,8 millones de fianza para estos 16 intrusos, del total de 72 polizones que la Junta ha identificado. Alaya avanza en su auto que tanto la cifra de intrusos como de pagos cruzados “podrán incrementarse en el curso de la investigación”, que hasta ahora acumula 52 imputados.

De las ayudas sociolaborales concedidas por Guerrero, la juez destaca cómo el ex director general concedió justo antes de su salida del Gobierno andaluz, “en solo cuatro meses”, 65 millones. Además, de las subvenciones directas a empresas subraya cómo los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago percibieron 15,6 millones y otros 2,5 millones a través de empresas vinculadas a ellos. Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibió 8,4 millones (sin incluir las ayudas que no fueron efectivamente pagadas). El exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, percibió 1,3 millones en ayudas y los Ayuntamientos gobernados por el PSOE recibieron 21,8 millones, del total concedido en ayudas directas (59,6 millones).

Entre los intrusos cuyas pólizas Alaya achaca a Guerrero destacan Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso (pueblo del ex director general) y que percibió 112.900 euros, la suegra de Guerrero, Victorina Madrid (200.000 euros), y la madre del exchófer, Estrella Blanco (122.649 euros).

Mientras, el abogado de Guerrero, pidió ayer su libertad desde el próximo miércoles tras la declaración de su exchófer Juan Francisco Trujillo. Este afirmó ante la policía que ambos se gastaron parte de 900.000 euros otorgados en dos subvenciones en cocaína y copas.

El letrado Fernando de Pablo alegó ante la juez que Trujillo es la única persona que podría ser presionado por Guerrero, una de las causas por la que la magistrada encarceló al ex director general, además del riesgo de fuga. “Guerrero lo ha contado todo en su declaración” y ya solo quedan por aclarar “expedientes sueltos, de perfil bajo, en los que no puede presionar a nadie”, dijo De Pablo, que rechaza el riesgo de fuga porque Guerrero pidió el reingreso como funcionario en la Junta. Mientras, ayer estaba previsto el traslado interno de Guerrero en la cárcel desde el módulo de presos preventivos al de respeto.

Alaya ha citado a declarar, como imputado, al exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, que comparecerá el 19 de abril, y al exdelegado de la Consejería en Sevilla Antonio Rivas, que lo hará el 26 de julio.