Renovables, sí, con reglas claras

Hasta cinco comunidades autónomas han aprobado o anunciado en lo que va de año regulaciones restrictivas contra la implantación de plantas fotovoltaicas en sus territorios. La Rioja ha decretado una moratoria para nuevas instalaciones; País Vasco y Aragón han creado sendos impuestos medioambientales a los parques eólicos y fotovoltaicos; Asturias tiene previsto publicar a finales de año el decreto que regulará la implantación de parques de baterías que almacenan electricidad, y Canarias quiere hacer obligatoria la participación local en las empresas que instalen los proyectos. Estas regulaciones se justifican en la protección del medio ambiente y el paisaje. Según el sector, se trata de trabas crecientes contra la energía fotovoltaica que amenazan con eliminar la ventaja competitiva de que goza España en este ámbito.

La emergencia climática obliga a un giro drástico para dejar atrás un sistema energético todavía muy dependiente de los combustibles fósiles a nivel global. Afortunadamente, el sector eléctrico está dando señales de cambio de era. La suma de la generación fotovoltaica y la eólica superará por primera vez al carbón el año que viene, según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía. En esa transición hacia la descarbonización de la economía y la apuesta por las energías sostenibles la península Ibérica se sitúa en una posición privilegiada.

España constituye por su latitud y condiciones climáticas un lugar idóneo para la captación de energía solar en sus diferentes formatos. La fotovoltaica ha aumentado su producción un 30% en un año y supone el 15% del mix (hasta el 50% en un día promedio entre las 9.00 y las 15.00), cuando hace cinco años aportaba un 10%. La potencia de esta tecnología se ha multiplicado por tres desde entonces. Sin embargo, frente a otras fuentes es la que requiere más superficie necesaria para su instalación, excepción hecha de la hidroeléctrica. Esto está acarreando problemas por el uso del suelo sobre el que se asientan los huertos solares, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y de producción agraria, que en algunas poblaciones ha generado protestas con lemas como “renovables, sí, pero no así”.

La electricidad es un factor crucial para la transición a la energía neta cero: la producción de energía eléctrica contribuye a cerca del 40% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y se espera un fuerte aumento de la demanda debido tanto a la mejora de las perspectivas económicas como al desarrollo de nuevas tecnologías. El progresivo uso de la inteligencia artificial y el desarrollo de centros para el almacenamiento de datos en la nube han generado una demanda energética sin precedentes en la Unión Europea, que podría llegar a absorber el 3,2% del suministro eléctrico de la región para 2030. España parte con ventaja en este cambio de paradigma, a diferencia de lo sucedido en anteriores revoluciones industriales. Los centros de datos han sido los primeros en llegar, con anuncios como los de Amazon o Microsoft, al calor de los bajos precios de la luz y la buena conectividad, y es probable que el resto de actividades electrointensivas acudan más adelante.

El equilibrio no resulta fácil. Hay que acelerar la transición energética al tiempo que no se puede pasar por encima, precisamente, de la protección del medio ambiente. Tampoco dejar de lado a las comunidades que deben alojar las instalaciones. Debe haber un marco regulatorio claro y mayor coordinación entre administraciones. Pero sin perder de vista que la apuesta es clara, la oportunidad como país es única y no hay marcha atrás.