El PGOU de Alicante se arreglaba en el bufete del hermano de la alcaldesa

La Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial concluye en un nuevo informe del caso Brugal que "la creación y actividad" del despacho Salvetti Abogados, del que eran socios José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exedil socialista Francisco Javier Gutiérrez "estaría estrechamente relacionada con la tramitación del PGOU de Alicante", hasta el extremo de que el 90% de los ingresos de este bufete entre 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" en relación con la elaboración del planeamiento urbano.

La Policía cifra en más de un millón de euros los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez. De la investigación en torno a supuestas irregularidades y tráfico de influencia en la tramitación del PGOU se encarga el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante como pieza separada del caso Brugal, que se centró en sus inicios en la corrupción en torno a la gestión de la basura en la comarca de La Vega Baja (Alicante) y se extendió después al urbanismo de Alicante, con la alcaldesa y el promotor Enrique Ortiz, supuesto beneficiario de las gestiones, como principales protagonistas.

El informe policial también establece "indicios racionales suficientes" de que Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, "además de contestar las alegaciones (al PGOU) a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas la propia alegación que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios". La Policía también destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa Sonia Castedo empezó a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses después de que la regidora accediera al cargo tras la dimisión de Luis Díaz Alperi.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron el pasado 14 de abril el despacho Salvetti Abogados Consultores, SL, en el marco de las investigaciones de esta ramificación del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción solicitó la imputación de ambos socios por su presunta mediación a favor de Ortiz en la resolución de alegaciones a la ordenación urbanística de la ciudad. El despacho, según el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz.

El completo informe, de más de 350 páginas y 47 anexos con documentos como facturas, planos, y grabaciones, establece una relación directa entre la firma Salvetti Abogados, que elaboraba las alegaciones de los afectados por el PGOU, y G&M Gestión del Suelo, la empresa que se encargaba de su aprobación, hasta concluir una “comunión de intereses entre ambos”. La Policía apunta algunos datos llamativos, como que G&M comparte domicilio en la calle Castaños de Alicante con Salvetti Abogados, aunque su representante, Javier Gutierrez, la inscribió con domicilio en la Avenida Maisonnave de la ciudad.

La brigada policial reconoce que es "una constante" a lo largo de la documentación intervenida encontrar papel corporativo y carpetas con el logotipo de G&M y el domicilio social de Salvetti. Por eso, concluye que "queda plasmada la labor de asesoramiento" que realiza José Luis Castedo para esta sociedad, subcontratada por Laboratorios y Proyectos, de Jesús Quesada, redactor del Plan General.

Aunque no aparece relación fiscal directa del hermano de la alcaldesa con G&M, la investigación descubrió la dirección joseluiscastedo@gmurbanismo.com y mucha más información confiscada en el registro que "corrobora la vinculación inequívoca" con Gutiérrez. Además, recuerda que Castedo se incorporó en 2004 como técnico a la consejería de Territorio, prestando servicios jurídicos en la delegación territorial de Alicante y actuando como vocal de la comisión informativa de Urbanismo hasta el año 2008.

La Policía también destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa empezó a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses después de que la regidora accediera al cargo tras la dimisión del ex alcalde, Luis Díaz Alperi. Y es llamativo que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueran “aceptadas o estimadas parcialmente” en los puntos que más favorecían a las pretensiones solicitadas por la sociedad G&M, ya que “las personas al frente de la sociedad que realiza las alegaciones y las que realizan las estimaciones son las mismas", concluye el informe.

El monto que percibó el despacho Salvetti por confeccionar las alegaciones de 11 clientes podría alcanzar los tres millones de euros entre 2008 y 2009. La relación de las mismas documenta la facturación cruzada entre el bufete y sus clientes o la existencia de contratos de prestación de servicios y descubre que se aprobaron alegaciones en diferentes planes o zonas de desarrollo de la ciudad.

En Pla Xirau, Salvetti cobró 100.000 euros por conseguir la calificación como urbanizable de dicho sector. También firmó un contrato pr 1.115.000 euros con Gestión de Puertos Deportivos, SA por un proyecto modificado de ejecución de la construcción de un puerto deportivo en Puertoamor tras haber confeccionado y conseguido que se estimara una alegación de la mercantil.

Otra empresa, Inmobiliaria Jiménez de la Iglesia, SL, abonó 65.036,56 euros por la “confección y estimación” de varias alegaciones en el sector La Condomina. Fincorp Mediación pagó 116.000 euros por una serie de alegaciones, también aceptadas en el LIC de Tabarca. A Enrique Ortiz le facturaron 90.480 euros por mediar en Fontcalent a favor del promotor alicantino. Y en ese misma zona la policía tiene constancia de la facturación de al menos 232.000 euros de los 800.000 que Salvettí firmó en un contrato de prestación de servicios para la empresa Terras de l'Horta. Y hasta les pagó 250.000 euros Nau, SL, una empresa de Bancaja, como provisión de fondos por un contrato de arrendamiento de servicios.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron el 14 de abril de este año el despacho Salvetti Abogados Consultores SL, en el marco de las investigaciones del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción solicitó la imputación de ambos socios por mediar a favor de Ortiz en la resolución de alegaciones a la ordenación urbanística de la ciudad. El despacho, según el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz.