El Supremo rechaza la construcción de la biblioteca de Sevilla en El Prado

El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de no construir la biblioteca universitaria de Sevilla en el Parque del Prado de San Sebastián, un proyecto de la arquitecta iraquí Zaha Hadid y que lleva ya consumidos más de cuatro millones de euros, por no estar justificada su situación en una zona verde. La obra fue uno de los proyectos estrella del ya ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y de la Universidad Hispalense, que nunca previó esta resolución. La iniciativa judicial contra la biblioteca corrió a cargo de los vecinos.

El TSJA echó por tierra el proyecto del Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla para compartir el uso verde y el educativo con la Biblioteca Central Universitaria en El Prado, protegido por el PGOU de 1987 por ser el único reducto verde junto al casco histórico. Según el Tribunal de Andalucía, la biblioteca no favorecía los intereses generales de la ciudad sino que “los debilita, en un claro retroceso para favorecer intereses educativos universitarios que no pueden primar sobre los generales”.

“El parque público se justifica por sí mismo”, añadía la sentencia del tribunal andaluz, mientras que la biblioteca “atenta frontalmente contra la racionalidad y coherencia el desarrollo urbanístico”.

Ahora, el Supremo ha confirmado esa resolución, tras reconocer que en “la amplia libertad de elección el planificador urbanístico”, es decir, en su discrecionalidad, está proscrita la arbitrariedad.

El Supremo explica que las zonas verdes han tenido siempre un régimen jurídico propio y peculiar, que introducía una serie de garantías tendentes al mantenimiento e intangibilidad de esas zonas, impidiendo “que fueran borradas del dibujo urbanístico de la ciudad” .

El alto tribunal agrega que el cambio de calificación de los terrenos de El Prado a equipamiento educativo “no se ajusta a los contornos propios en los que ha de moverse una decisión discrecional ni dicha decisión ha sido debidamente justificada”.

“La elección de emplazamiento de un atractivo edifico en el centro de la ciudad de Sevilla, donde albergar una nueva biblioteca, es lo propio de la discrecionalidad. Ahora bien, cuando se trata de hacer desaparecer en todo o en parte una zona verde, “han de expresarse las razones por las que la biblioteca no puede ser construida en otros terrenos para cumplir la misma finalidad de permitir el uso cualificado por el entorno universitario”.

El Supremo no comparte la sentencia del TSJA cuando parece prohibir cualquier alteración en la calificación de una zona verde. Pero la libertad del planificador queda limitada en los casos en que se advierta “una potente presencia de los intereses generales que demanden la reducción de la zona verde, lo que no es el caso”.

“Téngase en cuenta”, adoctrina el Supremo, “que la protección de las zonas verdes, fundamentalmente cuando se encuentran en el centro de las ciudades, como es el caso, nacen de la función que cumplen para hacer habitable y respirable la calle , para incrementar las posibilidades del entorno y para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos.”

Aunque el Supremo concluye que el examen de los intereses de la comunidad universitaria y el de los ciudadanos “no tiene por qué ser contrapuesto”, añade que “esa no es la cuestión”, toda vez que lo que impide tal fusión de intereses es la realización de una construcción sobre zona verde que priva de tal uso, en esa parte, a unos y otros”.

Situación conflictiva

Antonio Ramírez de Arellano, vicerrector de Infraestructura de la Hispalense, señaló hace seis meses que, si el Supremo daba la razón al TSJA, como ha ocurrido, "el PGOU tendría una situación conflictiva y nos sentaríamos a hablar con el Ayuntamiento para ver qué hacemos con el proyecto".

Ramírez afirmaba que no se podía hablar de pérdidas cuando confiaba en que la obras fueran finalmente autorizadas, pero admitía que la empresa constructora, Ferrovial, podría reclamar entre tres y seis millones de euros, al igual que la arquitecta Zaha Hadid. La inversión hasta la fecha ha sido de cuatro millones y de unos 100.000 euros anuales en vigilancia y mantenimiento.

El Ayuntamiento de Sánchez Monteseirín defendió que la biblioteca respondía a los intereses generales mientras que su paralización era fruto de "legítimos intereses particulares de los vecinos de la zona". Por el contrario, el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, rechazó desde la oposición durante el anterior mandato la ubicación, aunque no el proyecto, y vaticinó que el Supremo anularía el proyecto.