Sala rechaza el portazo de tres jueces para forzar la renovación del Constitucional

La renuncia de tres magistrados del Constitucional a seguir en el alto tribunal con el mandato caducado —los progresistas Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera y el conservador Javier Delgado— empujó ayer de nuevo a una situación crítica al máximo órgano judicial del país, que tiene que dirimir en los próximos meses algunas cuestiones tan básicas del ordenamiento jurídico como la ley del matrimonio entre homosexuales; la doctrina Parot sobre excarcelación de presos etarras; y la legalización o no de Sortu. La dimisión de esos tres magistrados, no aceptada por su presidente, Pascual Sala, puso además en evidencia al Congreso de los Diputados y a los dos principales partidos que han gobernado en España en los últimos 30 años. PP y PSOE no se ponen de acuerdo respecto a los nombres que deben cubrir las vacantes del tribunal, que se deberían haber renovado hace seis meses.

El portazo de los tres magistrados se produce en medio de una crisis política mayor en España, con un Gobierno muy debilitado tras el batacazo del PSOE el 22-M y con la mitad del Constitucional (seis magistrados elegidos a propuesta del PSOE) cuestionada por la derecha política y mediática tras negarse a ilegalizar Bildu, la última marca electoral abertzale.

El vicepresidente del Constitucional, Eugeni Gay, y los magistrados Javier Delgado Barrio y Elisa Pérez Vera presentaron ayer su renuncia ante Sala, en un evidente intento por forzar la renovación del tercio del alto tribunal que designa el Congreso de los Diputados, pendiente desde el pasado 8 de noviembre. Es la primera vez en la historia del alto tribunal que se presenta una renuncia de forma colectiva, aunque formalizada en escritos individuales. Sala no tardó en pronunciarse.

Ayer mismo, por la tarde, el presidente del Constitucional rechazaba las tres renuncias subrayando el argumento de que dejarían al órgano judicial en la máxima debilidad, dado que los ocho magistrados que quedarían en la institución suponen el quórum mínimo para que funcione el tribunal, de forma que la enfermedad de uno solo de ellos bloquearía hasta los plenos. Cada una de las dos Salas del Tribunal quedaría integrada por cuatro magistrados. Aunque sobre el papel el reparto ideológico quedaría inalterado, con cinco progresistas, entre ellos el presidente, frente a tres conservadores, la realidad es que la situación volátil del magistrado Manuel Aragón —que además de la sentencia del Estatuto de Cataluña ha votado en otros asuntos con los conservadores, el último en contra de la presencia de Bildu en las pasadas elecciones municipales— configuraría un tribunal que podría estar empatado a cuatro votos en asuntos clave. En esos casos, Sala podría verse abocado a usar su voto de calidad, con el consiguiente desgaste personal e institucional.

La renuncia de los tres magistrados se produjo ayer cuando el tribunal aún está sufriendo la última embestida de la derecha por su sentencia de seis votos a favor frente a cinco en contra de la concurrencia de Bildu el 22-M. Y los magistrados tienen a la vista el recurso de Sortu, que aún no ha sido admitido a trámite pero puede reproducir la situación.

La aceptación de las renuncias en bloque tampoco habría garantizado la renovación del órgano porque el PP ya mandó mensajes ayer de que no la iba a permitir. El compromiso de PP y PSOE para la renovación de cuatro magistrados del Congreso implica la designación de dos a propuesta socialista y otros dos populares. El PP prefiere esperar a las generales, porque en el nuevo escenario podría forzar a su favor la renovación de tres magistrados frente a uno del PSOE.

Los tres magistrados que han presentado su renuncia, los progresistas Gay (bien visto por los nacionalistas catalanes) y Pérez Vera y Delgado pertenecen al tercio que designó el Congreso en noviembre de 2001 y que cumplieron su mandato de nueve años el pasado 8 de noviembre. El cuarto magistrado de ese tercio fue Roberto García Calvo, fallecido en 2008 y cuya vacante no se ha cubierto desde entonces.

La primera ocasión en que plantearon su renuncia por haber pasado en más de seis meses su mandato fue en el pleno del pasado día 7, la hicieron efectiva el día 8 y pública ayer. La renuncia está prevista en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como la primera causa de cese, pero debe ser “aceptada por el presidente del tribunal”.

Los magistrados apelan a distintos motivos: Delgado, de 78 años, tuvo serios problemas de salud hace un año, pero que parece haber superado. En la despedida de la expresidenta María Emilia Casas, el pasado diciembre, Delgado, entonces presidente en funciones, ya declaró constituido el nuevo tribunal “dejando constancia de la anomalía de su situación”.

La magistrada Pérez Vera apela a “motivos institucionales” vinculados a la no renovación del tribunal por el Congreso. Pérez Vera es la ponente de la sentencia sobre la doctrina Parot y de aceptarse su renuncia esta pasaría a otro magistrado, con la consiguiente alteración en los trabajos desarrollados. La renuncia de Gay es menos comprensible. En diciembre se postuló para presidente y forzó su elección como vicepresidente para dar su voto a Sala.

Sala ya se enfrentó a una situación similar en 1996, cuando dimitieron en bloque seis vocales del Consejo General del Poder Judicial que entonces presidía, también por haberse sobrepasado el plazo para la renovación del organismo. Entonces, Sala admitió las renuncias y el Consejo quedó inoperante por falta de quórum.