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Ortiz pagó al hermano de la alcaldesa de Alicante por datos secretos

El despacho cobraba a particulares por su información privilegiada. Ortiz intentó un pelotazo en Monòver con la ayuda del alcalde del PP

Sonia Castedo y el consejero Mario Flores, en la constitución de las Cortes Valencianas.
Sonia Castedo y el consejero Mario Flores, en la constitución de las Cortes Valencianas.

El promotor Enrique Ortiz podría haber pagado, solo en el ejercicio de 2009, una suma de 69.600 euros, al despacho de abogados de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, por facilitar información privilegiada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, según se desprende del sumario del caso Brugal. El familiar de la regidora explota despacho Salvetti Abogados y Consultores, SL, desde 2008, junto al también abogado urbanista y exconcejal socialista del Ayuntamiento, Javier Gutiérrez.

El informe policial y el fiscal anticorrupción mantienen que ese despacho actuó de puente entre el Ayuntamiento y Ortiz para trasvasar el promotor datos aún no públicos del trámite del planeamiento urbano. La mayoría de esa supuesta información privilegiada esta relacionada con la compra de suelo en parajes que iban a ser protegidos en el nuevo documento para luego trasvasar la edificabilidad a las áreas urbanizables.

Según, el fiscal anticorrupción, y de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, el despacho Salvetti Abogados ingresó durante el año 2009 un total de 69.600 euros procedentes de la mercantil Deproinmed, SL, una firma participada por Ortiz y Bancaja. “Tal suma podría tener relación con el asesoramiento y trasvase de información privilegiada en cuanto a la redacción del PGOU”, recoge textualmente la diligencia del fiscal fechada el 14 de abril de 2011 en la que el ministerio público solicitaba autorización al magistrado instructor, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, para efectuar un registro en la oficina de los dos abogados urbanistas. El registro policial se desarrolló cuatro días más tarde.

En su escrito, el fiscal resalta que Gutiérrez es colaborador externo en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y sobre José Luis Castedo había prestado servicios jurídicos en el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Alicante hasta 2008 y “es hermano de Sonia Castedo, máxima responsable de Urbanismo en Alicante”.

El informe policial del caso Brugal incluye varias conversaciones telefónicas que inciden en la presunta información privilegiada y los intereses urbanísticos de Ortiz y su entorno (José Cortina, directivo de Bancaja y socio de Ortiz en Deproinmed) por parte de José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. El fiscal recoge que las contrapartidas por esos servicios serían un “porcentaje por la gestión y un fijo en todo” y en contar con ellos en sucesivos trabajos de Ortiz a través de Deproinmed.

El bufete de abogados, que regentan el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el exconcejal socialista, Javier Gutiérrez, completaba su actividad con el asesoramiento a particulares de alegaciones al nuevo planeamiento con tarifas de 58.000 euros por alegación estimadas, según un caso recogido en sumario de Brugal.

Este caso, primero recogido en las escuchas, y luego denunciado por el afectado ante la policía el pasado 13 de abril, fue el promotor Salvador Águeda, administrador de la firma Imagen Valenciana, SL. Este empresario posee terrenos que iban a ser calificados como no urbanizables en el PGOU. Ante esa posibilidad, el promotor acudió al despacho de Castedo para gestionar una alegación. El denunciante asegura que el bufete le prestó “consejo acerca de la alegación a presentar”. En su escrito de denuncia, Águeda aportó una factura de 58.000 euros que acreditó haber abonado a Salvetti Abogados “en pago por el servicio de estudio y orientación de la alegación, consiguiendo que dicha alegación fuera estimada”, recogen las diligencias. “El concepto plasmado en la factura se ha hecho desvincular del asesoramiento real realizado”, añaden.

Los datos aportados por la Agencia Tributaria respecto al bufete de Castedo reflejan que entre los ingresos percibidos por Salvetti Abogados figuran dos pagos de 58.000 euros cada uno de sendas mercantiles, cuyo administrado y apoderado es Salvador Águeda.

Por otro lado, el sumario del caso también refleja el intento de Enrique Ortiz por conseguir llevar a término un pelotazo urbanístico en Monòver, para lo que contó con la colaboración del alcalde de esta población, Salvador Poveda, del PP.

El proyecto consistía en conseguir la adjudicación del PAI conocido como Los Mayorazgos, que incluía 4.000 viviendas, dos campos de golf y un aeródromo en tres millones de metros cuadrados de suelo recalificado al calor de la LRAU.

El Ayuntamiento adjudicó este plan parcial a la empresa Santa Ana, pero estando en exposición pública, presentó una alternativa técnica Ortiz Desarrollos Urbanísticos, SL, cuyo representante era José Gregorio Bernabé, primo del alcalde. Finalmente, Poveda consiguió que se le adjudicara a Ortiz, pero un grupo de propietarios del suelo que apoyaban la primera alternativa recurrieron judicialmente la adjudicación.

Aunque Ortiz presentó su proyecto cuando ya había entrado en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana, pretendió que siguiera tramitándose a través de la LRAU porque no exigía compensaciones de suelo al Consistorio.

Sin embargo, las elecciones de 2007 cambiaron la composición del Gobierno local y asumió la Concejalía de Urbanismo José Ginés. Uno de sus militantes, propietario de una gran bolsa de suelo en Los Mayorazgos, siempre había defendido la alternativa técnica de Santa Ana y Ginés consiguió que Ortiz renunciara a la condición de agente urbanizador a cambio de constituir la empresa Monóvar Futuro, SL, en la que se integraron ambas empresas.

Ortiz se valió de contactos con los abogados de otro PAI conocido como La Boticaria para coordinar sus acciones y evitar que se cambiaran las bases del planeamiento en la revisión del plan general que impulsó el consistorio, lo que hubiera perjudicado notablemente sus intereses.
En una conversación que la policía captó entre Ortiz y un empleado suyo, el promotor plantea la posibilidad de contactar directamente con “el consejero autonómico” para que influyera ante la comisión territorial de Urbanismo de Alicante y el PAI pudiera ser aprobado definitivamente.

Según la policía, en una conversación con el alcalde, “el empresario le recrimina que no haya podido resolver los problemas internos del municipio para sacar adelante el proyecto tal cual fue pactado”. Y comentó la posibilidad de que “le sean devueltos los más de dos millones de euros que entregó al Consistorio”.

En otra conversación con José Antonio Iniesta, su socio en Monóvar Futura, Ortiz llega a decirle, en alusión al concejal de Urbanismo, que “nos sale gratis”.